Una banda criminal con asiento en Casilda, Sanford y Rosario, fue desarmada por la Justicia federal tras un año y medio de investigación. La organización llevó a cabo múltiples tareas ilícitas mediante “empresas papel”, a partir de la utilización de datos de 150 “usinas” apócrifas para la emisión de aproximadamente 40.000 comprobantes electrónicos desde enero del 2018 y hasta mayo de este año inclusive.
Durante ese período, "la banda de los contadores" habría facturado un valor estimado de $10.000.000.000 y $2.000.000.000 en crédito fiscal IVA. La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a cinco personas y secuestró vehículos de alta gama, motos, dinero en efectivo, entre otros elementos.
La investigación incluyó escuchas telefónicas y numerosas tareas de campo donde se recolectó un gran volumen de pruebas. Ese material fue la base para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Rosario descubra que, mediante la utilización de un IP particular, diversas personas jurídicas realizaban maniobras utilizando usinas generadoras de miles de facturaciones.
El Ministerio Público Fiscal pidió a la PFA la investigación a través de los medios tecnológicos disponibles, además de escuchas telefónicas y tareas de campo que dieron como resultado 10 allanamientos en las ciudades santafesinas.
Se pudo determinar que la organización estaba compuesta por una serie de contribuyentes emisores de facturas apócrifas que compartían una dirección IP, que arrojó un total de 112 usinas al inicio de la búsqueda.
Algunas de las maniobras consistían en que, a pesar de que las empresas no existían, operaban ilícitamente a través de la inscripción en la AFIP para generar comprobantes de ventas apócrifas, que luego comercializaban. Los terceros adquirientes utilizaban estas facturas para justificar gastos, y reducían indebidamente los impuestos que ingresan a las arcas del Estado.
De esta manera, se secuestraron 2.363.7000 de pesos, dos motos, tres autos marca Peugeot, Audi y una camioneta pickup Ford, pendrives; un disco rígido, dos chip de teléfonos celulares, una tablet, cinco notebooks; una CPU, 15 celulares, tres computadoras de escritorio y documentación de interés para la causa.
Además, intervinieron el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Martín Bailaque, secretaría 1 a cargo de María Victoria Gastellu; la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario, a caro de Javier Matías Arzubi Calvo, secretaría de Virginia Sosa.
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