El Congreso se prepara para hacer esta semana de nuevo escenario del debate entre oficialismo y oposición. Se estableció finalmente para el miércoles el inicio del tratamiento en comisión del proyecto para que la deuda con el FMI se pague con fondos recuperados de la evasión producto de la fuga de capitales mientras que el jueves será la sesión por la reforma del Consejo de la Magistratura, con plazo perentorio. En ambos casos, desde Juntos por el Cambio ya buscaron la manera de justificar su rechazo a las propuestas del oficialismo, así que vendrán fuertes discusiones. "Busca desviar la atención pública", fue la llamativa declaración opositora sobre la propuesta contra los fugadores. En el Frente de Todos confían tener asegurado el voto de su bloque junto al de los aliados provinciales, con lo justo para la aprobación. Otro cantar será Diputados, donde el oficialismo necesitará juntar algunos apoyos más.
El senador Oscar Parrilli será quien lleve la voz cantante del proyecto para crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" que se constituirá con lo que se recupere de los fondos fugados al exterior, que a partir del miércoles comenzará a tratarse en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Originalmente, el proyecto fue presentado por cinco legisladores del bloque, pero luego adhirieron otros 29 integrantes. “Pretendemos que la deuda con el FMI la paguen aquellos que fugaron dinero evadiendo impuestos. Se propone crear un fondo en dólares, esto no es un impuesto a los ricos sino un acto de justicia. El peso recae en aquellos que evadieron”, explicó Parrilli, quien destacó el inmediato respaldo del Ejecutivo a la iniciativa a través de una declaración de la portavoz Gabriela Cerruti.
“La vocera del Presidente declaró que estaba de acuerdo con el proyecto que presentamos, nosotros estamos abiertos a modificaciones del mismo. Le dijimos a la oposición que si tenían alguna recomendación para el proyecto nos lo hagan saber, es algo que no está cerrado todavía, pero ellos respondieron con chicanas”, explicó el senador en declaraciones a Radio 10. El entrerriano Edgardo Kueider -uno de los oficialistas que puertas adentro expresó su enojo por no haber sido puesto al tanto de la propuesta- adelantó que presentará una iniciativa propia con algunos cambios en algunos aspectos puntuales, como los beneficios para la figura de "colaborador" y las atribuciones de la AFIP. Al respecto, es muy posible que la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, sea una de las citadas a exponer el miércoles en el plenario de comisiones. Otras de las convocadas serían las economistas e historiadoras Noemí Brenta y Magdalena Rúa, especialistas en la relación con el FMI y en la evasión offshore, respectivamente.
Pese a esta predisposición expresada por Parrilli para incorporarle al proyecto las modificaciones que se consideren necesarias, desde Juntos por el Cambio insistieron en su rechazo. En un comunicado del bloque, adelantaron su postura contraria a la iniciativa porque, a su entender, "tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos". Respecto al proyecto en sí, sostuvieron que "es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del 'Colaborador', los ingresos al fondo se reducirían al 14%. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas". Es decir, supuestamente no lo apoyarán porque es más leve de lo que ya existe.
En la ensalada de argumentos para votar en contra, el radical Alfredo Cornejo metió también la ley de Extinción de Dominio, que impulsa la oposición para recuperar bienes obtenidos con la corrupción. Una propuesta que no tiene nada que ver con la deuda externa récord y la fuga de divisas acumulada durante la gestión de Mauricio Macri, lo que apunta reparar el proyecto contra los evasores. Claro, si aprueban sólo lo que quiere el macrismo, Cornejo adelantó que "allí estaremos para acompañar".
También por el Consejo
Al otro día, el jueves, las diferencias continuarán exponiéndose en el recinto en la sesión donde el Frente de Todos buscará darle media sanción al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que lleva el organismo de sus actuales 13 miembros a 17. El oficialismo aceptó incorporar sugerencias de los senadores de fuerzas provinciales para asegurarse contar con los votos justos -no le sobra ni uno- en el recinto. La Corte Suprema emitió un fallo dándole al Congreso plazo hasta el 15 de abril para sacar una ley, de lo contrario se debe volver a una integración anterior del Consejo -determinada a través de una ley derogada hace 15 años-, por la que contaba con 20 miembros y era encabezado por el presidente de la propia Corte.
Juntos por el Cambio, que había presentado un proyecto de reforma también llevando el Consejo a 17 miembros, cambió de parecer y adhirió sin remilgos a la decisión de la Corte Suprema. Ahora su propuesta es que el presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, también se haga cargo del organismo que designa y remueve jueces y fiscales. "Los jueces tienen que dedicarse a impartir justicia y el Consejo debe administrar la justicia y la disciplina", explicó la presidenta la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, porqué el oficialismo rechaza esta idea que la sumaría a la Corte más poder del que ya tiene para manejar los tiempos judiciales de manera discrecional.
Con la media sanción, el proyecto pasará de inmediato a Diputados en busca de la sanción antes de que se cumpla el plazo perentorio dispuesto por la Corte y el Consejo de la Magistratura quede paralizado. Aún con el respaldo de sus aliados provinciales, el Frente de Todos necesitaría algunos votos más. En el Interbloque Federal, el ex ministro Roberto Lavagna se expresó a través de las redes a favor de que el Consejo sea presidido por el titular de la Corte, una postura diferente a la diputada Graciela Caamaño, la referente judicial de su bancada. Caamaño insistió ayer que cree que la Corte debe integrar el Consejo pero no presidirlo. “Si somos un organismo de equilibrio es mejor dejar que el propio Consejo decida quién va a presidir”, expresó. Habrá que ver cómo quedan expresadas estas diferencias en el recinto.
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