El macrismo usó a la AFIP y al Banco Central de forma ilegal para buscar destituir al juez Eduardo Freiler. En pos de desplazar a este magistrado de la estratégica Cámara Federal porteña, el gobierno de Mauricio Macri apeló a todo tipo de maniobras. Una investigación del fiscal Franco Picardi expone posibles abusos de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público en distintas dependencias relacionadas al Poder Ejecutivo. Por eso pidió 19 indagatorias, entre las que se destacan la del extitular de la AFIP Alberto Abad y la del expresidente del BCRA Federico Sturzenegger, por la violación del secreto fiscal, bancario y bursátil. Las vulneraciones de los secretos fueron motivadas por pedidos del Consejo de la Magistratura que entonces controlaba Cambiemos y tenía por objetivo correr a Freiler, a quien finalmente destituyó en noviembre de 2017. En su dictamen el fiscal también apuntó contra integrantes de la Caja de Valores, el Banco Provincia y un banco privado.
El fiscal Picardi investiga la vulneración del secreto bancario, fiscal y bursátil en el caso de Freiler, que fue investigado por el Consejo de la Magistratura entre 2016 y 2017. En el marco de ese proceso fue destituido. Freiler fue el primer juez de la Cámara Federal porteña desplazado por Macri. Su caso fue paradigmático por la forma en que se lo apartó (con una maniobra escandalosa en el consejo que contó con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia ya que el oficialismo de entonces no tenía los votos para su cometido). Y por el mensaje que implicó para sus colegas.
Freiler era un juez molesto para Macri: fue uno de los camaristas que confirmó cerrar la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán por inexistencia de delito; insistió con la indagatoria de los directivos de Clarín y La Nación por la compra de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar; y hasta votó por apartar a Claudio Bonadío del caso Hotesur.
En el marco del proceso disciplinario que se inició y que terminó con la destitución de Freiler, en el Consejo de la Magistratura se hicieron requerimientos a la AFIP, el BCRA, la Caja de Valores S.A. el Banco Provincia y un banco privado. Las solicitudes las realizaron los consejeros relacionados a Cambiemos, Adriana Donato y Pablo Tonelli. Las entidades brindaron información de forma irregular al órgano que selecciona y sanciona jueces.
La ilegalidad se consumó al brindarse información amparada por el secreto para cuyo otorgamiento se necesita una autorización judicial en el marco de una causa o una causal de excepción expresamente determinada en la normativa. Ninguna de las dos cosas sucedió en el proceso contra Freiler.
La causa que ahora puede llevar a indagatoria a 19 personas (debe resolverlas el juez) se originó por una denuncia del propio Freiler, en 2017. El excamarista pidió este viernes ser querellante, lo que tendrá que ser resuelto por el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, quien quedó al frente de la causa tras las excusación de Sebastián Casanello. Para avanzar en su pesquisa, Picardi recurrió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una especie de Fiscalía Anticorrupción que comanda Sergio Rodríguez, y colabora en este tipo de causas si se la convoca.
El irregular levantamiento del secreto fiscal: el rol de AFIP
Cuando llegó el planteo desde el Consejo de la Magistratura a la AFIP intervino la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social. Desde allí se consideró que debía responderse la consulta donde se pedía información sensible sobre Freiler.
Con esa consideración se “pasó por alto la normativa vigente que establece la necesidad de un requerimiento judicial, en el contexto de una causa judicial en concreto, y las referencias taxativas reguladas por la propia AFIP”, indicó el fiscal en su dictamen.
Según surge de la investigación, lo que sucedió con el entonces camarista fue un hecho excepcional. Desde el 2013 fue “el único pedido tramitado ante la AFIP por el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando información amparada por el secreto fiscal”, señaló Picardi. Incluso, la solicitud que hizo el consejo “contiene descripción sumamente generalizada de la información requerida” por lo que se observa “una especie de ‘pesca informativa’ más que un pedido basado en la pertinencia y racionalidad probatoria”.
Luego, en otra dependencia de la misma dirección de la AFIP, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, también se consideró que debía enviarse la información al consejo “dejando de lado toda normativa en contrario sobre el secreto fiscal”. Esta subdirección dependía del administrador federal de ingresos públicos, Alberto Abad.
También intervino en este proceso irregular la Dirección General Impositiva; la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, a cargo de Jaime Mecikovsky, un hombre vinculado a Elisa Carrió; y la Dirección Regional Mar del Plata.
Mecicovsky reunió las actuaciones elaboradas en Mar del Plata y las elevó a la Dirección General Impositiva, que también dependía de Abad. Desde allí se suscribió la nota de envío de documentación al Consejo de la Magistratura, que se dirigió directamente a quien era su presidenta al momento de los hechos, la consejera Donato. La recibió en enero de 2017. En esa nota se aclaró que “la información contenida se encontraba alcanzada por el secreto fiscal”.
“De esta manera, se consumó la salida de la AFIP de la información amparada por el secreto fiscal sin los resguardos legales adecuados”, se afirmó en el dictamen fiscal.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas fue contundente al respecto: el Consejo de la Magistratura “no es un órgano con capacidad de disponer el levantamiento del secreto fiscal, por lo que la AFIP no debió jamás brindar dicha información”.
En la AFIP intervinieron seis funcionarios en este caso. El fiscal le pidió al juez del caso que los cite a indagatoria. A ellos se sumó a Abad, que para los investigadores “como titular de la AFIP no podía desconocer ese pedido en curso dentro del organismo”. Esto se debe a lo excepcional y mediático del caso y a que intervinieron funcionarios que dependían directamente de él.
La maniobra se repite en el BCRA
En el Banco Central se repitió la maniobra. El Consejo de la Magistratura solicitó información “amparada por el secreto bancario” y desde el BCRA se facilitó a pesar de que se necesitaba una autorización judicial o una causal de excepción habilitante que no existieron. Para que esto pueda suceder todo indica que intervino Federico Sturzenegger ya que en un primer momento en el Central emitieron un dictamen negativo que obstaculizaba la transferencia de información.
Al igual que con la AFIP, al analizar la documentación, la PIA determinó que “el BCRA, al dar respuesta al pedido del Consejo de la Magistratura de la Nación, vulneró efectivamente la normativa regulatoria del secreto bancario”.
El Consejo de la Magistratura había solicitado al BCRA que remita “la totalidad de la información que obre en entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio sobre (…) números de cuentas corrientes o cajas de ahorro en pesos o moneda extranjera (…) como también los extractos con los movimientos desde el año 2006 al 2016” de Freiler. También requirió “operaciones de plazo fijo en pesos o monedas extranjeras y copia de los respectivos comprobantes; (…)” y “transferencias ordenadas o recibidas o giros emitidos o recibidos”, entre otras tantas cosas.
El oficio ingresó al BCRA en diciembre de 2016 y quien lo recibió lo consideró “por demás atípico”. Luego se produjo un primer dictamen negativo. Pero no se dio una respuesta al Consejo de la Magistratura. Este órgano que estaba dominado por el macrismo “remitió un nuevo oficio, con argumentaciones en favor de levantar el secreto bancario”.
Para el consejo “la oportuna producción de informes en procesos de interés público, como es el caso de la remoción de magistrados, no puede verse en absoluto enervada por la obligación de guardar secreto”. Algo que evidentemente no es así.
A partir del segundo oficio, en el BCRA consideraron el requerimiento “como un trámite ‘urgente y confidencial’” cuando ya se había tomado posición sobre el tema.
Finalmente, el 3 de febrero de 2017 desde el BCRA se emitió un segundo dictamen y se cambió el criterio. Cuatro gerentes y subgerentes dijeron “que correspondía brindar los datos solicitados al Consejo de la Magistratura de la Nación y que el deber de secreto y confidencialidad era relevado por dicho organismo en función de que el BCRA y las demás entidades financieras pudieran dar las respuestas pertinentes”.
“El servicio jurídico del BCRA no solo se apartó del criterio dentro de las actuaciones vinculadas al Sr. Freiler, se apartó del criterio general que había sostenido a lo largo del tiempo en otras solicitudes del Consejo de la Magistratura de la Nación”, se afirmó en el dictamen de Picardi.
Entre los hechos llamativos resalta que quienes se habrían opuesto a brindar la información, luego de un pase interno a la privada del presidente del BCRA y de un nuevo oficio recibido por parte del Consejo de la Magistratura, cambiaron su posición jurídica. ¿Qué sucedió entre un dictamen y el otro?
Por el momento, hay una “justificada sospecha de la efectiva participación de Federico Sturzenegger, quien como titular del BCRA debía conocer la solicitud en curso y mucho más aun, luego del pase interno registrado a su Secretario Privado”, afirmó Picardi en su dictamen.
En total hay 9 integrantes del BCRA de aquel entonces a los que se le pidió la indagatoria.
Violación del secreto bursátil
La secuencia se repitió con la Caja de Valores S.A, el Banco Provincia y un banco privado en lo que hace al secreto bursátil, que se levantó de forma irregular.
“El procedimiento desplegado por el Consejo de la Magistratura de la Nación no es un proceso criminal, ni judicial en estricto sentido, sino que es de índole administrativo-disciplinario -lo que no se encuentra habilitado para el levantamiento del secreto bursátil”, se precisó en el dictamen.
Destitución y sobreseimiento
Toda la información se terminó remitiendo al Consejo de la Magistratura y Freiler finalmente fue destituido por “mal desempeño” en noviembre de 2017. Según indicó el propio Freiler, la información que se pidió desde el consejo constaba en la causa judicial donde se lo investigó por enriquecimiento ilícito y que se cerró en febrero del 2020, cuando se dejó firme su sobreseimiento (el expediente estaba cerrado pero se reabrió de forma polémica en plena avanzada en su contra en el Consejo de la Magistratura).
En ese contexto, el macrismo logró enviar a Freiler a un jury mediante una maniobra escandalosa en el Consejo de la Magistratura, el 17 agosto de 2017. Fue el paso previo para su desplazamiento. Cambiemos no tenía los 2/3 de los votos para impulsar el juicio político (9 sobre 13 consejeros) pero logró la connivencia de la Corte Suprema y así pudo correr al camarista.
Para hacer valer sus 8 votos, el 17 de agosto de 2017 el macrismo aprovechó una mayoría circunstancial que se generó por unas horas por la expulsión del senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy y por la decisión del supremo Ricardo Lorenzetti de postergar la jura de su suplente, el senador peronista Mario Pais. Esa postergación se extendió para que al macrismo le cierren los números en el Consejo: Cambiemos logró los 2/3 de los votos que se requerían para el jury porque tenía sus 8 voluntades pero sobre 12 presentes. Tres meses después, Freiler fue destituido.
Tras estas maniobras, la causa penal que se había reabierto en contra de Freiler se frustró y se volvió a cerrar en febrero de 2020. Es decir, el camarista sufrió maniobras irregulares llevadas adelante desde la AFIP, el BCRA y el Consejo de la Magistratura pero en la Justicia se cerró la investigación penal que se le había (re)abierto. No obstante, perdió el cargo. Para la avanzada judicial macrista este episodio marcó un punto de quiebre.
La avanzada sobre Comodoro Py
Tras la destitución de Freiler, Macri completó su avanzada sobre la Cámara Federal porteña. Luego serían corridos del mismo tribunal Jorge Ballesteros y Eduardo Farah (este último fue trasladado pero con el cambio de gobierno volvió a la instancia revisora de Comodoro Py). El disparador en los últimos dos casos fue el haber resuelto la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Macri los reemplazó con Pablo Bertuzzi, Leopoldo Brulgia y Mariano Llorens. Los primeros dos fueron puestos a dedo. Con esas modificaciones quedó sellado el control del macrismo sobre Comodoro Py.
En junio de 2017, en pleno avance contra Freiler en el Consejo de la Magistratura, Macri afirmó: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. A la luz de los hechos, sus palabras son esclarecedoras. El caso Freiler fue “ejemplificador”.
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