Hace más de 11 semanas que el Estado de Israel vive las protestas ciudadanas más importantes de su historia. Todo comenzó cuando Benjamín Netanyahu, quien desde diciembre de 2022 es Primer Ministro por sexta vez de la mano de una coalición de extrema derecha, promovió un proyecto de reforma judicial a imagen y semejanza de sectores ultrasionistas y libertarios.
Las protestas escalaron durante los meses de enero y febrero, y el pasado 15 de marzo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, con un origen en el Partido Laborista Ha‘Avoda, afirmó “quien piense que una verdadera guerra civil, donde están en juego vidas humanas, es una frontera a la que no llegaremos, no entiende lo que está pasando”, en un claro mensaje a su Primer Ministro, el verdadero jefe político del Estado ubicado en las costas surorientales del Mar Mediterraneo.
El descontento terminó de asumir ribetes de estallido social la última quincena de este mes de marzo, cuando las protestas alcanzaron a amplios sectores sociales. El domingo 26, más de medio millón de israelíes salieron a las calles a manifestarse tras el cese del ministro de Defensa. Las manifestaciones, que según medios locales concentraron entre 600 y 700 mil personas, tuvieron lugar en distintos puntos del país, sobre todo en las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén.
Luego de las mismas, el pasado lunes 27 de marzo, se supo que los universitarios seguían ocupando sus casas de estudio; Histadrut, el sindicato de trabajadores más grande del país, llamó a la huelga a sus trabajadores, incluidas las misiones diplomáticas de ese país en el mundo; el Foro Empresarial de Israel publicó una carta oponiéndose a la reforma; la Asociación Médica de Israel proclamó una “huelga completa en el sistema de salud”; e incluso cientos de reservistas de las Fuerzas Armadas se negaron a prestar servicio en señal de protesta, por lo que Herzi Halevi, Jefe del Estado Mayor israelí tuvo que salir públicamente a recordar que los reclutas de las IDF, las Fuerzas Armadas de Israel, tienen la misión de “proteger al país y mantener unido al Ejército”.
El mismo día, las tratativas para frenar la reforma judicial por parte del Presidente, jefe de Estado pero no de Gobierno, eran explícitas. “Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad, pido (a Netanyahu) que detenga inmediatamente el proceso legislativo”, escribió Isaac Herzog en Twitter a primera hora de la mañana del lunes 27, luego de las masivas protestas y las grietas abiertas hasta en las propias Fuerzas de Defensa.
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No es una reforma judicial, es un golpe contra la Paz
La reforma planteada es la mayor remodelación del poder judicial israelí desde la fundación del Estado en 1948. Los partidarios de los cambios que se quisieron introducir, casi inmediatamente después de que entrara en funciones el nuevo gobierno de Netanyahu y sus socios neofascistas, argumentan que la reforma es necesaria para un mejor equilibrio de los poderes del Estado y para combatir la percepción de que las sentencias del tribunal tienen un sesgo izquierdista.
Sus críticos sostienen que la reforma promovida por la coalición gobernante otorgará demasiado poder a los políticos sobre el poder judicial, al darles una voz decisiva en el nombramiento de los jueces y permitir que una mayoría simple de la Knesset, el Poder Legislativo de Israel, anule casi todas las decisiones del Tribunal Superior. Se sospecha, no sin argumentos, que de aprobarse la reforma, esta podría ayudar a Netanyahu a evitar ser procesado en sus múltiples denuncias, particularmente por corrupción y malversación de fondos.
La raíz de la reforma planteada está en como los sectores neofascistas y ultrarreligiosos judíos de la coalición gobernante perciben a la Corte Suprema, a la que consideran un tribunal izquierdista que interviene en exceso en las decisiones legislativas y del ejecutivo al punto de anteponer los derechos de las minorías a los intereses nacionales. Un ejemplo de esto sucedió en julio de 2021, cuando el Tribunal Superior falló contra unos requisitos de la ley de gestación subrogada, que excluían de forma discriminatoria a algunos hombres, y el Ministerio de Salud tuvo que modificar la ley para permitir a “cualquier persona en Israel” tener embarazos subrogados, para incluir a hombres solteros y personas transexuales.
Sin embargo, todo parece indicar que la reforma judicial es un intento por legalizar la violencia sistemática del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, algo que hasta la ONG Amnistía Internacional definió como un crimen de Lesa Humanidad y un nuevo “apartheid”. Sin vueltas, la reforma planteada es una herramienta clave para que la Corte Suprema no declare ilegales los asentamientos judíos en territorio de Palestina, que el actual gobierno promueve, y no pueda revisar el cambio de dirección y la transferencia de la administración militar a la autoridad civil de esos territorios ocupados, algo prohibido por toda la normativa del derecho internacional.
Think Tanks neoconservadores y libertarios están detrás de la Reforma
Detrás de la reforma judicial de tinte neofascista en Israel se encuentra el Foro Político Kohelet, un think tank fundado en 2012 que se ha dedicado a redactar leyes y elaborar documentos políticos neoconservadores y libertarios, con un “equipo” público de más de 48 investigadores y analistas. Moshe Koppel, su Presidente, creció en los Estados Unidos y se trasladó a Israel en la década de 1980 luego de recibirse de Doctor en Matemáticas de la Universidad de Nueva York y un posdoctorado en el Instituto de Estudios Avanzados (IAS) de Princeston, conocido por sus destacadas figuras en las matemáticas y la física, pero también en la teoría económica y la política internacional. “No quiero parecer arrogante”, dijo a Ami, una revista judía ortodoxa, en 2019, “pero en cierto sentido somos el cerebro de la derecha israelí” (NYT, 21/03/2023).
Se presume que el principal aportante a Kohelet es Arthur Dantchik, un multimillonario estadounidense de 65 años que tiene un patrimonio neto estimado de 7.200 millones de dólares, ocupando un lugar más alto en la lista Forbes 400 que magnates de la talla de Mark Cuban y George Soros (NYT, 21/03/2023). Dantchik es cofundador de Susquehanna International Group, una poderosa empresa financiera privada con sede en Filadelfia y oficinas en todo el mundo, y sus vinculaciones con el Think Tank judío de matriz neofascista fue denunciada en el periódico israelí Haaretz por Bloque Democrático periódico israelí Haaretz, una ONG de Israel que estudia el accionar político de los grupos de derecha del país.
Cuando, finalmente, el martes 28 de marzo comenzaron las negociaciones promovidas por el Presidente Herzog entre el oficialismo y los dos principales grupos de la oposición parlamentaria de Israel el monstruo salió a la luz. Likud, el partido de Netanyahu y referencia de la coalición gobernante, está representado en la mesa de diálogo “por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el secretario del Gabinete, Yossi Fuchs; el jefe del departamento legal de la conservadora organización sin fines de lucro Kohelet Policy Forum, Aviad Bakshi, y la profesora de derecho Talia Einhorn, informó el diario Haaretz” (Página 12, 29/03/2023).
Sólo el Pueblo podrá abrir el camino a la Paz y al entendimiento con Palestina
La demostración de fuerza de los manifestantes populares frenó la reforma judicial de Netanyahu. Por supuesto, también aportaron a frenar la iniciativa la enorme presión internacional, que incluyó hasta un llamado de Joe Biden a Netanyahu. Sin embargo, pareciera que lo determinante fue la convocatoria de una huelga general por parte de los sindicatos que hizo crujir las bases del Gobierno de Israel.
Netanyahu anunció que el tratamiento parlamentario de la reforma judicial se aplazaba para luego de las vacaciones de la Pascua judía, del 5 al 13 de abril, cediendo así en parte a las exigencias de los dirigentes opositores y la ciudadanía movilizada. “Cuando es posible impedir una guerra civil mediante el diálogo, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar”, declaró Netanyahu en una esperada intervención televisada.
Muchos de los manifestantes vieron la paralización de la reforma como una victoria que, de todas formas, no deja de ser parcial. “El gobierno ha llevado a Israel al borde de la destrucción y todavía amenazan con desmantelar la democracia. Un congelamiento temporal no es suficiente y las protestas nacionales continuarán intensificándose hasta que la ley sea rechazada por completo en la Knesset”, declaró el Movimiento Paraguas contra la Dictadura, que reune a varios grupos políticos y movimientos sociales.
De esta forma, el gobierno abrió una ventana de negociación hasta julio sobre una reforma visualizada por amplios sectores sociales, incluido actores económicos y militares, como una amenaza para la democracia. Netanyahu cesó el domingo 26 a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que este se pronunciara públicamente a favor de frenar la reforma ante el amplio rechazo provocado en la población. La situación llevó incluso a una peligrosa sublevación de miles de reservistas, suboficiales, oficiales y retirados de las fuerzas armadas de Israel.
En esta ola de protestas, los grandes ausentes son las y los palestinos. Muchos de estos, incluso con ciudadanía israelí, no se sienten interpelados a protestar. En gran medida creen que no se reivindican realmente sus derechos y ven lo sucedido como un conflicto entre sectores de la elite de Israel.
La ocupación de los territorios palestinos no fueron asuntos prioritarios en las protestas, aunque como en otros días, este lunes hubo un pequeño grupo de activistas israelíes que lucieron banderas palestinas e instaron a terminar con la ocupación. "No hay tal cosa como democracia con ocupación", cantó este grupo de manifestantes, mientras que policías israelíes decomisaban sus banderas y los detenían.
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