Luego de la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Gobierno dio a conocer un informe especial sobre el tratamiento de la ley en el Senado de la Nación.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo fue aprobado el pasado 30 de diciembre con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. Según revela el informe que elaboró la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios del total de senadoras que había votado en 2018, el 50% lo hizo a favor y el 50% en contra. En cambio, en 2020 las mujeres votaron un 70% a favor y un 30% en contra.
En 2018 el rechazo se compuso en un 63% por hombres y un 37 por ciento de mujeres. En 2020 la brecha se agrandó: el 72% de los varones votó contra la legalización y de las mujeres sólo el 28%.
Entre sus conclusiones principales, el informe destaca que el Frente de Todos fue el bloque que aportó la mayor cantidad de votos positivos (25), mientras que la UCR se mantuvo como el principal bastión de resistencia al proyecto con el rechazo del 64% de su bancada.
"Si bien existió un voto transversal de distintos partidos políticos, el aporte legislativo del peronismo y el impulso del Poder Ejectuvo Nacional encabezado por Alberto Fernández fueron determinantes para la legalización", aseguró la subsecretaria Cecilia Gómez Mirada, quien destacó el cumplimiento de la promesa de campaña por parte del presidente y destacó además la lucha del movimiento feminista para su aprobación.
El 78,6% de los senadores y senadoras que ingresaron al Senado en 2019 en la boleta de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner votaron a favor de la legalización, en línea con la postura del Poder Ejecutivo.
Además, según los números que se brindan en el informe del Gobierno, sólo 7 (el 13,7%) de los 51 senadores y senadoras que participaron de las votaciones en 2018 y en 2020 modificaron su postura. Todos lo hicieron en un sentido que contribuyó a la sanción de la ley, ya sea cambiando su voto hacia positivo, absteniéndose o ausentándose. Ningún senador o senadora movió su posición en el sentido del rechazo.
La llegada del proyecto a la Cámara alta estuvo marcada inicialmente por dos antecedentes que la diferenciaron de la experiencia de 2018: por un lado, el respaldo explícito del Poder Ejecutivo Nacional, que envió un texto propio y siguió de cerca el tratamiento, aceptando modificaciones solicitadas por los y las legisladoras. Por el otro, el impulso más contundente proveniente de la Cámara de Diputados.
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