Hace unas horas, el ex marino Roberto Guillermo Bravo, fue condenado en un juicio civil, en una corte de Florida (EE.UU), por su responsabilidad en la Masacre de Trelew a poco de cumplirse 50 años del fusilamiento de 16 militantes de Montoneros, FAR y ERP que no lograron concretar el plan de fuga del Penal de Rawson el 22 de agosto de 1972.
La Argentina de aquél entonces estaba a siete meses de las primeras elecciones sin proscripciones luego de 18 años. Así las cosas, puede suponerse que Trelew constituyó un germen del Terrorismo de Estado que se implementaría a partir de marzo de 1976. Trelew fue un punto de llegada de la represión sembrada en los fusilamientos de la Patagonia Rebelde o en los basurales de José León Suárez y al mismo tiempo fue un punto de partida con mensaje claro hacia adelante: “para nosotros no habrá norma, legalidad o derecho para con los detenidos desarmados”. Trelew se inscribe en la ruptura de todo orden: detenidos legalizados en un penal de máxima seguridad que son fusilados a cara descubierta por Roberto Bravo, entre otros. Margarita Belén, “los vuelos de la muerte”, los “enfrentamientos nocturnos” le devolvieron clandestinidad a aquello que fuera público y notorio en Trelew.
Suena paradójico que una dictadura respete reglas, pero hasta la guerra tiene convenciones y regulaciones que la rigen. La guerra como ejercicio de dominación constituye un acto de masiva ilegalidad e ilegitimidad, pero aun así la guerra tiene códigos y tratados. Los crímenes de guerra (una ilegalidad dentro de la otra) violan el estatuto que gobierna a la barbarie. Trelew se inscribe como barbarie en la historia argentina y no porque hubiese habido guerra o crimen de tal, sino porque pese a todo operaba en la época cierta formalidad jurídica. Se presentaban recursos de habeas corpus y se permitían defensas técnicas en favor de los detenidos políticos. E insisto: las elecciones libres después de 18 años se encontraban próximas.
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La Armada y su sumario brindaron una explicación pobre y perezosa: Mario Pujadas, en un intento de fuga atacó al Capitán Luis Sosa, haciendo que los guardias reaccionaran fusilando a todos los detenidos. Contra ello el Poder Judicial le encomendó una pericia de reconstrucción sobre los hechos a profesionales del Centro Atómico de Bariloche. El físico forense, Rodolfo Pregliasco, en el 2008 comandó una investigación en las instalaciones del edificio de la Base Almirante Zar, como lo hiciera en los casos del asesinato de Teresa Rodríguez, las muertes de Kosteki y Santillán, la desaparición de Miguel Bru, la represión en Plaza de Mayo durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001.
En una tarea “arqueológica” el Grupo de Física Forense, relevó capas de pintura después de 40 años, proyectó rayos gamas sobre las paredes, realizó 95 gamagrafías de las cuales 90 se practicaron sobre el sector de la pared correspondiente a lo que en 1972 era el fondo del pasillo del sector calabozos. “En ese sector fue donde se hizo esta última irradiación y previa a la misma, se introdujeron tres cilindros de plomo con el propósito de contar con el registro de un elemento de plomo de dimensiones conocidas que sirvan de identificación de elementos del mismo material”, según la extensísima y celosa pericia.
En su reciente declaración en la Corte de Miami, Bravo fue muy locuaz en cuanto a los supuestos disparos que habría hecho Pujadas, cuestión que sirvió para que el físico Rodolfo Pregliasco, citado a declarar en esa audiencia, en base a la referida investigación, demostrara que los supuestos disparos que documentaron los miembros de la Armada eran falsos y qué solo estaban destinados a justificar la masacre.
¿Y cómo sabe la trayectoria de la bala solo con dos orificios? – interrogó uno de los abogados de Bravo al perito Pregliasco en la audiencia del anteayer.
El perito entre irónico y didáctico, dijo levantando el índice para dibujar en el aire:
Es que dos puntos definen una recta.
Hubo una sonrisa incómoda suficiente para no preguntarse más. “Es que en este ambiente se le tienen mucho miedo a la matemática o la física más simple, pero más miedo se tiene a la realidad porque les gusta argumentar sobre lo que se imaginan”, comentó el perito al finalizar la audiencia.
Bravo deberá pagarles a los familiares de las víctimas 27 millones de dólares. Su huida a Miami y negativa de extradición no le fue gratuita.
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