Policializar las Fuerzas Armadas: una propuesta colonial

"Yo soñaba con ser militar y terminé siendo policía". La frase me la dijo un Coronel del Ejército mexicano durante un encuentro de capacitación que compartimos en la Escuela Militar de París y me quedó resonando en la cabeza. Luego entendí que se refería a que en México hace años que la seguridad interior es cuestión militar y la denominada “guerra contra el narcotráfico” es lo que abrió esa puerta. Los resultados desastrosos están a la vista.

Los impulsores de este sistema de países periféricos con Guardias Nacionales, con Fuerzas Armadas abocadas a la Seguridad Interior, son el ejemplo de "haz lo que yo digo pero no lo que yo hago". Estados Unidos nunca planteó esa posibilidad dentro de su territorio pero busca imponer esa práctica a los demás. La razón es simple: Estados Unidos considera su “patio trasero” al extenso territorio que va de México a la Argentina y promueve que esos países sólo necesitan Seguridad Interior ya que del factor militar “se encargan ellos”. En su estrategia de dominación es entendible. Lo que resulta difícil de entender son los voceros locales que tienen discursos grandilocuentes “pro Fuerzas Armadas”, que dicen defenderlas, pero cada vez que tienen oportunidad, como sucedió durante la administración de Mauricio Macri, intentan policializarlas y, sobre todo, hacer negocios con la venta del patrimonio militar.

Claro ejemplo de ello encontramos en la venta de inmuebles del Ejército por todo el territorio nacional con la excusa de ingresar divisas al tesoro, que siempre resulta en desmedro y descapitalización de las Fuerzas, en ganancias millonarias de los amigos del poder y sus emprendimientos inmobiliarios, y en un Estado Nacional más pobre y endeudado. Capítulo aparte merece la venta de 5.000 hectáreas de campo productivas en Córdoba, pertenecientes al Ejército, ejecutadas por el Ministro de Defensa y cordobés Oscar Aguad, o la venta en Las Cañitas del edificio de la Sastrería Militar, hoy complejo de departamentos. Con el retorno al poder de Patricia Bullrich y compañía volvieron las mismas intenciones. Se prepara una masiva venta de inmuebles de las Fuerzas Armadas, que ésta vez incluye la mitad del regimiento de Patricios en pleno Palermo y 900 hectáreas en Mendoza, terruño del Ministro de Defensa y  mendocino Luis Petri.

En paralelo, el pasado 5 de agosto, ingresó al Senado Nacional el proyecto para que las Fuerzas Armadas puedan hacer Seguridad Interior, con las firmas de Petri, Bullrich, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el presidente Javier Milei. El proyecto se centra en “evitar acciones terroristas” habilitando el control de personas, patrullaje y detenciones. La propuesta se dirige a la modificación de la Ley 24.059 de Seguridad Interior en sus artículos 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 25 y 27.

El artículo 27, que habilitaba a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad a requerimiento del comité de crisis, lo quieren modificar por uno que diga: “En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del Art 41 quinquies (se refiere a la denominada ley antitorrorista) el comité de crisis podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen: a) patrullaje b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia".

Además, el texto propuesto incluye: “En el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración. En caso de detectar un presunto delito, las Las Fuerzas Armadas deberán adoptar las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos y comunicarán su actuación de forma inmediata al Fiscal o Juez competente, según corresponda. El ministerio de Defensa deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado. En estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las Fuerzas de Seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas a la realización de operaciones de Seguridad Interior. En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los Arts precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso. Su accionar será calificado en cumplimiento y, por consiguiente, no punible (...) Las Fuerzas Armadas deberán contar con la capacitación técnico legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas en el presente Art, como así también el equipamiento deberá ajustarse a las necesidades operativas de la misión".

Todo esto significa múltiples cambios. El comité de crisis lo coordinaría Bullrich, algo que antes estaba en manos del ministro del Interior. Y cuando Bullrich decida que un hecho tiene por finalidad aterrorizar a la población, como lo puede ser una marcha sindical, y de origen a una investigación penal, como lo puede ser un corte de calle, las fuerzas armadas podrán salir a la calle, detener transeúntes, requisar autos y viviendas, y utilizar la fuerza. Para colmo quedando resguardadas sus acciones bajo el paraguas protector “en cumplimiento del deber”.

Las Fuerzas Armadas no están entrenadas ni armadas para esto. Su fin es otro, la defensa del territorio, la protección de nuestros recursos naturales, la intervención ante catástrofes donde su logística es única. El proyecto que impulsa el gobierno dice que serán entrenadas y equipadas para la Seguridad Interior, es decir, los convierte en policías. Ni más ni menos que el sueño húmedo del coloniaje en manos de la ministra Bullrich.

Como lo hemos dicho infinidad de veces, las colonias no necesitan fuerzas armadas sino guardias nacionales. Y ésta es la intención del gobierno de ocupación. Los riesgos que conlleva este proyecto son múltiples. La policialización de las Fuerzas Armadas las pondrá en contacto con delitos muy rentables, lo cual puede corromper a una de las pocas esferas del estado resguardada de estas tentaciones. Pondrá a combatir el delito a profesionales entrenados para ser letales, con las consecuencias que esto puede generar socialmente, en una sociedad encaminada al reencuentro y valoración con sus fuerzas militares.

Debemos terminar definitivamente con el verso de que el único partido de la democracia que fundó un General de la Nación es antimilitar. El único problema que tenemos los Peronistas es con los genocidas y torturadores, porque, antes que nada, somos humanistas y cristianos. Y de eso se encarga el Poder Judicial gracias a las luchas de la sociedad argentina. Con las Fuerzas Armadas de la democracia y los soldados de la Patria nos sentimos hermanados. Somos quienes cuando tenemos responsabilidad de gobierno defendemos el patrimonio del Estado y detenemos las ventas de tierras de nuestras Fuerzas Armadas. Somos los que modernizamos y equipamos los tanques, a los que se suben los que recortan el presupuesto de las fuerzas y detienen la reequiparación salarial. Flaco favor nos ha hecho algún trasnochado, aliado al frente nacional conducido por el Peronismo, con sus discursos de desprestigio a los argentinos con vocación por las armas y la defensa de la Patria. Más de un desprevenido puede dejarse encantar por las palabras de Bullrich, Milei o Villarruel. Pero sepan que su corazón no está con las Fuerzas Armadas que defienden los recursos estratégicos y la soberanía de la nación, sino que añoran una Argentina represiva, colonial y se preocupan por visitar al genocida Alfredo Astiz y recibir sus proyectos.