La secretaria de Legal y Técnica y una de las redactoras del proyecto de aborto legal, Vilma Ibarra, aseguró que "somos optimistas y que esta vez se va a poder sancionar la ley" de interrupción voluntaria del embarazo. Aseguró que "la salud pública es un problema del Estado y de eso se tiene que hacer cargo el Gobierno" y se manifestó confiada en que la Cámara de Diputados le dará media sanción al texto el 10 de diciembre. El Senado es el lugar que plantea un escenario abierto y su votación a fines de 2020 o principios de 2021 dependerá de los tiempos internos a la Cámara.
En declaraciones a El Destape Radio, Ibarra, quien fue la primera funcionaria en exponer en el plenario de comisiones de Diputados, explicó que "según estimaciones no oficiales, hay no menos de 370 mil abortos clandestinos por año, es una cifra que nos interpela, nos preocupa". Sobre esto, sumó: "Son mujeres a las que el Estado les está ofreciendo cárcel, sin comprensión y posible afectación de su salud y de su vida porque han muerto más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia"
Por eso, aseguró que como Estado "tenemos que hacernos cargo de esto". "Somos muy respetuosos de todas las ideas, posiciones, fundamentos religiosos pero hay que hacerse cargo de un problema de salud pública que tiene la Argentina", agregó. Eso implica "antenderlas con dignidad, que no corra riesgo su vida y su salud porque una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 es segura, es por métodos de pastilla o aspiración, ambulatorios y no quirúrgicos".
Lejos de los fantasmas sobre un presunto aborto masivo, aclaró: "Hay mucha gente que siente que le afecta una visión muy interna, religiosa o ideológica. Por eso planteamos que si se sanciona esta ley no vamos a obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Al revés. Queremos dar la posibilidad de que aquella mujer que ha decidido abortar porque para ella la maternidad forzada no es una opción, que tenga la posibilidad de hacerlo en un hospital público y no poniendo en riesgo su vida o su salud".
Además, explicó que el objetivo es "terminar con un tema de injusticia, sobre todo para las personas más vulneradas, de menores recursos, porque sabemos que en la Argentina quien puede pagar el Misoprostol, el tratamiento o la aspiración, todos los métodos no quirúrgicos, lo paga y tiene un tratamiento seguro. En general las que ponen en riesgo su salud son las mujeres de menores recursos. También es una de las caras de la desigualdad" en el país.
Frente a esto, dijo que "en la diversidad nos tenemos que respetar. Así como se respeta la libertad de quien toma su decisión, que se respeten todas las decisiones. No puede ser que amenacemos de cárcel a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo antes de la semana 14", que es el plazo estipulado por el proyecto sin ningún tipo de sanción.
Uno de los puntos calientes está vinculado a la objeción de conciencia para médicos o médicas por cuestiones personales. "Hay gente que tiene convicciones muy profundas y se siente muy violentada y el objetivo del Gobierno no es violentar a nadie. Lo que sí decimos es que no puede impedir que se realice la práctica, hay que hacer la derivación a otro profesional, en tiempo oportuno y sin dilaciones. Cuando empieza a avanzar el embarazo, la práctica es más riesgosa y no queremos que por garantizar un derecho se afecte otro", explicó Ibarra.
Sobre el tratamiento, sostuvo: "Esperamos que para el 10 de diciembre lo trate Diputados, somos optimistas al respecto. En el Senado esperamos que se trate en un plazo muy razonable porque esto ya fue muy debatido, están todos los argumentos sobre la mesa. Creemos que somos optimistas y que esta vez se va a poder sancionar la ley".
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