Apenas Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío al Congreso del proyecto de expropiación supimos al unísono, gracias a nuestros medios serios y a la oposición parlamentaria (dos colectivos que cuesta diferenciar), que se trataría de una maniobra chavista, ilegal e incluso anticonstitucional.
Los accionistas de la empresa, denunciados por triangular exportaciones para eludir impuestos, lavar activos y malversar los fondos recibidos desde el Banco Nación de forma fraudulenta, se transformaron como por arte de magia en gringos trabajadores de manos callosas y mirada franca. El intendente radical de la ciudad santafesina de Avellaneda, en donde está la sede de la empresa, lanzó una proclama viril afirmando que no les robarán la historia de Vicentin, olvidando que el robo ya ocurrió.
Varias asociaciones empresariales denunciaron lo que consideran un inaceptable embate sobre el sector privado. Es cierto que para nuestras grandes empresas, lo único que debe expropiar el Estado son sus deudas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El diario La Nación afirmó no sin cierta indignación que la intervención de Vicentin que dispuso el Presidente retoma una norma legal que fue creada por la última dictadura militar y lleva la firma de Jorge Rafael Videla. No deja de asombrarnos que La Nación critique una ley por haber sido establecida durante el Proceso, pero tal vez haya llegado el momento de pedir el apoyo de los Saguier y los Mitre para anular la Ley de Entidades Financieras, que deberían repudiar por las mismas razones.
Inspirado por el terraplanismo creciente de los medios, el economista místico Javier Milei afirmó que “la Argentina se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad”.
Como en el caso de La Nación, da gusto observar que hasta los reaccionarios han empezado a preocuparse por los DDHH, aún frente a amenazas imaginarias.
Por su lado, el Movimiento de #LosConTierra lanzó una proclama en contra de la expropiación de Vicentin y llamó a un abrazo solidario al yate del gringo Nardelli, CEO de la empresa perseguido por triangular distinto. “Hoy vienen por su yate, mañana por tu pelopincho” afirmaron, generando un comprensible terror entre los propietarios de piletas de lona, quienes se preguntaron si no sería más seguro transferir esos bienes a un paraíso fiscal.
Esta semana vimos como los corredores porteños salían en masa a practicar su deporte favorito sin que eso generara la misma indignación entre nuestros periodistas serios que había conseguido el amontonamiento de jubilados para cobrar sus haberes. María Laura Santillán consideró que correr en invierno y en plena pandemia “aumenta las defensas” y su colega el teledoctor Castro dio un paso más allá y aseguró que “nadie se va a contagiar por ir a correr así”.
Nadie puede negar que estén dando todo de sí. Algunas fuentes no chequeadas llegaron a afirmar que se trataría de falsos runners K, como antes había falsos linyeras pagados por La Cámpora. Nuestra realidad es trepidante.
Por último, luego de recorrer el país en una extraña “Travesía por la Democracia” exigiendo la apertura del Congreso que nunca había cerrado, la oposición se negó a tratar en el Senado el proyecto de ley de alquileres que tenía media sanción de Diputados. El argumento que dio el ineludible Martín Lousteau fue que habían acordado que sólo tratarían iniciativas relacionadas al Covid-19. No queda claro qué propone Lousteau para tratar la gran mayoría de los proyectos no estrictamente relacionados a la pandemia, si esperar a que se descubra una vacuna o sesionar en forma presencial, con todos los riesgos que eso conlleva. Lo más asombroso es que la iniciativa en cuestión fue lanzada por un diputado de la actual oposición y votada a favor por el propio Lousteau cuando todavía era diputado.
Juntos por el Cambio es una rama de la literatura fantástica.