"El principio de libertad económica no se vulnera, ni siquiera se empaña cuando el Estado dirige la economía, de la misma manera que la libertad de transitar libremente por el país no queda afectada cuando se encauza o se dirige por determinadas rutas, en vez de permitir, que, galopando a campo traviesa, se causen daños irreparables a terceros, sin conseguir de paso, provecho alguno para el viajero. El Estado puede orientar el ordenamiento social y económico sin que por ello intervenga para nada en la acción individual que corresponde al industrial, al comerciante, al consumidor. Estos, conservando toda la libertad de acción que los códigos fundamentales les otorgan, pueden ajustar sus realizaciones a los grandes planes que trace el Estado para lograr los objetivos políticos, económicos y sociales de la Nación”. (J.D.Perón, 06-09-1944)
En un contexto mundial marcado por crisis globales, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propuesto en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, bajo la administración del presidente Javier Milei, se presenta como una política perjudicial para la soberanía y el desarrollo sostenible de Argentina. Esta iniciativa, que busca atraer inversiones extranjeras ofreciendo extraordinarios beneficios jurídicos, fiscales, aduaneros y cambiarios, plantea serias amenazas a la autonomía nacional y atenta contra el bienestar del pueblo argentino.
La propuesta del RIGI promete estabilidad jurídica por un período de 30 años para proyectos que impliquen una inversión mínima de 200 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, esta pretendida estabilidad se consigue a un costo demasiado alto. Al otorgar condiciones privilegiadas para la explotación de recursos naturales estratégicos a capitales extranjeros, se está sacrificando el control soberano sobre los recursos y perpetuando un modelo de desarrollo extractivista y neocolonial.
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En un mundo donde las megatendencias reconfiguran la economía global, como destaca la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en su informe sobre el Desarrollo Industrial (2024), Argentina necesita políticas industriales modernas y sostenibles. La transición energética, la cuarta revolución industrial y las tendencias demográficas demandan estrategias que fortalezcan la industrialización, la innovación y la competitividad local. Contrariamente, el RIGI consolida un modelo primario exportador, regresivo en términos fiscales y destructivo para el entramado productivo nacional.
El RIGI no sólo ignora las necesidades de diversificación y desarrollo industrial, sino que también facilita una competencia desleal. La eliminación de aranceles y la exención de impuestos para bienes de capital importados aplasta a las pequeñas y medianas empresas nacionales (PYMES), que no gozan de los mismos beneficios y se ven forzadas a competir en condiciones desfavorables.
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Además, el régimen profundiza las asimetrías globales y regionales. Al promover una economía de enclaves, Argentina se arriesga a quedar atrapada en relaciones de dependencia postcoloniales, donde las inversiones extranjeras operan de forma aislada y sin integración significativa con la economía nacional. Este enfoque no contribuye al desarrollo local ni a la creación de empleo sostenible, por el contrario opera perpetuando la desigualdad y la concentración y extranjerización de los recursos naturales.
Según la Constitución Nacional de la República Argentina, los recursos naturales son propiedad de las provincias, y cualquier medida que interfiera con esta soberanía territorial amenaza el sistema federal del país. La presentación de balances comerciales en moneda extranjera y la resolución de disputas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) son otros puntos críticos que demuestran la cesión de soberanía económica y jurídica a actores internacionales.
Por todas estas razones, repudiamos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto no sólo representa una amenaza a la soberanía y democracia argentina, sino que también obstaculiza el desarrollo económico sostenible y equitativo. Convocamos al presidente Javier Milei a formular políticas que promuevan la industrialización sostenible, la diversificación económica y la creación de empleo, priorizando el bienestar del pueblo argentino y la protección de sus recursos naturales.
En lugar de ceder a las presiones de capitales extranjeros, Argentina debe fortalecer su integración y cooperación regional en el marco del MERCOSUR, desarrollando políticas industriales modernas que respondan a los desafíos globales y aseguren un futuro próspero y soberano para todos sus habitantes.
*Parlamentario del MERCOSUR y ex intendente de Cañuelas.
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