El postergado debate por la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) llegará al recinto este jueves, según el cronograma que se maneja en la Cámara de Diputados. Pese a dilaciones en la firma del dictamen, que pasó del 4 al 9 de diciembre, el 10 se mantiene como fecha clave para conseguir la media sanción y darle giro al Senado. Como en 2018, la celeridad es un tema importante. Aprovechar el impulso verde que darían los representantes del pueblo para que los de las provincias se apoyen en él y avancen. De hecho, en un mes con pocos días hábiles y muchas fechas religiosas, se baraja un giro veloz para que la Cámara Alta lo trate el 17 de diciembre, lo apruebe sin modificaciones y el 2020 cierre como un año verde con aborto legal y plan de acompañamiento durante los primeros mil días de vida y el embarazo de las personas con capacidad de gestar. Dos iniciativas complementarias enviadas por el Ejecutivo que, por primera vez en la historia, se puso al hombro la militancia de la IVE. Durante las primeras horas del sábado se confirmó que la presencialidad será norma y la virtualidad será la excepción para quienes sean población de riesgo. La jornada durará aproximadamente 30 horas ya que también incluirá el plan de los mil días.
El cronograma será el siguiente: el miércoles 9 habrá una sesión preparatoria para ratificar o cambiar autoridades de la Cámara, luego se dará dictamen al proyecto de los mil días para, posteriormente, hacerlo con el de IVE y llevarlos al recinto al día siguiente. Se debatirá en el Congreso.
Se estima que unos 70 diputados y diputadas pertenecen a la población de riesgo por lo que no estarían presente y participarían de forma virtual, con VPN, y deberán presentar un certificado médico. El resto deberá ir. El mecanismo planteado indica que todos los que entren al recinto deberán realizarse un test PCR y respetar la burbuja. En un momento se barajó la posibilidad de usar la modalidad rotación: primero una centena, luego la otra, y no se descartaba, cual modelo español, poner un atril con acrílicos al frente para evitar que hablen – y escupan – en sus butacas. La presencialidad vuelve por una cuestión básica: ya no hay aislamiento sino distanciamiento.
Dos figuras importantes estuvieron muy presentes durante toda la semana de debate en comisiones: el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien cerrará el debate con su discurso. La jornada será extensa y se espera una duración de 30 horas. Al tratarse un día después de obtener dictamen, será necesario habilitar el debate con una votación previa, algo que descartan se acordará en Labor Parlamentaria por lo que no sería un obstáculo. Lo mismo en el Senado una semana más tarde. Otra cosa a tener en cuenta será el tiempo que necesitarán los diputados y diputadas del interior para viajar a la Capital Federal.
Entre el optimismo y el pesimismo
El clima que se respira en los pasillos y en el salón de Pasos Perdidos es pandémico e histórico. De forma virtual, toda la semana pasaron especialistas, médicos, científicos o referentes sociales y religiosos por las comisiones de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau; Legislación Penal, cuya responsable es Carolina Gaillard; Mujeres y Diversidades, que tiene al frente a Mónica Macha y Salud, a cargo de Pablo Yedlin. Con el correr de los días y a pedido de algunos sectores, se incorporaron 20 expositores más al cronograma que inicialmente incluía sólo 50 porque el debate de 2018 fue muy extenso, arduo y amplio, con más de 700, y hay cuestiones que ya quedaron saldadas.
“Quienes estamos a favor de la IVE nos centramos mucho en la salud pública, nuestros expositores estuvieron vinculados a ese tema, experiencias tanto de gestión en distintos territorios y muchos informes, estadísticas sobre la situación del aborto clandestino en la Argentina y que donde la interrupción legal del embarazo es bien aplicada, baja mucho la cantidad de las muertes de mujeres y personas con capacidad de gestar”, explicó Macha a El Destape.
Por el lado contrario, sostuvo, “de parte de quienes están en contra del proyecto hubo pocas intervenciones con algún sesgo religioso y a veces hasta como un poco hostil. Hubo una cosa de mucho respeto y eso también lo vimos quienes somos autoridades de las comisiones. Esos cuidados tienen que ver con poder darle otras características a este debate”. Una de las diferencias claves con lo ocurrido en 2018. De todos modos, los escraches estuvieron presentes y obligaron a que la Cámara ponga un cuerpo de abogados penalistas a asesorar a los diputados y diputadas que los sufrieran.
El clima es optimista por el lado verde y un tanto pesimista del celeste. La diputada que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, Camila Crescimbeni, coincidió con el análisis de Macha en cuanto a los cambios en el debate respecto de 2018 y analizó: “No creo que en un año tan malo el oficialismo mande un proyecto que no vaya a salir y que fuera tan importante para el Presidente. Y no me imagino a Cristina perdiendo esta batalla. De alguna forma, en el Senado también se va a aprobar. Creo que va a ser ley antes de fin de año”.
Más allá de que el poroteo inicial arroja una abultada diferencia en favor del sector verde, aunque con un gran número de diputados que no hicieron pública su postura, Macha se mostró algo más cautelosa: “Estamos en una situación bastante similar en cuanto a los votos pero tengo expectativa de que podamos lograr la media sanción, aunque supongo que no va a ser con una gran diferencia” en el número de voluntades. Sin embargo, remarcó la importancia de que sea un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Algo que tiene pros y contras.
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Para los oficialistas que lo apoyan, explicó, les da una responsabilidad importante para mantener el bloque y avanzar pese a las diferencias. “Cómo repercute en JxC es otra cuestión. Si todas las personas que votaron a favor en 2018 lo van a volver a hacer. Esto es algo que hemos analizado mucho en la política feminista: ¿cuándo se pone en tensión la agenda feminista con la agenda partidaria? Espero que tengan la responsabilidad, en este momento histórico, de respetar esa agenda feminista porque es la que va otorgar derechos a las mujeres y personas con capacidad de gestar, que es impostergable. Vienen siendo largos años, décadas, sin este derecho y necesitamos lograrlo. Creo que es ahora”, sostuvo.
Crescimbeni destacó que también ayuda mucho que el proyecto de aborto legal se haya presentado junto al plan de los mil días. En ese contexto, uno de los obstáculos que pueden aparecer, más allá de conseguir la mitad más uno de los votos, es el quórum para habilitar el debate. Para la legisladora opositora, “se va a conseguir” pero advirtió que “este tema está muy atravesado por la disputa de sesiones virtuales y presenciales y la disputa por la coparticipación. Para muchos este tema no es tan prioritario y la gireta política les es muy importante”.
Un compañero suyo, Federico Angelini, está en contra, del lado celeste. “Haría todo lo posible por que no se debata pero no creo que tenga ningún resultado. El quórum lo van a conseguir fácil porque hasta los propios celestes peronistas no se van a animar a no darlo. El proyecto es militado por el Gobierno nacional y es muy difícil que se le haga ese desplante. Habría que ver de qué manera juega o no CFK pero lo vamos a ver en el Senado. Yo no quiero que salga el proyecto”, dijo a El Destape.
El diputado y vicepresidente del PRO estaría a favor de debatir solamente la despenalización y no ve la posibilidad de llegar a un consenso mediante modificaciones porque tendrán que “ser muy profundas”. Angelini se mostró optimista sobre el aborto legal – o sea, pesimista respecto a su punto de vista -: “Veo una comodidad muy grande en términos de votos y no veo que haya posibilidades de que haya espacio para dar ese tipo” de negociaciones. De todos modos, desde el oficialismo buscan sancionar el proyecto como está, sin cambios y con una fuerte articulación con el Senado para evitar retoques.
El celeste “preferiría debatir cómo evitamos que una mujer tome una decisión así. Una vez que se toma, es muy negativo. Tener un Estado que garantice la educación sexual, de la información, el acompañamiento. Hoy el Código Penal te permite avanzar con el aborto en una serie de situaciones, las otras tienen que ver con un error a la hora de decidir cómo cuidarse”, explicó ante este medio. Según su análisis, la solución no es evitar muertes por abortos inseguros, legalizándolos. La solución pasa por mejorar la ley de adopciones, apuntar contra los médicos e instituciones que realizan estas prácticas clandestinas y no contra las mujeres, reforzar la educación sexual y brindar un “acompañamiento real” de parte del Estado.
Más allá de las diferencias dentro del espacio, Crescimbeni destacó que dentro del interbloque están trabajando en resguardar “los buenos modos” entre los que están a favor y en contra porque “es muy importante la unidad de la coalición y dentro de este tema tenemos libertad de conciencia, de expresión y de elección sobre el voto”. Ella explicó que con el proyecto “se trata de extender la empatía a nivel ciudadano y el acompañamiento y cuidado. Más empatía que juicio y tener, por sobre todas las cosas, tanto en aborto como mil días, demostrar que es una manera de abordar integralmente todas las situaciones, complejidades y vulnerabilidades que hay en torno a las maternidades y paternidades hoy en día”.
El 10 de diciembre será una nueva fecha histórica y el 2020 quedará en los libros como un año de pandemia que incluyó la muerte de Diego Maradona pero que también otorgó derechos largamente postergados si se logra, como quiere el oficialismo, la sanción antes de fin de año. La movilización va a estar presente más allá de la pandemia. De un lado y del otro. Los argumentos sobre el costo de los abortos legales fueron destrozados: según un informe del CEPA, el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito. Según datos de su Observatorio de Géneros, se destinan $ 2.586 millones al año en costos de internación por interrupciones del embarazo inseguras. Y con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 mujeres, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres. No sólo es una cuestión de dinero, es una cuestión de derechos, es evitar muertes evitables y es salud pública.
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