Defender la patria de la guerra contra la inseguridad debe ser una de las banderas de todos los estados de bienestar. Sin embargo, cuesta entender esta necesidad —y más en la Argentina— porque existe una confusión ideológica que hace que se considere que esta lucha tiene que ser monopolio exclusivo de la ultraderecha.
Es que la negación en la matriz del progresismo de levantar esta bandera no sólo posibilita que los sectores que defienden el neoliberalismo tomen esa discusión como propia, sino que también, deja en soledad y a la deriva a los sectores populares que son los que más sufren el delito. Con solo encender la televisión vemos cómo siempre los sectores más vulnerables son los que terminan siendo víctimas del crimen organizado.
Aquí, en el clamor popular escuchamos al sentido común expresarse y sostener que “solo hay derechos humanos para el delincuente, nunca para las víctimas”, “que el Estado jamás aparece para prevenir el crimen o reprimir el delito cotidiano”. Por ello, es fundamental erradicar del imaginario colectivo esa imagen errónea de que el peronismo sólo defiende los derechos humanos de los que infringen la ley en detrimento y de los intereses de su pueblo.
A diferencia de los sectores más ricos que la sufren de manera marginal, en mucha menor proporción porque habitan en las burbujas de poder que les ofrecen los barrios privados y casas de campo de las zonas más acaudaladas del país. Ellos, que fueron los responsables de que el decil más rico gane 21 veces más que el que cuenta con menores recursos, ellos que fueron los responsables de llevar adelante un proceso colosal de transferencia de ingresos, luego inventan un partido político que pretende combatir la inseguridad que ellos mismos generaron y en un movimiento mágico obtienen los votos de aquellos sectores de la sociedad que exigen seguridad.
Por ello, las y los dirigentes se encuentran en la obligación de comprender que no hay que esperar a que se resuelvan los problemas sociales para comenzar a darle la pelea al delito. Claro que se tienen que toman medidas urgentes contra las causas que generan la delincuencia, pero también hay que ser duro contra ésta.
Hay que dejar de repetir ese cassette que vincula al aparato represivo de la última dictadura cívico-militar con nuestras fuerzas de seguridad. Los y las policías que están en la calle son trabajadores y servidores públicos que están dispuestos a dar la vida por lo que hacen, no tienen tatuado a Videla, Hitler o Mussolini en su pecho, eso sólo es una ilusión que el relato liberal metió por izquierda para demonizar a las fuerzas. Claro que puede haber integrantes de las fuerzas que, incentivados por ese discurso de los poderosos, del odio, del prejuicio, excedan las normas del Estado de Derecho, y sin duda eso no se debe permitir, hay que separarlos de la fuerza y castigar. Nunca más aplaudir una conducta como la de Chocobar desde la conducción de un Estado Democrático.
Sin embargo, es fundamental una política de seguridad para que el pueblo sepa de que el peronismo cuida a todos y a todas y solo puede lograrse haciendo uso del monopolio de la fuerza para ordenar a la sociedad, para llevarle la paz y el orden que tanto anhelan. Única forma posible de salir de ese bucle infinito de contradicción que pretende cuidar los intereses de las mayorías populares sin protegerlos de la violencia que viven a diario.
Hay que avanzar en los dos sentidos. Por un lado, igualar las condiciones para que especialmente les jóvenes, las mujeres y las disidencias, que son los que más sufren la marginación social, tengan la oportunidad de construir su presente y futuro en condiciones de vida digna, que alcancen la felicidad deseada. Por el otro, combatir con toda la fuerza de la ley al delito, en todas sus formas, brindar la tranquilidad a todos y todas las argentinas.
Ya lo sostuvo Eduardo Galeano: " se condena al criminal, y no a la máquina que lo fabrica", como se condena al fumador por el cáncer de pulmones y no a las tabacaleras por las sustancias químicas que le ponen a sus cigarros. Es necesario hacer las dos cosas.
Inseguridad y desigualdad: las madres de todas las batallas
17 de julio, 2021 | 12.07
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Antonio Colicigno
Magíster en Políticas Sociales e integrante del Grupo Artigas.
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