"El gobernador sale a gritar a los cuatro vientos en Buenos Aires que coincide con Alberto y sus politicas económicas. Digo, si hay tanto acuerdo, ¿por qué no comienzan a charlar ya sobre la libertad de todos los presos políticios de Jujuy?" se preguntó esta semana Milagro Sala, la líder social jujeña que lleva cuatro años y seis meses privada de su libertad.
La escuchaban jueces y fiscales de Justicia Legítima, un colectivo donde participan magistrados y funcionarios del gobierno nacional. Fuerte y claro, Milagro coronó su exposición poniendo el dedo en la llaga: "Ya no sabemos dónde reclamar, nadie nos escucha. No hay justicia para nosotros. Parece que priorizan los acuerdos políticos a la justicia social".
La embestida judicial sobre Milagro y sus compañeros se activó apenas el macrismo arribó al poder. Su prisión abusiva inició el proceso de persecución a opositores bajo el mecanismo de Lawfare ejecutado por tres poderes: político, mediático y judicial.
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El carcelero de Milagro es el gobernador Gerardo Morales, autócrata de Jujuy. Su primer acto de gobierno fue alterar y manipular la Corte para cumplir con su promesa de campaña: meter presa a la dirigente y desmantelar a la Tupac, cuya monumental obra fue ejemplo de empoderamiento aborigen y organización social.
La caída del macriato suponía el fin del Lawfare, pero a casi un año del nuevo gobierno, la mayoría de las víctimas permanecen en estado de persecución. "Es un tema de la justicia" suelen decir, palabras más o menos, los funcionarios del Ejecutivo cuando se los interroga sobre los compañeros de espacio político privados de su libertad. Una gambeta técnica para una indefinición incómoda.
La resolución de las prisiones políticas no corresponde a "la justicia" (cómplice de la persecución), sino a la política, que ensambló el monstruo mediático-judicial. En el caso de Milagro, el gobierno tuvo una oportunidad de cambiar la historia al comienzo de su mandato, con la fuerza que otorga el triunfo electoral. En esos días, el senador Guillermo Snopek presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. La propuesta se sustentaba en las escandalosas maniobras de Morales para meter presa a Milagro y copar los tribunales, como la ampliación de la Corte provincial con magistrados adictos, el nombramiento de familiares en cargos clave, y la designación a dedo de los jueces y fiscales que persiguieron a Milagro "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas", según confesó en un audio el ex presidente del Tribunal Superior, Pablo Baca.
El proyecto de Snopek tomó estado parlamentario a principios de marzo y se fijó fecha de tratamiento en la comisión de Asuntos Parlamentarios para fin de ese mes. Pero en el medio apareció la pandemia que lo alteró todo: prioridades, calendarios y relaciones de poder.
Luego de hacer un desastre con la economía y la salud de los jujeños, el principal capital político de Morales es la prisión de la dirigente que más lo desafió. En el gobierno consideran que la fragilidad política doméstica del gobernador es una oportunidad para sumar brazos en el Legislativo, tender puentes con el radicalismo que gobierna y meter una cuña en la oposición. La real politik muestra frutos: dos diputados jujeños votaron con el oficialismo la ley de "aporte solidario" de las grandes fortunas, los dos senadores jujeños y el correntino (del radical Gustavo Valdés) avalaron la ley de presupuesto 2021, y los tres gobernadores radicales (Morales, Valdés y Rodolfo Suárez de Mendoza) firmaron el Pacto Fiscal que el FMI puso como condición para sentarse a negociar.
Durante el macriato, buena parte de los dirigentes que integran el Frente de Todos posteaban fotos con la mitad de su rostro tapado por una imagen del rostro de Milagro. La campaña, iniciada a fines 2016, reclamaba por una Navidad sin presos políticos. Si todo sigue como hasta ahora, en un mes Milagro Sala pasará su quinta Navidad presa.
Total normalidad.
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