Investigación por la deuda con el FMI: ¿La letra muerta del acuerdo?

“Los desembolsos efectivamente efectuados financiaron una salida de capitales de magnitudes históricas,” suscribe el Fondo Monetario en el acuerdo con la Argentina. No hace falta mucha traducción: en esa oración, el FMI reconoce que los 44,5 mil millones de dólares que concedió al gobierno de Mauricio Macri se destinó a financiar la fuga y el saqueo de recursos financieros que la Argentina no tenía.

Según un informe elaborado por el IADE en base a datos oficiales, no menos de 88.371 millones de dólares que el Banco Central contabiliza como FAE (Formación de Activos Externos de residentes en la Argentina) se fugaron del sistema financiero argentino durante el macrismo. Buena parte de esa canaleta de divisas se financió con el crédito del Fondo, en flagrante violación a sus estatutos ¿Dónde está el dinero que, si el Congreso aprueba el acuerdo, empeñará los recursos del Estado hasta 2033? “Se lo llevaron sus amigos, señor presidente,” le dijo en 2019 el entonces candidato Alberto Fernández a Macri, durante el debate presidencial.

Con Fernández ya en la Casa Rosada, el Banco Central realizó un detallado informe sobre la magnitud, los mecanismos y los recursos públicos que insumió el drenaje de divisas. El trabajo también identificó a los beneficiarios, pero esa parte nunca vio la luz. Al menos, no con firma y sello de las autoridades del BCRA.

La identidad de los “amigos” que disfrutaron de la orgía financiera macrista circuló de modo informal, a través de publicaciones periodísticas y grupos de whatsapp. Nombres y montos similares figuran en un listado preliminar elaborado por los “informáticos” que llevan dos años cruzando millones de transacciones en la Comisión Bicameral de Fuga que preside el senador José Mayans. La comisión se constituyó con el fin de cumplir un compromiso presidencial: establecer un “Nunca Más” para los ciclos de endeudamiento, fuga y crisis que asolaron a la Argentina.

En la nómina elaborada por los empleados de la comisión aparecen banqueros, empresarios, productores agropecuarios, supermercadistas, concesionarios de servicios públicos, contratistas del Estado y afortunados herederos, entre otros acaudalados con residencia fiscal en el país. La lista se mantiene en remojo desde hace un año. La cautela en su difusión responde más a razones políticas que jurídicas: en esa nómina está la cúpula del capital concentrado del país. En el gobierno juzgaron que no era prudente abrir un frente de guerra con los dueños del poder y del dinero en plena pandemia, con la economía y el humor social pendiendo de un hilo dental. Las condiciones cambiaron, pero la decisión se mantiene, ahora con la expectativa de no afectar la frágil reactivación.

¿Es posible investigar la deuda sin involucrar a los beneficiarios? Es lo que evalúan en el Poder Ejecutivo y exploran en el ámbito judicial. Esta semana, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a instancias del fiscal Franco Picardi, envió un escrito al Banco Central solicitando que "se identifique a quienes fueron los 100 agentes que realizaron compras netas por 24.679 millones de dólares; los diez compradores de 7.945 millones de dólares y a las personas jurídicas que efectuaron compras netas de divisas por un monto de 41.124 millones de dólares”. En paralelo, la jueza solicitó a la Bolsa de Valores que "identifique a las personas jurídicas y físicas que suscribieron títulos de Lebacs y luego desarmaron esas posiciones entre enero de 2018 y diciembre de 2019”. Con estos datos, la magistrada y el fiscal solicitarán peritajes y otras medidas de prueba para establecer, de mínima, si hubo "malversación de fondos públicos" -por destinar a la fuga un crédito suscripto con otros fines-, o si, más grave aún, hubo defraudación al Estado por parte de funcionarios macristas que habrían tomado decisiones en beneficio propio o de terceros allegados.

“La intención es investigar si hubo funcionarios que actuaron en ambos lados del mostrador,” explican los investigadores de la causa, que tras un largo letargo parece haber tomado impulso luego que el presidente, en la apertura de la Asamblea Legislativa, aclarara que un acuerdo con el FMI no debía interrumpir la búsqueda de justicia. “El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento -dijo el primer mandatario-. Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, concluyó.

En política, como en los contratos comerciales, las palabras no se utilizan al azar. Circunscribir la investigación a los “responsables” permitiría cumplir con el propósito expreso -descripto también en el memorando de entendimiento con el Fondo- de impulsar “las acciones judiciales” que reclama un sector del Frente de Todos y, al mismo tiempo, excluir de la pesquisa a los beneficiarios. ¿Eso implica que quienes gozaron de la fiesta ahora gozarán de impunidad? No necesariamente: el gobierno podría disponer medidas para que el costo económico del acuerdo recaiga sobre los sectores favorecidos, de modo que, por una vez, no sean las mayorías populares quienes deban enfrentar el pago con ajuste, penurias y sufrimientos. Si no hay “correlación de fuerzas” -como reza un mantra oficialista- para avanzar con consecuencias penales, que se afecte la “víscera más sensible” de los beneficiarios: el bolsillo.

Es la batalla interna que se propone dar en el Congreso -y en las calles- un sector del Frente de Todos: “Que la paguen los que se la llevaron”. Con esa consigna, entre otras, el próximo miércoles colectivos políticos y sindicales que integran el FdT manifestarán su rechazo al acuerdo frente al palacio legislativo. Convocan la CTA Autónoma, el grupo Soberanxs y la Unión de Trabajadores de la Tierra, entre otras. La Cámpora, que orienta Máximo Kirchner, decidió expresar sus cuestionamientos al acuerdo a través de videos en redes sociales.

Un reproche extendido entre los críticos del FdT -incluído textual en el documento de quienes convocan a la marcha del miércoles- sostiene que el acuerdo “blanquea los ilícitos e irregularidades cometidas por el FMI en el crédito concedido a la administración de Macri”. Una sensación similar de impunidad transmitió el ex presidente, quién el jueves 3, luego del anuncio del acuerdo, posteó en su cuenta de TAnwitter una foto donde se muestra relajado y sonriente junto al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. “Conversamos sobre la preocupante situación mundial a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania -dice Macri en el texto que acompaña la imagen-. También, sobre el futuro de la Argentina y de los países de la región”, cerró, en una provocadora alusión que no requiere de interpretaciones sofisticadas: el ex presidente se mantiene al amparo de los poderosos resortes administrativos de Estados Unidos que en su momento gatillaron el préstamo del FMI para financiar su fallida campaña por la reelección.

Como lo sugirió con el tuit, Macri ve al acuerdo como un reaseguro de placidez judicial. Y si acaso eso fallara, tiene el colchón que le ofrecen los tribunales federales de Comodoro Py, donde tramita el expediente por la deuda. En ese territorio, por ahora, el ex presidente puede pasearse con garantía de impunidad.