Luego de su explosiva renuncia, el ministro Martín Guzmán pasó de ser el “club Sacachispas”, según la comparación que hiciera en su momento Eduardo Feinmann, a ser ungido como el último funcionario racional del gobierno, víctima de CFK. ¿La vicepresidenta lo obligó a renunciar por twitter, mientras ella daba un discurso en Ensenada, sin darle tiempo al presidente de buscar un reemplazante para poder evitar la histeria de los mercados? No lo descartaríamos: como suele afirmar el Teledoctor Castro en sus diagnósticos a distancia, CFK es mala, mala, mala.
Silvina Batakis, la reemplazante de Guzmán, fue criticada por varios periodistas serios por tener una larga experiencia en la función pública, lo que sería una desventaja a la hora de ocupar un ministerio. Tal vez el gobierno debería haber llamado al Toto de la Champions, aquel Messi de las finanzas internacionales, o a Nicolás Dujovne, que tomaba whisky con Carlos Pagni, o incluso a #ElMetáforas Lacunza, quien a la vez que defaulteaba la deuda en pesos, nos explicaba que debíamos subir el Aconcagua en barco mientras nos hacíamos un torniquete en medio del río. O algo así.
La polifacética ministra es comunista para la oposición de derecha y neoliberal y funcional al FMI para la oposición de izquierda. Pero lo que generó un nuevo frenesí opositor no fue el asombroso credo marxista neoliberal que profesa sino su anuncio sobre priorizar el uso de los dólares del Banco Central para la producción antes que para el turismo en el exterior.
Para nuestros medios serios y la oposición de Juntos por el Cambio (dos colectivos que cada día cuesta más diferenciar) la restricción cambiaria sería inconstitucional ya que vulneraría el derecho a viajar. ¿Nuestra Constitución exige que el Estado priorice nuestro deseo de irnos de compras al Costanera Center de Santiago de Chila antes que asegurarle a una pyme los insumos importados para fabricar heladeras? En realidad, el derecho a viajar no implica la obligación de entregar dólares baratos de las reservas a los ciudadanos que deseen comprar chocolates suizos o mostazas francesas en el free shop. Al fin y al cabo, nadie les impide adquirirlos con dólares propios o dólares obtenidos con el contado con liqui.
Como ocurrió con los varados VIP, nuestros medios serios intentan transformar un fastidio de ricos en una penuria de mayorías. Esperamos con impaciencia la convocatoria a un nuevo Banderazo espontáneo con la consigna #JeSuisToblerone.
Debemos confesar que la oposición no tiene descanso. Desde El Calafate, CFK se burló amablemente de “los empresarios e inversores” que alertan sobre el déficit fiscal y la emisión a la vez que aplauden el previaje, “que en términos fiscales es una política de expansión y en términos monetarios es emisiva”. “No condenemos a las cosas per se, dogmáticamente. Veamos dónde están bien y donde están mal.” Pidió, eso sí, que el gobierno controle el aumento de precios de los hoteles que beneficien del programa previaje. Al parecer, prefiere dejar el paradigma del Estado bobo a la oposición.
Además, CFK pidió “discutir políticas, no personas”, una restricción autoritaria que limitaría el accionar de nuestros periodistas serios y los dejaría sin trabajo.
Desde Tucumán donde participó de la celebración del Día de la Independencia, Alberto Fernández llamó a “un acuerdo entre todos los argentinos” y denunció las operaciones en contra del gobierno: “Venimos soportando en los últimos meses, pero sobre todo de manera pública y feroz en la última semana, una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta.”
Recordamos con emoción como, hace seis años y en ese mismo lugar, el entonces presidente Mauricio Macri compartió con el rey emérito Juan Carlos de Borbón el momento angustiante que vivieron nuestros patriotas al proclamar la independencia: “Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España”. Al menos no propuso remediar esa angustia restableciendo el dominio y la autoridad de la Corona española, digamos todo.
La semana pasada, en Ensenada, CFK propuso implementar el ingreso universal como forma de reducir los altos índices de pobreza, política que cuenta con el apoyo de una gran parte de la coalición oficialista e incluso con un proyecto de ley presentado en mayo por los diputados Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli. Unos días más tarde, la portavoz de la presidencia respondió que “por ahora, no se va a avanzar con el salario básico universal, ya que no dan las cuentas”.
Mercedes D’Alessandro, ex directora Nacional de Economía, igualdad y género en el Ministerio de Economía, apoya la iniciativa y suele criticar que se piense como un costo dejando de lado el potencial benéfico que podría tener.
"No dan las cuentas". Muchos decían lo mismo frente a la creación del sistema previsional, las vacaciones pagas, las moratorias jubilatorias o la AUH. Por suerte otros encontraron la manera de que las cuentas cierren con la gente adentro.
Imagen: Brigadistas de la ministra Batakis circulan por los free shops (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)
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