El gobierno argentino decidió avanzar con la adjudicación de bandas de frecuencia destinadas a la prestación de servicios 5G, una decisión que permitirá que el país avance en la implementación de tecnología de punta con aplicaciones cruciales en el ámbito industrial, científico y de defensa. Por la operación, que se resolverá dentro de los próximos 90 días, se espera la recaudación de más de mil millones de dólares. Se sostendrá el principio de neutralidad de la red, lo que deja en pie de igualdad a todas las empresas que pueden proveer la infraestructura.
En el llamado que aprobó este mediodía el directorio de ENACOM, se subastarán un total de 300 MHz en la banda que va de 3300 a 3600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base de cada lote es de 350 millones de dólares y podrán participar los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones que cuenten con presencia en al menos diez localidades del país, un mínimo de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos.
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Tal como anticipó El Destape en diciembre del año pasado, la licitación se realizará de acuerdo a los principios establecidos por la ley argentina, que prevé “neutralidad de la red”. Eso significa que cada adjudicataria podrá decidir libremente cuáles serán los proveedores del equipamiento necesario para montar la costosa infraestructura. Actualmente existen tres empresas en el mercado global con capacidad de atender esas necesidades: Huawei (China), Ericsson (Suecia) y Nokia (Finlandia).
Durante los últimos meses, Estados Unidos hizo un poderoso lobby para intentar restringir el acceso de la empresa china al mercado argentino. Sucede que este hito tecnológico tiene el potencial para revolucionar, en pocos años, el funcionamiento de áreas clave en un gobierno, como la defensa, la seguridad y la infraestructura crítica. Los yanquis temen que sus rivales estratégicos tengan la capacidad, a través de Huawei, de monitorear, espiar, sabotear o interrumpir cualquiera de estas actividades.
Así lo hizo saber en su visita al país, en agosto del año pasado, el influyente Jake Sullivan, Asesor Nacional de Seguridad del gobierno de Joe Biden. También insistieron sobre el asunto a través de otras instancias diplomáticas y políticas de primera línea en Washington. Sin embargo, el gobierno argentino decidió avanzar sin restricciones por un motivo sencillo: hoy Huawei le lleva meses o años de ventaja en desarrollo tecnológico a sus rivales, y puede ofrecer hardware más avanzado a mejor precio a los prestadores del servicio.
El 5G es la siguiente generación de tecnología para la transmisión inalámbrica de datos, varias veces más robusta, rápida y estable que el 4G. Su implementación no solamente mejoraría sensiblemente la conectividad actual, tanto en velocidad como en estabilidad, sino que abre la puerta al Machine to Machine (clave para la automatización de la industria), la internet de las cosas (que conectará en red todos los aspectos de la vida doméstica y/o laboral) y el protocolo URLLC (para transmisión permanente e instantánea de datos).
La subasta contó con en el directorio de ENACOM con el rechazo de los dos representantes de la oposición, Silvana Giudici y José Corral, que se excusaron en consideraciones técnicas para pedir la postergación de la subasta. Esa postura coincide con lo que expresaron las empresas del sector, que se oponen a la participación de una empresa pública y apuestan a que un gobierno de otro signo político diferente les otorgue las licencias a un precio más bajo.
Giudici, cuya carrera política transitó del radicalismo al PRO siempre bajo el auspicio del Grupo Clarín, fue directora del ENACOM durante todo el gobierno de Mauricio Macri y presidió el organismo entre mediados de 2018 y fines de 2019. Fue uno de los principales arietes contra la ley de Medios, sacó el 2 por ciento de los votos como candidata a jefa de gobierno porteña en 2011 y era tesorera de la fundación SUMA, presidida por Gabriela Michetti e investigada por lavado de dinero tras el robo de 50 mil dólares sin declarar.
Por su parte, Corral, exintendente de la ciudad de Santa Fe entre 2011 y 2019, en simultáneo con lo peor de la actividad narco en esa localidad, fue también titular del Comité Nacional de la UCR durante los cuatro años que el partido centenario estrechó su alianza con Macri. En 2019 rompió el Frente Cívico que durante años tuvieron radicales y socialistas en esa provincia para llegar a la gobernación, pero se quedó corto. Terminó en tercer lugar detrás de Omar Perotti y Antonio Bonfatti.
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