La causa en que se investiga el espionaje ilegal de la AFI macrista por ahora se queda en los tribunales de Lomas de Zamora. El juez del caso, Juan Pablo Augé, rechazó este lunes pasarle el expediente a la magistrada de Comodoro Py, María Eugenia Capuchetti, quien se lo había requerido. Con esta decisión se trabó formalmente un conflicto de competencia y se espera que la resolución sea analizada por las instancias superiores. La solicitud de que el caso pase a Comodoro Py la había realizado el exjefe de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas.
El origen del planteo es dónde sucedieron los hechos en la causa "chica" del espionaje ilegal. Por eso es un conflicto de competencia territorial. La defensa del exseñor 5 sostiene que como el caso que se aborda es el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria y sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, la causa debe investigarse en los tribunales de Retiro. Agregó que los acontecimientos que se investigan psaron en la AFI, que también tiene sede central en la Capital Federal. Pero no todos los hechos ocurrieron en territorio porteño. De allí, el conflicto. Sucede algo similar a lo que pasó con el D’Alessiogate.
Entre otras cosas, Augé resaltó que una de las maniobras centrales de este caso fue la cobertura legal del espionaje que hizo la AFI, que se realizó en el marco de la causa G-20 que tramitaba en Lomas de Zamora. “El epicentro de la maniobra con la que se pretendió dar cobertura a las acciones prohibidas desplegadas, resultó una causa judicial de esta jurisdicción y fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad”, destacó Augé.
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También sostuvo que “otro obstáculo para la remisión de esta causa” es que aún no hay una descripción precisa de los hechos. Si pasase a Comodoro Py “resultaría manifiestamente contraria a los más elementales principios procesales, en la medida que para resolver un conflicto de competencia es necesario contar con una descripción precisa de los hechos y su encuadramiento legal, situación que terminará de definirse una vez concluida la ronda de las veinticuatro declaraciones indagatorias dispuestas”, señaló el juez de Lomas de Zamora.
El planteo original de Arribas fue por el espionaje a CFK y el Instituto Patria, que se investiga en la causa 5056/2020. Pero esta causa fue acumulada a la 14149/2020, donde se analiza el espionaje ilegal a decenas de dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. Para pedir la causa, en Comodoro Py las disociaron.
En respuesta a ese punto, Augé remarcó que “se advierten múltiples puntos de conexión (entre ambos expedientes), de carácter interjurisdiccional, que podrían incidir en la determinación de la competencia. Entre ellos, distintas personas con intervención en la realización de las acciones de inteligencia y en la confección de los informes ideológicamente falsos, quienes a su vez actuaron en distintos lugares, tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires, parte de los cuales están todavía en vías de ser establecidos”. La referencia es a los Super Mario Bros y los jefes de la AFI que –se estima- pergeñaron los ilícitos que se investigan.
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Por eso, Augé resolvió que “tanto por el lugar de comisión, como por tratarse de la jurisdicción donde se radicó inicialmente la causa corresponde que las actuaciones continúen su trámite en esta jurisdicción”.
“Además –agregó-, una parte sustancial de la prueba se encuentra aquí" y "esta investigación tiene un grado de avance muy importante, con más de veinte personas indagadas, a los que precisamente se agregaron Silvia Majdalani; Gustavo Arribas y Dario Nieto”, dijo, en referencia a los jefes de la AFI macrista y al secretario privado de Mauricio Macri, quienes serán indagados por Augé el 6, 8 y 9 de octubre.
Dado la complejidad del caso, Augé considera que debe aplicarse el principio básico del juez que previno y que tiene más avanzada la pesquisa.
El pedido de Arribas y Comodoro Py
La jueza de Comodoro Py, María Eugenia Capuchetti, había reclamado la causa de espionaje ilegal contra CFK luego de que la Cámara Federal porteña se lo ordenara. En principio, había rechazado el caso, a pesar de que el fiscal interviniente, el procesado Carlos Stornelli, había apoyado a Arribas. En la apelación, la instancia revisora le dio la derecha al exjefe de la AFI.
Así las cosas, Capuchetti le pidió el caso a Augé. El juez de Lomas de Zamora recibió el requerimiento y le pidió opinión a las partes. Al planteo de Arribas se terminaron sumando los defensores de Silvia Majdalani (la subdirectora de la exSIDE) y de Jorge “Turco” Sáez, ex agente de la AFI y policía porteño. Todos pidieron que el caso pase a Comodoro Py.
Por el contrario, reclamaron que se rechace ese planteo los abogados de Cristina Fernández de Kirchner y la fiscal del caso, Cecilia Incardona, para quien “hay una evidente interjurisdiccionalidad de las conductas que se investigan debido a que la organización operó en distintos ámbitos territoriales”.
En ese sentido, Incardona resaltó que el delito que se investiga “no abarcó sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que ha recorrido distintos territorios y que surtió efectos en múltiples lugares: Lomas de Zamora, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Complejo Penitenciario de Ezeiza, en el de Marcos Paz, en la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero en la Plata, en Villa Martelli, sede de la Dirección de Contrainteligencia de AFI, y en cada domicilio y/o lugares de seguimiento de las víctimas, y que incluyeron, la ciudades de la Matanza, Avellaneda, San Isidro, Lomas de Zamora, La Plata, entre otros”.
El argumento de la fiscal es similar al que sostuvo el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para quedarse con el D’Alessiogate. Dijo Incardona: “No resulta posible determinar un lugar de comisión analizando un solo segmento de los hechos, cuando existe aquí una organización delictiva, conformada para cometer, entre otros delitos, gran cantidad de espionajes y seguimientos ilegales”.
Agué compartió el criterio de la fiscal y de la querella que opinó.
Si bien el planteo de Arribas fue en el marco de la causa en que se investiga el espionaje a CFK y el Instituto Patria, ese expediente está anexado a la causa más grande donde se investigan muchos más casos, entre los que figura el espionaje hasta en el penal de Ezeiza. Además, los investigadores remarcan que la causa “chica” es un episodio apenas de las tareas de inteligencia ilegales que se practicaron sobre la actual vicepresidenta. En la causa "grande" se analizan más hechos contra Cristina.
A la hora de ordenar que la causa pase a Comodoro Py, la Cámara Federal porteña había disociado ambas investigaciones, la 5056/2020 y la 14149/2020. En su resolución de este lunes, en la que rechazó el planteo de su par porteña, Augé resaltó que se encuentran “enlazadas las pruebas de ambas” causas “lo cual, en principio, no permitiría desmembrarlas sin causar un perjuicio procesal a las partes, especialmente a los imputados, violando el principio básico de la debida defensa en juicio, entre otros”.
Un dato no puede pasar desapercibido: si el caso pasase a Comodoro Py, en principio, lo investigarían Capuchetti y Stornelli.
Stornelli está procesado por sus vínculos con la banda de D’Alessio, dedicada al espionaje ilegal y relacionada a la AFI de Arribas. Como si esto fuera poco, la hermana de Capuchetti revistó en la exSIDE desde 2002 y durante el macrismo estuvo bajo las órdenes de uno de los procesados en la causa de Lomas de Zamora por el espionaje a CFK: Martín Coste, exjefe de Contrainteligencia.
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