La gravísima situación que vive la provincia de Jujuy (la represión violenta, el empleo de métodos ilegales para enfrentar la protesta social, la aparente apuesta a esas prácticas como único mecanismo para dominar la situación) está llevando al gobernador Morales a un callejón sin salida análogo a aquel con el que terminó la experiencia de gobierno de De la Rúa y la Alianza en diciembre de 2001.
Toda esta penosa situación tiende a agravarse por el hecho de que no aparece ninguna iniciativa en ningún nivel para que la política democrática intervenga en un esfuerzo por recuperar una mínima normalidad en esa provincia; lejos de eso, la oposición mira para otro lado y confía en reducir sus propios daños sobre la base del férreo ocultamiento que de estos sucesos hacen los principales medios de comunicación; es decir, sobre la base de terminar con el problema haciendo de cuenta que no existe. Del lado del gobierno no se conocen iniciativas destinadas a establecer (o por lo menos intentar) un diálogo político orientado a recuperar la calma atendiendo las razones de las protestas.
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El contexto preelectoral en el que se desarrollan los acontecimientos le agrega complejidad y dramatismo a la situación. Morales es candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Rodríguez Larreta. Cualquiera podría pensar que esa situación debería obligarlo a encontrar una salida a la crisis de su provincia, de modo que la violencia represiva no debilite las chances electorales de la alianza Juntos por el Cambio; por el contrario, el gobernador considera que la situación en la provincia que gobierna fortalece su candidatura, lo muestra “decidido y valiente” en el enfrentamiento a los luchadores sociales, la que considera la más justa de las causas.
Parece no haber nadie en esa coalición que ponga en duda la conveniencia de la persistencia y hasta el agravamiento del conflicto social jujeño: por el contrario, éste es interpretado como una necesidad que emana de la importancia de mantener el orden en las calles, aparentemente el objetivo principal y único de la derecha, no solamente en Jujuy sino en todo el país. Un objetivo que tiene en su entraña la premisa de la represión violenta de cualquier intento de ocupar la calle. Parece que el objetivo de este sector es que en el país todo quede como está (como lo dejó ese sector cuando terminó su gobierno y no pudo revertirlo en plenitud la coalición que sostiene la gestión actual) y que lo único que cambie sea tener las calles “más ordenadas y tranquilas”, sin conflicto social.
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Todo esto está conduciendo a una grave situación política, enmarcada como está además, por el momento decisivo de la negociación con el FMI, circunstancia en la que se juega la posibilidad o no de encarrilar la de una manera que no sea la rendición incondicional ante las exigencias leoninas de ese organismo para conservar el acuerdo.
Es un momento que aconsejaría un amplio acuerdo político nacional para fortalecer las posiciones del país en este decisivo conflicto. Pero no existe entre nosotros un mínimo marco de diálogo político orientado a mejorar la situación relativa del país y de su pueblo. pueblo. Ahora bien, para que se haya creado esta desgraciada realidad no alcanza con la conducta de los actores directos del juego político: es un hecho muy claro y verificable que entre nosotros hay actores extrainstitucionales que operan en la dirección contraria de una pacificación del país.
De otro modo no se entendería el juego de los grandes grupos oligopólicos de la información que diariamente auguran (y contribuyen a crear) situaciones desestabilizadoras en lo económico y social con vistas a un desmadre generalizado de la política. Lo necesitan para crear la situación de “tierra arrasada” que abra paso a un duro ajuste político y social que agrave la situación de los más débiles y, a la vez, los persuada contra todo intento de resistencia social. Todo eso como premisa de la máxima acumulación de ganancias del lado de los poderosos.
Frente a la violencia desatada por el gobierno de Jujuy sería necesaria una respuesta institucional de alcance nacional orientada a restituir la calma. Allí es donde aparece otra dramática insuficiencia de la política: el serio debilitamiento institucional que atraviesa el país. Además del manejo monopólico de la opinión y de la hostilidad de una oposición cuyo único norte es el debilitamiento del gobierno para asegurar su derrota electoral, Argentina vive la situación de un serio deterioro en su funcionamiento institucional. No puede esperarse, en efecto, un papel político-institucional del poder judicial, ordenado hoy desde su cúspide en la dirección de perjudicar y si es posible paralizar al gobierno en funciones. Las decisiones del trío que dirige al poder judicial están sistemática orientadas en esa dirección: la defensa del orden constitucional y democrática parece estar completamente disociada de su práctica.
El Congreso nacional, por su lado, es paralizado sistemáticamente por el principal bloque de oposición y no puede esperarse de ahí ningún aporte.
La intervención de la provincia de Jujuy sería la premisa básica para restablecer el orden en esa provincia. Imaginémonos la situación de violencia estatal y movilización social que vive Jujuy en cualquiera de las provincias que gobierna el peronismo. El coro que forman los grandes medios corporativos, la cúpula judicial y los partidos de oposición ya habrían convertido en consigna central y excluyente la renuncia del eventual gobernador/a. Se estaría construyendo la leyenda negra de las autoridades de esa provincia y la consigna de una intervención federal estaría en la portada de los grandes medios informativos y en todas y cada una de sus páginas.
¿Qué es lo que revela este contraste? Revela la existencia de “otro régimen” en el interior de la democracia argentina. Un régimen en el que la Constitución y las leyes no son el verdadero marco del poder. Existe en su lugar un poder de facto. Un poder que nadie elige a través del voto. Un poder que de institucional y legal no tiene nada: lo suyo es la imposición autoritaria y ajena a todo orden legal de un tipo de decisiones que favorezca la concentración de la riqueza y el poder en las manos de grupos minoritarios.
Estamos a tiempo y en forma los argentinos y argentinas de enfrentar a este bloque de poder que actúa de modo cada vez más desembozado. El modo para lograrlo es la activación de otra institución argentina que no está en la letra de ninguna ley: la movilización popular pacífica, unida y masiva. Hemos tenido numerosos hechos de nuestra historia que ilustran y alientan esta posibilidad. A comenzar por el levantamiento del 25 de mayo que creó la patria y siguiendo por el 17 de octubre en el que una plaza masivamente ocupada por el pueblo trabajador cerró una época y abrió otra muy diferente. Aunque hace falta decir que una y otra vez la fuerza de “los grandes”, como Maquiavelo llamaba a las clases ricas, revirtieron esas conquistas.
Cada tanto el privilegio argentino y su representación política sueñan con el cierre absoluto y definitivo de esa cadena de acciones a las que le debemos la democracia. Esta es una de esas ocasiones. Solamente la movilización enérgica y masiva del pueblo puede evitarlo.
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