El precio de cada bien o servicio que se comercializa contiene las riquezas que se producen y, por ende, la disputa por cómo se reparten. Por eso, todo precio es político y tiene impacto en la vida cotidiana de cada argentina y argentino. La pregunta que se plantea, entonces, es ¿Quiénes y cómo se benefician con la política de suba de precios?
Con el “votazo” de agosto de 2019, el pueblo argentino dijo NO al neoliberalismo como ideología de gobierno. La política ejecutada durante el gobierno de Mauricio Macri dejó como resultado un aumento del desempleo, cierre de PyMEs, productores y cooperativas fundidos; una inflación -la que a priori a Macri le pareció sencilla de resolver- que cerró el año 2019 en alrededor del 54%; y una desocupación mayor al 10%, rondando el 20% en el caso de la población joven. Esta situación impactó directamente en el salario de las y los trabajadores, como así también en las ganancias de las y los pequeños y medianos empresarios, cooperativas y productores agroalimentarios (sobre todo de las economías regionales), en definitiva, sobre el sector productivo.
Es por eso que uno de los discursos con los que el Frente de Todos publicitó su campaña, en aquel momento, fue “apagá la tele y abrí la heladera”, ante la dificultad para adquirir alimentos por parte de las y los argentinos debido a las políticas de gobierno implementadas por la alianza Cambiemos. El problema es que la heladera sigue vacía en el hogar de más del 50% de las y los niños argentinos, según el último indicador de pobreza del INDEC. Si bien el empleo mejoró, el fenómeno de trabajadores pobres -según la misma fuente, el 70 % de la población ocupada gana menos que la Canasta Básica- demuestra que el salario está en el epicentro de la disputa política de Argentina.
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Ese es el contexto del acto del 17 de octubre en Plaza de Mayo, donde Máximo Kirchner afirmó ante la dirigencia sindical y la movilización congregada que las y los trabajadores “aceptaron durante la pandemia ganar menos, y hoy están esperando que dejen de traicionarlos”. El importante dirigente kirchnerista apuntó también a las empresas agroexportadoras, a quienes “lejos de los trabajadores, hubo que hacerles un precio especial porque no liquidaban los granos”, e interpeló al conjunto del Frente de Todos afirmando que “no podemos darnos el lujo de decir 'no se puede'”.
El aumento del precio de los bienes y servicios más rápido que el de los salarios, no solo aumenta de la ganancia empresarial a costa de la mano de obra, también es una herramienta de sometimiento y explotación del empresario al trabajador, y del gran empresario al empresario PyMEs. Quienes producen y trabajan necesitan que el Estado intervenga en la política de precios. La combinación de inflación y salarios bajos, obliga a las y los trabajadores a entregar su capacidad de trabajo a cambio de un salario menor al valor correspondiente a su aporte; es esto o la indigencia. Una situación coyuntural en la que la elección se reduce a comida o hambre; alquilar o dormir en la calle.
El pueblo de la Argentina productora de alimentos, ha quedado subsumido a la avaricia de los “tres o cuatro vivos”, dueños de empresas agroalimentarias que han logrado un índice de concentración y acumulación que les permite estar ganando por goleada la “guerra de la inflación”. Empresarios que en las ideas dicen “ceder para ganar”, pero en las acciones, no ceden ni un tantito.
En nuestro informe “Inflado por los Precios, la Inflación y el Dólar” (Centro de Estudios Agrarios, marzo 2022) y en las conferencias “Todo Precio es Político”, aportamos en el señalamiento de la concentración de diferentes cadenas agroalimentarias, como así también, los aumentos y equivalencias entre salarios y mercancías.
Algunos datos muestran que el 87% de la molienda de la harina para pan, está concentrado en 3 empresas; 4 empresas concentran la molienda para fideos y 5 empresas concentran el 81% del Mercado; 4 empresas concentran el 50% del mercado de la Yerba Mate; el 91,8% de la industria azucarera está concentrado en 4 empresas; el 85% de la producción de aceite está concentrado en 4 empresas; solo 3 firmas concentran el 76% del durazno en lata; apenas 3 firmas concentran casi el 61,6% del tomate de industria; en la cadena láctea las primeras 3 empresas concentran alrededor del 35% de la recepción de leche, encabezado por La Serenísima y Saputo con unos 3,5 millones de litros recibidos por día; el 89% de la leche fluida para consumo es industrializada por 4 empresas; mientras que lo mismo pasa con yogures, donde se observa que el 90% está concentrado en 4 empresas.
Todo precio es político, la disputa es política. Algunos empresarios de la Argentina concentran y acumulan riquezas mientras democratizan desigualdades. Son los que al diálogo y al consenso responden “remarcando todos los días”, o reteniendo los granos de soja. Todo precio es político porque, además, esos actores empresarios se encuentran organizados, en sociedades como AEA o la COPAL, en una estrategia económica que desestabiliza la política del país. Urge, entonces, que el Estado intervenga con una política de precios que incline la balanza para el lado de los trabajadores, los productores, PyMEs y cooperativas. Lo estará haciendo en defensa propia.
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