Casación reabrió dos causas contra CFK: otra vez el lawfare en el reino del revés

A 40 años del retorno democrático el calendario electoral está muy por encima del Código Penal y en los despachos judiciales la Constitución solo sirve para levantar el monitor donde se leen las sentencias mediáticas en la prensa corporativa. Así es en Comodoro Py, usina de operaciones del poder permanente. A poco de un mes de las elecciones, el mismo día y con una diferencia de minutos de que CFK anunciara su reaparición pública en la campaña tras dos meses de silencio, dos jueces nombrados por Mauricio Macri reabrieron las causas Memorándum con Irán y Hotesur. "Que no se note" ya no juega: es evidente que quieren que se note y mucho. La pregunta es: ¿a quién beneficia la cara de CFK en todos los portales acusada de pactar con asesinos y de lavar dinero de la obra pública?

Una vez más los operadores del lawfare fueron un reloj suizo: Comodoro Py mantuvo latentes las causas; Juntos por el Cambio bloqueó el tratamiento del pliego de la jueza Ana Figueroa en el Senado hasta que cumpliera 75 años; sin que el Senado tratara su caso la Corte la sacó de un plumazo, no fuera cosa que firmara un voto minoritario pero que dejara en evidencia el armado de sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, designados por Macri; acto siguiente Clarín y La Nación dieron la orden de largada y publicaron que los jueces Petrone y Barroetaveña tenían que firmar estos fallos; sus señorías obedecieron.

El lawfare al que es sometida CFK no tiene límites. En una de las causas reabiertas la acusan de negociar con supuestos asesinos: no está comprobada la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA, es la pista que se eligió seguir descartando otras como la siria, tal como la propia CFK denunció ya en el 2000. No hubo tal negociación: el Memorándum era un intento de que avanzara la causa por el atentado a la AMIA, estipulaba que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman viajaran a Irán a indagar a los imputados en el caso y nada más. No generaba la caída de las alertas rojas de Interpol, tal como aclaró su secretario general Ronald Noble al que no solo le negaron la posibilidad de declararlo en esta causa sino que le armaron otra para sacarlo del medio. Ni hablar que el Memorandum ni siquiera entró en vigencia ya que el parlamento iraní nunca lo aprobó, por lo que es imposible que algo que no sucedió generar un delito. En la otra le imputan lavar dinero proveniente de la obra pública a través del alquiler de sus hoteles, algo ya descartado. En ambas no hay ni una prueba contra CFK, pero el lawfare no es una cuestión judicial, es económica. Y en estas elecciones se vuelven a poner en juego proyectos económicos.

El lawfare, una vez más, es la táctica; la estrategia, el objetivo final, son los balances corporativos, beneficiarios finales de esta persecución. Esto no empezó ayer. No es casual que estas causas del lawfare comenzaran en 2013, en el segundo mandato de CFK, cuando los trabajadores alcanzaron el 50% en la participación en el reparto de la riqueza. Los empresarios ganaban dinero pero no querían este mal ejemplo ni lo quieren ahora, que ese reparto empeoró y mucho. El centro CIFRA de la CTA sacó la cuenta de cuanto fue la transferencia de riqueza del trabajo al capital entre 2017 y 2023 en base a la diferencia entre el crecimiento de la productividad y el estancamiento de los salarios. Fue de más de 100.000 millones de dólares al oficial, la mitad al ilegal, una deuda con el FMI entera. Aún así grandes y medianas empresas renegaron por el pago de un bono paliativo de 60.000 pesos en dos cuotas, que representa apenas el 1% de esa transferencia de riqueza. ¿Qué tiene que ver con las causas judiciales? Mucho, por no decir todo. Las cusas no son el fin, son apenas un medio para proscribir y/o atemorizar dirigentes políticos o candidatos. El mensaje es que el camino del reparto de riqueza termina en Comodoro Py.

En el caso del Memorándum fue más que evidente: en 2014 y 2015, los fondos buitre que por entonces litigaban contra el país para obtener más dinero que los acreedores que habían ingresado a los canjes de deuda de 2005 y 2010 financiaron campañas públicas donde acusaban a CFK de lo mismo que decía la denuncia del fiscal Nisman. ¿Les importaba el atentado a la AMIA a los fondos buitre? No, solo esmerilar a un gobierno que no aceptaba condiciones de pago leoninas y promover a su candidato opositor, Macri, que les prometió pagarles con creces.

Macri cumplió con los fondos buitre e intentó desviar la querella del Estado en el juicio por el encubrimiento del atentado. Lo denunció Mario Cimavedilla, nombrado por Macri en la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, cuando reveló que el entonces presidente y su ministro de Justicia Germán Garavano "querían encubrir a algunos amigos de ellos que estaban imputados en la causa". Que la enviada a juicio sea CFK y no Macri revela hasta que punto los tribunales están sometidos al poder económico. Que nadie recuerde que Nisman tuvo 10 años una fiscalía con presupuesto récord para un solo caso y no aportó nada también de cuenta de que no interesa el atentado sino la acusada. Ni hablar del dinero que Nisman tenía en cuentas en el exterior sin declarar.

En el caso del lavado es igual. Hugo Alconada Mon y su equipo, que participaron por La Nación en el trabajo sobre los Panamá Papers, estaban empecinados en encontrar a CFK. Los periodistas Frederiz Obermaier y Bastian Obermayer, que recibieron la filtración, contaron en su libro sobre el caso Panamá Papers: “Nuestros compañeros argentinos del diario La Nación estaban entusiasmados ante la perspectiva de airear los negocios secretos de su entonces presidenta. Pero tampoco encontraron pruebas de nada ilegal”. Sí había de Macri, pero Halconada Mon y La Nación decidieron no publicarlo antes de las elecciones en las que ganó la presidencia. Al día de hoy en la web de los Panamá Papers figura una imagen de CFK y no una de Macri. Pero el Poder Judicial argentino cerró sin más la investigación sobre las sociedades offshore de Macri.

En el caso de la causa Memorándum no es la primera vez que los jueces de la Cámara de Casación la reabren. Es la segunda. El 29 de diciembre de 2016 los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos la reabrieron luego de que fuera descartada en 7 oportunidades. El 26 de dicembre, 6 días antes, Borinsky se había juntado con Macri en Olivos, su sexto encuentro tal como reveló El Destape. Hotesur es la primera, luego de que CFK fuera sobreseída. Ahora revocaron su sobreseimiento y el de Máximo Kirchner. Mantuvieron el de Florencia Kirchner, a quien habían acusado de integrar una asociación ilícita a los 13 años tras la muerte de su padre.

El lawfare, una vez más, es utilizado no sólo como política económica macro sino también para un tema económico coyuntural. Mientras el Congreso se prepara para discutir la posibilidad de eliminar privilegios impositivos a jueces, directivos de empresas y grandes propietarios rurales los escribas de ese poder permanente turcen la agenda pública hacia las causas armadas contra CFK. No hay casualidades: las causas judiciales para tapar medidas económicas fueron una constante durante el gobierno de Macri. Ahora hasta practican esa especialidad desde la oposición.

Otra vez el lawfare en el reino del revés: los que quisieron encubrir el atentado a la AMIA y forjaron su fortuna con sociedades en guaridas fiscales darán discursos de ética, la que denunció en soledad durante años ese encubrimiento y generó 50-50 de reparto de la riqueza estará en el banquillo.