En el último tiempo la Cámara de Diputados se ocupó exclusivamente de la reforma de la ley Nacional de Alquileres, una norma que el Congreso sancionó hace menos de 2 años y tiene apenas un año de vigencia durante los cuales el Estado hizo nada para que se cumpla.
Esta ley reconstituyó derechos básicos en favor de 9 millones de personas que dependen del alquiler para acceder a la vivienda. La norma recuperó el rol del Estado en la más desigual de las relaciones, terminando la desregulación que la última dictadura cívico militar impuso en favor de la cadena de comerciantes e intermediadores que, en más o en menos, se enriquecen a costa del bolsillo inquilino.
Esa desregulación de facto subsistió hasta apenas 22 meses atrás. 40 años le demoró a este Congreso superarla con esta legislación que, dos años después de sancionada, se debate su modificación ¿Por qué?
El sistema inmobiliario –compuesto por la corporación, medios concentrados y sectores de la política con intereses en los negocios inmobiliarios- operó desde el primer día por la eliminación de esta ley. En ese objetivo, activó todo tipo de mecanismos de deslegitimación e incertidumbre sobre la ley hasta naturalizar la idea de su fracaso.
En franca similitud con la década privatizadora, la construcción política del fracaso de la ley se constituyó en luz verde para que la corporación inmobiliaria se apropiase de esta política de estado y manejase a su antojo el alquiler de vivienda en la Argentina.
Flexibilización o derechos
En los próximos días el pleno de Diputados tratará en sesión especial la reforma de la Ley de Alquileres. A debate y votación irán dos proyectos contrapuestos que, de una vez por todas, confirman que –en el marco de relaciones desiguales- no hay neutralidades ni equilibrios posibles, sino derechos e intereses
El proyecto del FdT,
- sostiene el plazo de 3 años, la actualización anual según índice oficial
- define que el índice sea el techo, pudiendo combinarse un aumento menor
- permite que el depósito se pague en hasta seis cuotas
- crea garantías públicas para trabajadores monotributistas
- incorpora la obligación de aceptar pagos electrónicos
- sostiene la obligación de registrar el contrato en AFIP
- crea un organismo de control.
El de Juntos por el Cambio + Graciela Camaño,
- reduce el plazo mínimo de los contratos de 3 a 2 años
- locador puede exigir cualquier cantidad de meses de anticipo (hoy solo 1)
- legaliza los contratos basura de tres meses
- establece que el alquiler se actualice por trimestre (hoy es cada 12 meses)
- el aumento lo decide la locadora (hoy el índice oficial da por debajo de la inflación)
- elimina la sanción prevista por ley para quien no registra contrato
- le quita al inquilino el derecho a informar su alquiler en AFIP.
Quienes en este tiempo se rasgaron las vestiduras arguyendo que la ley actual perjudica a locadores e inquilinos por igual, acordaron la peor de las propuestas para quienes alquilan. En su objetivo corporativo, esta “Ley de las Inmobiliarias”, como la define la Federación de Inquilinos Nacional, legaliza la apropiación de la política pública y el predominio del Mercado por sobre el Estado en materia de vivienda, ratificando todas y cada una de las prácticas perversas que en lo cotidiano se le impone al inquilino como condición de acceso a la vivienda.
El panorama es claro, saludablemente claro. Flexibilización para favorecer los negocios o más derechos para la población.
Cerrar sesión