El Senado comenzará este lunes el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o aborto legal, aprobado el viernes por la Cámara de Diputados, con la intención que la firma del dictamen sea en los próximos días y que pueda ser tratado en el recinto el próximo 29, antes de fin de año.
El tratamiento en comisiones comenzará esta tarde, a partir de las 14, cuando senadores y senadoras se reúnan para escuchar las opiniones del ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente. La intención, a partir de allí, es dejar pasar la semana de Navidad y llevar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre.
El proyecto fue girado al Senado el viernes, luego de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018.
Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
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