El sábado 9 de Julio, como ya es costumbre en las fechas patrias, unos cuantos terraplanistas se juntaron en el Obelisco y otras plazas del país para reclamar por el diálogo, las instituciones, la república, la democracia y el exterminio del kirchnerismo. Esta vez el instrumento para impulsar la tolerancia entre los ciudadanos no fue una horca, como en otras oportunidades, sino una guillotina. Algunos participantes exigieron la cárcel inmediata para CFK- sin perder tiempo en dilucidar por qué razón sería encerrada- mientras otros, más abarcativos, aseguraron que algunos fusilamientos nos permitirían dar el tan esperado salto hacia el desarrollo. Nótese que quien propone fusilamientos como solución colectiva a nuestros problemas nunca imagina que él podría formar parte de los ajusticiados. Ocurre que el violento a sacrificar siempre es el otro. En todo caso, ese sistema ya se implementó: hubo fusilamientos, secuestros, asesinatos, e incluso gente arrojada desde aviones y bebes robados, sin conseguir el destino virtuoso buscado sino exactamente lo contrario. Tal vez las calamidades pasadas hayan sido demasiado gradualistas- como las que padecimos durante el gobierno de Cambiemos- y por eso los efectos benéficos de tantos crímenes y cirugías mayores sin anestesia no tuvieron tiempo de hacer eclosión. “Faltó tiempo”, como lamentó Mauricio Macri en el 2019.
Inspirados tal vez por tanto terraplanismo entusiasta, desde Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para eliminar el impuesto a los Bienes Personales (al patrimonio). Se trata de uno de los impuestos más progresivos, es decir, lo contrario de uno regresivo como el IVA, por ejemplo, que ricos y pobres pagan por igual. Lo más asombroso es que esta iniciativa fue llevada adelante en defensa del abuelito pobre y propietario, un ser imaginario como el Lobizón o el Nahuelito.
El abuelito pobre y propietario de una vivienda de más de 30 millones de pesos es la razón que justificaría que Paolo Rocca o Goyo Pérez Companc dejen de pagar Bienes Personales, del mismo modo que el gringo trabajador de manos callosas propietario de un par de hectáreas de campo era el sujeto defendido por la Mesa de Enlace en 2008. En ese conmovedor bestiario solo falta el titular pobre de una cuenta offshore que transfiere a una guarida fiscal lo que gana vendiendo biromes en los trenes para asegurar el futuro de sus hijos y protegerlos de la voracidad fiscal.
Esta semana el gobierno acaba de lanzar la tan postergada segmentación de tarifas. Nuestros medios serios pasarán así de denunciar el injusto “subsidio a los ricos” a indignarse porque se considere injustamente rico a tal o cual ciudadano quien, impedido de poder pagar la tarifa plena, pasará frío durante el crudo invierno.
Asombrosamente, el famoso subsidio a los ricos que tanto los beneficia no es defendido por ningún rico. Ocurre que el verdadero subsidio consiste en no cobrarles los impuestos que deberían pagar. La Argentina es un país injusto no por entregar energía barata incluso a sus ricos sino por tener una presión tributaria escasa con respecto a sus necesidades, además de regresiva.
En realidad, si de equidad se trata, el Estado debería dejar que nuestros ricos calefacciones con energía barata sus piletas- al fin y al cabo no tienen tantas- y en contrapartida cobrarle impuestos como en los países que consideran serios y exigen imitar: el fisco y las mayorías saldrían ganando. Recordemos que entre los gobiernos de Franklin D. Roosevelt y Ronald Reagan, la alícuota máxima del impuesto a las Ganancias en EEUU fue en promedio del 80%, con picos de más del 90%. En nuestro país es del 35% y nuestros medios serios y los opositores de Juntos por el Cambio, dos colectivos que cuesta diferenciar, consideran que es insostenible. Tal vez se refieran a que es insosteniblemente baja para integrar a las mayorías al sistema.
El viernes, los camaristas porteños Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi no sólo sobreseyeron a Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan sino que justificaron el espionaje a los familiares por razones de seguridad presidencial. Como señaló Ari Lijalad en este medio: “Este fallo sentará un peligroso precedente para la violación del artículo 4 de la Ley de Inteligencia, que prohíbe ¨obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.”
Para facilitar la operatoria judicial, la Corte Suprema debería establecer por una acordada que Mauricio Macri tiene derecho a espiar a quien quiera: familiares directos, socios políticos, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, rivales políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, empresarios o familiares de la tripulación del ARA San Juan.
En todo caso, los sótanos de la democracia ya tienen amenities.
Imagen: La justicia federal en pleno proceso de autodepuración (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)
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