La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, fue noticia esta semana por una serie dichos y expresiones acerca del trabajo de lxs docentes y el funcionamiento de la comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Las intervenciones, que surgen de un diálogo virtual que la funcionaria había generado con el diputado nacional Fernando Iglesias a principios de este mes, despertaron múltiples críticas y repudios, el pedido de renuncia, e incluso una denuncia de los maestros de UTE-Ctera ante el INADI por considerarlas "discriminatorios". Desde la cartera que maneja fue fuertemente respaldada, y en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta explicaron que las declaraciones se basan en “datos duros” provenientes de una serie de encuestas implementadas desde el gobierno de Mauricio Macri en 2017. No casualmente los objetivos de ese estudio habían sido fuertemente cuestionados por los sindicatos por desacreditar a docentes y estudiantes y ganar apoyo social, como primer paso, para avanzar en la reforma neoliberal y conservadora de la educación pública.
Las afirmaciones de Acuña se destacan por una fuerte carga peyorativa y estigmatizante. Entro otras cosas sostuvo que lxs docentes son “cada vez más grandes de edad" y “eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”. Además subrayó que provienen de “sectores cada vez más bajos socioeconómicos”, situación que según su mirada limita su desempeño y aporte en el aula “en términos de capital cultural”. Y finalmente la ministra dedicó un segmento aparte a cuestionar la “bajada de línea” y la currícula pedagógica en las clases, por la que muchxs “eligen militar en lugar de hacer docencia”. “La raíz sobre la militancia política en las aulas está en la formación docente, en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación”, dijo, y en ese marco incentivó a las familias a “mirar lo que pasa adentro del aula” y denunciar a lxs docentes para poder intervenir desde el Ministerio.
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El boca a boca de la educación
Lo primero que se puede decir es que a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en Argentina la educación representa un factor clave en la experiencia biográfica de todxs y en el camino por abrirse oportunidades de crecimiento y desarrollo. Se trata de un derecho, un factor colectivo y compartido, que el Estado debe garantizar para igualar desde la base y permitir una supuesta movilidad social ascendente. Esto ha provocado que forme parte de la conversación social y política, y que desde los diferentes sectores se vayan construyendo estereotipos, prejuicios, y análisis que se reproducen en los medios de comunicación, las aulas, las casas, o las reuniones de padres, que muchas veces tienden a simplificar y borrar los matices posibles. A pesar de la igualdad ante la ley las experiencias educativas pueden ser muy diferentes, desiguales y complejas, incluso dentro de una misma ciudad.
Lo que resulta sumamente grave del caso es que quien sostiene este discurso, digno de “sobremesa de domingo”, sea la ministra de educación y referente de un partido que, dato no menor, mantiene el poder en la Capital Federal hace 14 años. La mirada de Acuña sobre el asunto implica un doble juego de cinismo: en principio al hablar como una simple “observadora” desconociendo su responsabilidad política, actitud que ya es moneda corriente en los funcionarios de Juntos por el Cambio que se siguen presentando como outsiders y observadores mientras ocupan cargos; y en segundo lugar ya que confunde, adrede, lo político con lo “partidario “o “sindical” para tocar un nervio cargado de la sociedad argentina, con el único fin de aumentar el malestar y la desconfianza de las familias en el sistema educativo y el trabajo docente.
La naturaleza política de la educación
Todo proyecto de país hace política cuando enseña. Toda educación es política en tanto se elije hablar en las aulas o silenciar los efectos de la última dictadura militar; se decide incorporar o no el término de complicidad civil; o se implemente lo que indica la Ley de Educación Sexual Integral. Pero sobre todo hace política cuando los gobiernos construyen o no escuelas, garantizan o no las vacantes, generar las condiciones mínimas indispensables para el proceso de aprendizaje o expulsan a vastos sectores de la población del sistema educativo. Durante los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, gobernada cuatro años por María Eugenia Vidal, se multiplicaron los reclamos por el deterioro de las instalaciones educativas, situación que llegó a poner en riesgo la continuidad de las clases por causas como problemas edilicios, falta de gas para calefacción, caída de mampostería, roturas, etc. El nivel de desidia provocó la explosión de un escape de gas en la escuela N° 49 de Moreno y la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que habían ido a la institución temprano para preparar el desayuno de lxs alumnxs.
El poder entonces puede actuar desde la escolarización de diferentes maneras: en la transmisión de determinados saberes, y el modo en que se produce; y sobre todo cuando se excluye o incluye a la población de esos saberes. Según una denuncia del Colectivo Vacantes para Todxs, desde 2013, con la implementación del sistema de inscripción online, las familias se ven expuestas a “la odisea de intentar acceder al derecho a la educación pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida como indica la Constitución de la Ciudad”. En 2020 más de 25 mil chicos de la ciudad se quedaron afuera del sistema público escolar, situación que se agravó durante la pandemia por la falta de acceso a conectividad y dispositivos para mantener la escolaridad. ¿Acaso eso no es hacer política en las aulas?
La teoría del derrame cultural
Al mismo tiempo toda relación de `hegemonía' es necesariamente una relación pedagógica: entre opresores y oprimidos, entre patrones y trabajadores, entre ricos y pobres. En el discurso de Acuña, cuando descalifica a lxs docentes por una supuesta procedencia de sectores de bajos recursos, se puede identificar muy fácilmente un contenido ideológico de clase que considera que el conocimiento se transmite necesariamente de arriba para abajo, desde un saber portador de las mejores virtudes, que debe imponerse sobre otros que no tienen valor. El miserabilismo resulta de pensar a las culturas populares como una visión “de segunda”, degradada, de la cultura de las clases dominantes, y por ende plausible de ser “educada” o “mejorada”. Cabe recordar entonces cuando en 2016, en un acto en Choele-Choel, el entonces ministro de educación de la Nación Esteban Bullrich dijo: “Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”.
Juntxs por el Cambio expresa una continuidad de pensamiento que es la gestión meramente tecnocrática y pragmática de la educación y la cultura, y la culpabilización de los sindicatos y la militancia por la obstáculización de las reformas “modernizadoras”. Las palabras de los referentes gubernamentales dejan a la vista los puntos clave de un proyecto que apunta a limitar la relación educativa a un sistema casi automático de transmisión de conocimientos, no solamente entre generaciones sino además entre clases sociales, entre quienes detentan el poder y quienes no, entre quienes tienen el capital cultural y quienes no lo tienen, entre lo “civilizado” y lo “bárbaro”. Como en una teoría del derrame educativa o cultural , coherente con el modelo político del sector que representa el poder real, Acuña y Bullrich identifican el vínculo pedagógico de forma estrictamente escolástica y normativizante, negando que el conocimiento es siempre una práctica social colectiva y dialógica de grupos humanos.
En su ensayo “Pedagogía del Oprimido” Paulo Freire identifica la naturaleza política de la educación a partir del tipo de vínculo que se genera entre quien educa y quien aprende, y el de ambos con el conocimiento a disposición. El autor hace una fuerte crítica a lo que denomina “educación bancaria”, un modelo que se basa en una relación especial entre poder y saber, donde quien sabe es quien educa, piensa, disciplina, autoriza, escoge, actúa, y decide, mientras que quien no sabe es un simple receptor pasivo. En los procesos educativos y pedagógicos se transmiten conocimientos pero también modalidades de relación entre las personas, y entre las personas y su realidad concreta. El conocimiento funciona como guía de la práctica para que lxs sujetxs puedan actuar, transformar la realidad, y transformarse genéricamente. Los deseos, ambiciones y expectativas sobre la vida también se aprenden. ¿Qué es la política sino la puesta en discusión de la realidad o de lo que se pretende inmutable para poder transformarlo? La educación pública argentina, en su genealogía, es política en tanto dispositivo de construcción de ciudadanía, inclusión y transformación social. Negarlo o llevarlo al plano del debate puede ser parte de una operación de desvalorización y vuelta a un modelo tecnocrática que asocia la educación a factores meramente administrativos y burocráticos.