“La firma y aprobación de este Programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la República Argentina con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes, y a las que se les dará continuidad e impulso”. Esta definición figura en el acuerdo entre el Gobierno y el FMI enviado al Congreso y es taxativa: la negociación actual no implica que se den de baja las causas donde están acusados Mauricio Macri y su equipo económico por el endeudamiento, donde quedó en evidencia que no cumplieron ninguna norma al tomar el préstamo y que además facilitaron la fuga de esos miles de millones de dólares.
Esta definición la anticipó el propio presidente Alberto Fernández hace unos días en la apertura de las sesiones legislativas, cuando dijo: “El año pasado, a través del Decreto 239/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”. Cuando el presidente pronunció esta frase fue el momento que eligieron legisladores más alineados con Mauricio Macri para levantarse y dejar el recinto. Ya tenían planeado vaciar el acto, pero que la mención a la causa judicial donde se investiga el endeudamiento con el FMI fuera el disparador es más que significativo. Macri no acepta que se indague sobre el tema pero el acuerdo que ingresó al Congreso es claro: el Estado no va a retroceder en tribunales.
El presidente y el acuerdo que ingresó al Congreso hacen referencia a la causa penal que comenzó en marzo de 2021 con una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) contra Macri y su equipo económico. Es la causa penal que tramita en Comodoro Py donde se investiga si defraudaron al Estado porque tomaron esa deuda sin cumplir la ley y además garantizaron que esos fondos se fugaran. Pero no es el único expediente judicial vinculado al endeudamiento con el FMI: la Corte Suprema cajonea hace años otras dos causas, una donde se pedía la nulidad del acuerdo y otra donde se reclamaba el texto del acuerdo.
Corrupción PRO
En la causa iniciada por la OA es donde el presidente le ordenó involucrarse a la Procuración del Tesoro (PTN). Tiene sentido ya que su titular, Carlos Zannini, es la cabeza de los abogados del Estado. Si hubo defraudación a las arcas públicas es Zannini el que debe defenderlas en tribunales.
El caso está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que llegó a Comodoro Py designada por Macri y apadrinada por uno de sus principales operadores judiciales, Daniel “Tano” Angelici. El Destape reveló que Capuchetti desfiló por los pasillos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las semanas previas y posteriores a que Macri impulsara su nombramiento. El fiscal que interviene es Franco Picardi.
Félix Crous, titular de la OA, hizo una denuncia penal contra Macri, los ex ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis “Toto” Caputo y los ex presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. Todo se basa en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que concluyó que en el acuerdo entre el gobierno de Macri y el FMI no se cumplieron los procedimientos legales, que los funcionarios firmaron la Carta de Intención y los memorándums con el Fondo “sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente”, que la firma de los acuerdo son estaba autorizada ni siquiera por Macri y que se tomó deuda sin evaluar el impacto en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento. A partir de ese informe y de otros que portó el Banco Central relativo a la fuga es que la OA inició la demanda penal en marzo de 2021.
En abril de 2021 la PTN se presentó como querellante por orden del presidente. Fue aceptada por la jueza Capuchetti. En agosto la PTN pidió que se la tuviera por actor civil y Capuchetti aceptó ese doble rol. Los abogados del Estado presentaron en el expediente el informe que hizo el staff del FMI donde queda en evidencia que el gobierno de Macri no cumplió ni siquiera con lo pautado en el acuerdo con el organismo e impulso que se los imputara por malversación de caudales públicos.
La PTN sumó al expediente otro informe de la SIGEN que reunió datos del Ministerio de Economía y del Banco Central respecto de la operación de fuga de divisas vinculada a la deuda con el FMI. El informe dice que entre junio de 2018 y diciembre de 2019 la Argentina se endeudó por más de 20.000 millones de dólares pero que sus reservas bajaron 9.000 millones de dólares. Y explica que el mecanismo defraudatorio contra el Estado es que el Banco Central ofrecía Lebacs a tasas de interés altísimas y luego facilitó la recompra de divisas y la fuga.
Entre las medidas que pidió el Estado está que se analice quienes hicieron esas operaciones en torno a las Lebacs. Esa información no la tiene el Estado sino Caja de Valores, una empresa privada que pertenece al Grupo BYMA, controlado por las grandes financieras de la city porteña y que sistemáticamante retacea información a los organismo de control. Hasta ahora Caja de Valores no contestó. Esta semana el fiscal Picardi reiteró el pedido.
El Estado pidió también que se cite como testigos a los funcionarios del staff del FMI que hicieron el informe de 2018. A finales del año pasado la PTN sumó al expediente el informe del FMI de 2021, que refuerza los datos sobre los desmanejos del gobierno de Macri con el dinero del endeudamiento. Por ahora no hubo citaciones de testigos ni de indagatorias para Macri ni su equipo económico.
Guido Croxatto, director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado, afirmó hace unos días en una entrevista a Página/12: “Para algunos, el acuerdo fue un fracaso. Otros dicen que no fue un fracaso, sino un delito. No son meros errores de cálculo o falla de diagnóstico, sino la implementación de una política que empuja a millones de personas a la pobreza. Eso debiera exigir responsabilidades concretas. Por el eso el Decreto 239 ordena instruir una causa, para tratar de develar las responsabilidades penales de los seis funcionarios que, sin pasar por el Congreso, endeudaron de una manera descomunal al país.”
El acuerdo establece que esa causa seguirá adelante.
Siempre la Corte
Al iniciar el capítulo judicial de su discurso ante la Asamblea Legislativa el presidente dijo que la Corte demora resolver sobre los tarifazos que aplicó el Grupo Clarín a los servicios de telecomunicaciones. “Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real”, afirmó Fernández.
La Corte también cajonea 2 expedientes vinculados a la deuda con el FMI. Uno es el expediente Murúa, donde se pide la nulidad del acuerdo con Macri; el otro es el expediente Codianni, donde se pide el texto del acuerdo ya que nunca se dio a conocer.
El caso Murúa comenzó en diciembre de 2019, cuando el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) pidió que se declarara la nulidad de las dos Cartas de Intención y de los memorandums adjuntos firmados entre el gobierno de Macri y el FMI. La demanda la presentó Eduardo Murúa y revelaba que la deuda con el FMI se contrajo sin procedimiento administrativo ni expediente previo, sin dictámenes jurídicos previos, sin dictamen previo del Banco Central y sin decreto presidencial que autorice el endeudamiento. En síntesis, que se tomó el préstamo sin cumplir con todos los mecanismo de control y procedimiento que exigen las leyes argentinas. Está en la Corte sin movimiento desde agosto de 2021.
En el caso de Codianni, los jueces Jorge Argento, Sergio Fernández y Carlos Grecco hicieron lugar a un amparo promovido por Eduardo Codianni, miembro del Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN). El pedido era concreto: que se entreguen todos los expedientes administrativos del acuerdo con el FMI. Codianni hizo un pedido de acceso a la información pública, que el gobierno de Macri contestó a medias. Insistió y llegó a la Corte en noviembre de 2019. Los cortesanos aún no se tomaron el trabajo de resolver.
Todo esto surge del sistema informático del Poder Judicial y de la base de datos fmiargentina.com, organizada por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), un colectivo de abogados que patrocinan legalmente ambas causas.
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