Siguiendo la doctrina Rosenkrantz que estipula que no existen suficientes recursos como para andar financiando tantos derechos, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló este viernes la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), devolviendo de ese modo a los 50 estados del país la potestad para legislar sobre el tema. ¿Veremos mujeres estadounidenses obligadas a migrar de estado para poder gozar de un derecho que tenían hasta la semana pasada? ¿Los estados que decidan prohibir la IVE pedirán su extradición por asesinato? Pronto lo sabremos.
En sus considerandos, el juez Clarence Thomas sugirió “corregir otros precedentes” y avanzar sobre otras sentencias contrarias a las buenas costumbres como la que garantiza el matrimonio homosexual (Obergefell contra Hodges, 2015), las relaciones entre personas del mismo sexo (Lawrence contra Texas, 2003) y la contracepción (Griswold contra Connecticut, 1965). El impulso correctivo del juez Thomas, en cambio, no pidió revisar la histórica sentencia Loving contra Virginia, que invalidó las leyes que prohibían el matrimonio interracial. Es comprensible: eso hubiera comprometido su propio matrimonio. Son las ventajas de contar con un juez reaccionario pero negro, casado con una mujer blanca.
Como señaló la politóloga María Esperanza Casullo, “el fallo de la Corte Suprema de EEUU que sostiene que no existe un derecho protegido al aborto menciona como un fundamento la necesidad de la existencia una ¨dotación doméstica de bebes¨ disponibles para adoptar.” La realidad imita al arte, en este caso El cuento de la criada, novela distópica publicada en 1985.
Desde su jaula de La Nación +, la ineludible Laura Di Marco sostuvo que con este fallo y el referido a la libre portación de armas, EEUU “se argentiniza”.
Para que EEUU se argentinice- como sostiene la notable periodista independiente- antes debería establecer la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por ley y regular el acceso y uso de armas, como ocurre en la Argentina. Lo más asombroso es que es justamente el sector político que defiende Di Marco el que votó en contra de la IVE y apoya la libre portación de armas. La mezcla de ignorancia y odio hacia su propio país está haciendo estragos entre nuestros medios serios. La Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo debería tomar cartas en el asunto.
En todo caso, más allá de las reacciones adversas que causó y sin duda causará, la decisión de la Corte Suprema norteamericana es una buena enseñanza sobre la fragilidad de los derechos adquiridos, aún aquellos que muchos consideran elementales. Desde hace algunos años, el sector conservador o francamente reaccionario está logrando evaporarlos a una velocidad mucho mayor a la que tarda el progresismo en ampliarlos. Tal vez sea un buen momento para que los gobiernos populares emulen esa impaciencia en el ejercicio del poder en lugar de temerle a su propia sombra.
Nuestra propia Corte Suprema decidió brillar con luz propia y luego de tomarse un plazo prudencial de 3 años, y en concordancia con lo que adelantó Clarín, rechazó los recursos de CFK y otros imputados en la causa de Vialidad Nacional. Según los cuatro varones que bostezan en el Palacio de Tribunales y deciden sobre la vida de 47 millones de argentinos, que el juicio comience sin un peritaje sobre las obras analizadas o que el tribunal haya rechazado el 80% de las pruebas solicitadas por la defensa, entre otras quejas, no pone en riesgo las garantías de los procesados- algo que contradice las propias reticencias que la Corte manifestó hace años sobre esta causa- ya que los acusados siempre podrán apelar.
Algunos medios serios incluso adelantan que el alegato del fiscal de la causa estará a la altura del “J'accuse…!” de Émile Zola. Es una comparación tan peculiar como la de Laurita Di Marco sobre la argentinización de los EEUU, ya que el alegato de Zola fue en contra de la persecución político-judicial e incluso mediática que padeció el capitán Alfred Dreyfus.
En realidad, el objetivo de estas causas sin pruebas no es llegar necesariamente a una sentencia sino mantener a los ex funcionarios procesados en un largo limbo jurídico y mediático. Como el capitán Dreyfus enviado a la Isla del Diablo, se trata de sacar de la carrera electoral a candidatos con apoyo popular.
Reemplazar a las urnas por jueces amigables para dirimir diferencias políticas es una vieja práctica de nuestra derecha y esa persecución política ya nos privó de la candidatura de muchos, como Amado Boudou. Con encomiable cortesía, esa caterva de operadores aterciopelados que persistimos en llamar Corte Suprema nos advierte que la próxima será CFK. ¿Lo lograrán? Como ocurrió cuando declaró aplicable el cómputo del 2x1 para los casos de lesa humanidad y luego tuvo que volver atrás, o como probablemente ocurra en EEUU, dependerá de los ciudadanos.
Imagen: En EEUU la realidad imita al arte (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)
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