El Senado dará hoy un paso importante para frenar un negociado de Mauricio Macri en beneficio de las empresas gasíferas. Se trata de anular un decreto por el cuál Macri estatizó deuda privada por 24.000 millones de pesos vinculados a los tarifazos de gas. El decreto es el 1053 del 2018 por el cual, tal como anticipó El Destape Macri selló el pacto entre el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y las empresas productoras y distribuidoras de gas donde primero dolarizaron las tarifas y luego, con la devaluación de fines de 2018, evitaron que se reflejara un nuevo aumento en las facturas en año electoral trasladando esa deuda al Estado. La estafa casi perfecta, ya que el Congreso nunca convalidó ese decreto y ahora puede invalidarse. Desde Juntos por el Cambio intentaron convalidar la estatización de la deuda y lo más probable es que sus senadores sigan en esa postura, pero los números indican que el Senado pondrá un límite a este negociado en la sesión convocada para hoy por CFK.
La semana pasada, tal como informó El Destape, la Comisión Bicameral que trata los decretos emitió dictamen para declarar inválido el decreto 1053 de Macri que, bajo el paraguas de una modificación presupuestaria, estatizó la deuda de las distribuidoras de gas con las productoras. Con la votación asegurada en el Senado, restará que lo trate la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa recibió, al igual que CFK, un documento firmado por numerosas organizaciones sindicales y sociales apoyan la iniciativa.
La cronología de este negociado es sencilla. Primero, Macri y Aranguren dolarizaron las tarifas de gas. Esto es porque dolarizaron la comercialización del gas en PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), es decir, lo que cobraban las productoras de gas. Las distribuidoras luego lo trasladaban a la tarifa, dolarizada de hecho. Pero en 2018, con la brusca devaluación, apareció una asimetría muy grande entre las productoras que cobraban en dólares y las distribuidoras que recibían pesos de los usuarios y se acumuló una deuda de las segundas con las primeras. La primera solución, aportada por el entonces secretario de Energía Javier Iguacel, fue trasladar la diferencia a los usuarios en 24 cuotas, pero esto generó tanto denuncias penales como quejas en los usuarios/votantes, que iban a ver reflejado eso en sus facturas. . Pero Macri optó por otra: estatizar esa deuda por decreto. Y punto.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La deuda estatizada por Macri es por la diferencia en las tarifas dolarizadas que generó la devaluación de finales de 2018 y tiene un costo fical de 393 millones de dólares. Se iba a pagar en 30 cuotas, algo que indica que se trató de otro aporte de campaña ilegal para Juntos por el Cambio. Un aporte original, ya que implicaba que el tarifazo no se reflejara en las facturas de los votantes. De hecho, la primera cuota se tenía que pagar en octubre de 2019, post elecciones, y Macri la pagó el 6 de diciembre, a 4 días de dejar la Casa Rosada. Gracias a una denuncia del actual interventor del ENARGAS Federico Bernal se logró frenar el resto de las cuotas. Y ahora todo indica que se rechazará la estatización de esa deuda.
Los números de esa deuda cuya estatización se busca frenar son lo siguientes. El costo fiscal son 393 millones de dólares. Se tenía que pagar en 30 cuotas de 816 millones de pesos más intereses. La cuota que pagó Macri antes de dejar la Casa Rosada fue de 818 millones, intereses incluidos. En 2020 y 2021 esa estatización implica 9.788 millones de pesos y otros 4.078 millones para el 2022. O sea, quedaban por pagar 23.654 millones de pesos.
El eje central de la estatizacion de la deuda privada es artículo 7 del decreto 1053 del 2018. El decreto tenía como título una modificación presupuestaria, pero allí traficaron en el artículo 7 este favor a las empresas que les garantizaba el cobro de los tarifazos dolarizados por parte del Estado. El artículo dice que “el Estado Nacional asume, con carácter excepcional (…) el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.
Cuando, a fines de 2018, el Congreso trató ese decreto de Macri, el Frente para la Victoria hizo un dictamen de minoría donde advirtió que debía ser invalidado ya que no se explicaban los motivos por los cuales el Estado absorbía la deuda privada de las distribuidoras de gas ni cuál era la necesidad y urgencia de hacerlo por decreto. Es evidente que la necesidad y la urgencia eran las elecciones 2019 y que si bien ese aporte de campaña no fue suficiente lo que sí dejó es esta deuda impaga al nuevo Gobierno. Ese dictamen y el de mayoría de Cambiemos fueron elevados a las Cámaras parlamentarias pero no fue tratado. Hoy si, y el Senado pondrá el primer freno a este negociado.
Cerrar sesión