Cuán necesaria es la memoria, cuán común es el olvido, una y otro juegan sus cartas en los ámbitos domésticos como en lo público. Cuán importante es, entonces, ser conscientes de ello antes de que se nos imponga un final de juego que nos reste participación y nos robe el futuro.
El fraude electoral como sistema, funcional a los negociados
Con el derrocamiento del gobierno de Hipólito Yrigoyen (6/9/1930) se inicia un extenso período de recurrentes interrupciones de la institucionalidad republicana, con golpes de Estado -formales o no- que tuvieron dicha consecuencia y fueron dando nacimiento al “partido militar” como herramienta de los grupos de poder real.
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Esa asonada militar fue la que dio paso a una etapa conocida como “la década infame” y que, a partir de 1932 con la fórmula “electa” fraudulentamente del general Juan P. Justo y Julio A. Roca (h), su rasgo más distintivo fue la instauración del “fraude patriótico” para evitar que la “chusma” como se concebía al pueblo llano -hoy bien podría identificarse con el populismo- gravitara en las decisiones políticas fundamentales, en la organización y funcionamiento de los Poderes del Estado y, por supuesto, en la elección de sus representantes en todos los niveles de gobierno.
De allí en más, se acentuó el carácter elitista de los gobiernos como las maniobras espurias para arrogarse el triunfo electoral, en comicios viciados de las más diversas maneras (voto cantado y restringido electorado, manipulación de padrones, utilización de documentos de personas fallecidas o “tomados prestados” para sumar a los resultados pergeñados, impedimentos groseros -incluso violentos- para ejercer el voto, urnas con doble fondo repletas de boletas, rechazo de fiscales opositores).
Una época en que la oligarquía respondía -por codicia y cipayismo- al imperialismo británico, en que los presidentes se elegían en una suerte de “primarias” que se realizaban en fastuosas reuniones en el Club Inglés de la ciudad de Buenos Aires.
Por supuesto que, tan engolados y distinguidos caballeros -hoy serían llamados la “gente de bien”-, actuaban en función de sus intereses y negociados ligados a los de Gran Bretaña sin reparo alguno por el empobrecimiento de la población, ni por la defensa de la soberanía nacional.
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Un dramático desenlace que es preciso rememorar
En aquellos tiempos uno de esos turbios negocios resultó del pacto Roca-Runciman, el primero vicepresidente de la República y el segundo encargado de negocios británico, celebrado en Londres el 1°/5/1933, mediante el cual se comprometía el 85% de la exportación de carne argentina exclusivamente a los frigoríficos británicos (Anglo, Swift, Armour, La Blanca, Wilson y Smithfield) y se les garantizaba a precios muy inferiores de los que regían en el mercado internacional.
Además, el gobierno nacional hizo otra serie de concesiones adicionales, como liberar de impuestos a los productos ingleses de importación y obligarse a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos que pudieran hacerles competencia, entre otros muchos beneficios. Sometimiento, que se condecía con la concepción de que nuestro país desde el punto de vista económico era parte integrante del imperio británico, como lo manifestara Julio A. Roca (h), expresamente, en el agasajo de recepción que le dispensaron sus anfitriones ingleses en aquella ocasión.
En mayo de 1935 Lisandro de la Torre acusó por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift señalando un entramado de corrupción e impulsó, como Senador, la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara Alta, reuniendo numerosas pruebas en sustento de su denuncia y que vinculaban directamente a dos de los principales ministros del presidente Justo (Federico Pinedo, de Hacienda y Luis Duhau, de Agricultura).
Lisandro de la Torre (1868-1939) fue abogado, escritor, periodista y desplegó una extensa actividad política, en sus inicios, ligado a Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle contándose entre los fundadores de la Unión Cívica Radical, para luego desempeñarse en los partidos Liga del Sur y Demócrata Progresista de los que también fue fundador.
Si bien imbuido de ideas liberales, a diferencia de muchos de los referentes que en la actualidad se dicen tales y más aún de los que se proclaman “libertarios”, profesaba una auténtica convicción democrática, republicana y con elevada sensibilidad social, junto a un nacionalismo que abrazaba con genuino fervor. Esas condiciones unidas a una honradez inclaudicable, una fuerte personalidad y a una oratoria deslumbrante, hicieron de él un personaje incómodo y peligroso para quienes medraban con la expoliación de la Argentina.
En la sesión del 23 de julio de 1935, en que eran interpelados los ministros Pinedo y Duhau, mientras se desarrollaba una fuerte discusión con De la Torre en la que fue agredido físicamente por Duhau, salió en su defensa el Senador electo -también por Santa Fe, su amigo y estrecho colaborador partidario- Enzo Bordabehere, quien recibió tres balazos por la espalda de un matón (ex comisario y vinculado a Duhau). Su muerte salvo la vida de Lisandro de la Torre, a quien estaban destinadas esas balas.
"Se conoce el nombre del matador, pero hace falta conocer el nombre del asesino", diría De la Torre tras el asesinato de Bordabehere, y meses más tarde en la sesión del 10 de septiembre de ese año, sostuvo: “Para terminar, diré que sería absurdo pensar en que el debate sobre la investigación del comercio de carnes pudiera continuar con mi intervención mientras subsistan en mi espíritu las dudas que mantengo acerca de que se trajo a este recinto un guardaespaldas, extraído de los bajos fondos, para gravitar sobre su resultado. Los indicios que existen son tan vehementes, que no me es posible prescindir de ellos. Si lo hiciera, faltaría al respeto y al afecto que debo a la memoria del doctor Bordabehere, y autorizaría a cualquiera a poner en duda la sinceridad de mi indignación”.
En 1937 de la Torre renuncia a su banca, apesadumbrado por la indiferencia de la clase política y, dos años después, se suicida de un tiro en el corazón.
Casi 50 años más tarde, en 1984, se estrenó una película (“Asesinato en el Senado de la Nación”) dirigida por Juan J. Jusid y ganadora de numerosos premios, que hacía un estremecedor relato de esos sucesos y una fiel semblanza del clima de época. Para quienes no son afectos a las lecturas históricas o políticas, bien vale la pena que dediquen un par de horas a ver ese film nacional.
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Una lucha sindical que hizo historia
El Frigorífico y Matadero Municipal emplazado en el barrio de Mataderos, empresa estatal fundada en 1923, originalmente propiedad de la ciudad de Buenos Aires y transferida al gobierno nacional en 1950, en el que llegaron a trabajar 9000 personas, pasó a llamarse “Frigorífico Lisandro de la Torre” en 1957.
Con motivo de los acuerdos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a menos de un año de haber sido electo presidente, Arturo Frondizi avanza con las privatizaciones entre fines de 1958 y comienzos de 1959, entre las cuales estaba el Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, un establecimiento modelo que empleaba 8000 trabajadoras y trabajadores a la par de sostener una enorme cantidad de actividades sociales, empresarias y laborales indirectas.
El 10 de enero de 1959 Frondizi envió al Congreso un proyecto de Ley de Carnes que establecía la privatización del frigorífico, que se indicaba como necesaria para alcanzar una drástica reducción de empleados públicos y del gasto del Estado -comprometidos con el FMI-. Proyecto, que fue aprobado por ambas Cámaras en un trámite sumarísimo en tan solo cuatro días y sin consideración alguna del Plan productivo alternativo presentado por el Sindicato de la Carne, dando origen a un conflicto sindical y social que derivó en la toma del frigorífico con claro apoyo del Movimiento Obrero en su conjunto -que convocó a un paro general-, del movimiento estudiantil y de sectores empresarios y, también, contó con el acompañamiento activo de la población del barrio.
“El jueves 15 de enero las calles del barrio de Mataderos, en la Capital Federal, presentaban un aspecto extraño. Los talleres cerraban, la gente discutía. En realidad, nadie había dormido la noche anterior. En una larga asamblea, los 8.000 trabajadores del Frigorífico Lisandro de la Torre resolvieron ocuparlo. Era lo único que se podía hacer, luego de que, entre los gallos y las madrugadas del miércoles, los legisladores aprobaran la privatización del establecimiento. Los obreros se sentían trampeados. El mismo martes (13 tenía que ser) que Frondizi envió el proyecto de ley, se habían plantado en el Congreso. ‘Era tal la efervescencia -contaría después Sebastián Borro, secretario general de los trabajadores del frigorífico- que el presidente del bloque oficialista, Gómez Machado, nos prometió delante de la prensa suspender el tratamiento del tema hasta que nos entrevistáramos con el Presidente, al día siguiente. Y le creímos’. Cada cual se fue a descansar hasta que los despertó la noticia de que la venta del frigorífico ya era ley, que hasta los inválidos habían sido llevados a votar. (…) Impotentes, desconcertados, fueron de todos modos a Olivos (los animaba la idea de obtener el veto presidencial). ‘No hay ninguna audiencia’, les dijeron, y los mandaron de despacho en despacho hasta que regresaron al frigorífico a relatar lo sucedido. Estaban todos reunidos junto al mástil. La reacción fue una sola y salió de adentro. ‘Aquí nos quedamos y a esto, como siempre, lo hacemos funcionar nosotros’. Y se quedaron. (…) El jueves 15 se concretaba la audiencia en la quinta presidencial. Así la reflejaron los diarios: ‘Frondizi fue categórico. La ley es la ley y se cumplirá estrictamente’ (…) ‘Usted habrá leído mucho. Tendrá intelectualidad, pero para traicionar al pueblo y no para defender los intereses del país. Nosotros, que somos simples trabajadores, con una mediana cultura, tenemos eso que a usted le falta, conciencia en la defensa de la Patria...´, recordaba Sebastián Borro que le dijo al presidente Frondizi. (Revista CRISIS, nota de Lila Pastoriza: “La defensa del frigorífico Lisandro de la Torre).
El gobierno reaccionó con una represión brutal en la que participaron fuerzas policiales y militares, carros de asalto e incluso tanques de guerra, cientos de personas fueron encarceladas -entre ellas el propio Sebastián Borro- y 5000 empleados despedidos. La venta fracasó por falta de oferentes y, finalmente, el frigorífico fue privatizado entregándolo a una Corporación de productores (CAP), en una operación turbia y plagada de actos de corrupción.
En 1974 nuevamente pasó a manos del Estado nacional, conformándose en el Congreso una Comisión Investigadora de lo acontecido cuando su privatización y cuya labor fue truncada por el golpe de Estado de 1976 que se desentendió de ese tema y, tres años después, la dictadura cívico militar puso fin a la existencia del frigorífico y dispuso demoler sus instalaciones.
La Ley Banelco
El Senado vuelve a ser escenario de oscuros episodios en el año 2000, por las denuncias de coimas que incluso arrastran a una fractura en la Alianza gobernante que un año antes triunfara con la fórmula De la Rúa–Carlos (Chacho) Álvarez y lleva hasta a la misma renuncia del vicepresidente electo.
Una “Reforma Laboral”, cuando no, que implicaba una serie de beneficios, subsidios y reducciones de las contribuciones a la seguridad social para los empleadores, con el declarado propósito de generar más puestos de trabajo; que introducía modificaciones flexibilizadoras con pretensiones “modernizantes” (habilitando la duplicación del período de prueba al ingresar al empleo y su cuadruplicación en las “pequeñas empresas”) y que, en lo colectivo, significaba un abierto ataque a las organizaciones sindicales, como a las y los trabajadores que representaban al afectar las condiciones laborales y el salario (haciendo caer la ultraactividad de los CCT -su vigencia en tanto no existiera un nuevo acuerdo paritario-, restringiendo seriamente la capacidad negocial de los gremios haciendo primar los CCT de empresa sobre los de actividad -para cuya celebración hacía falta que las cámaras patronales contaran con la adhesión del 50% de las empresas comprendidas y, además, éstas emplearan a no menos del 50% de las personas que trabajaban en el respectivo sector-, instituía un arbitraje obligatorio de la autoridad de trabajo cuando las partes no llegaran a acuerdos para definir un nuevo ámbito o unidad de negociación, regulaba los conflictos en los servicios esenciales delegando en la reglamentación del PEN su definición).
La denuncia en cuestión surgió de varios dirigentes gremiales quienes, luego de una reunión con el Ministro de Trabajo (Alberto Flamarique), señalaron que la respuesta de éste al rechazo sindical a la proyectada Reforma Laboral, fue: “Para los senadores, tengo la Banelco”, exhibiendo emblemáticamente una tarjeta con la que se operaba en esa red de cajeros automáticos.
La fuerte sospecha sobre la existencia de sobornos a varios senadores radicales y peronistas, con fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por un monto superior a los cinco millones de dólares, sumada a la reprobación generalizada que esa “reforma” mereciera de todo el arco sindical y a los cuestionamientos judiciales que motivaron su normativa en materia de convenciones colectivas de trabajo, llevaron finalmente a la abrogación de la Ley 25.250 (ley Banelco) a poco tiempo de asumir la presidencia Néstor Kirchner (por Ley 25.877 del 19/03/2004)
Estamos a tiempo y a todos nos convoca
Los casos analizados en la presente nota no son los únicos que registra nuestra historia parlamentaria, pero muestran tener en común ciertos aspectos que cobran especial relevancia en la actualidad.
En particular: la vulnerabilidad de las instituciones republicanas, las defecciones en la representación popular; la fuerza corruptora de los lobbies de los grupos concentrados que, tanto pueden arrimar incentivos a funcionarios o legisladores como llegar a instancias más extremas, en procura de obtener para sí y para sus socios extranjeros los objetivos que se proponen; las líneas directrices de ciertas políticas de Estado, que se conjugan en una misma sintonía para permitir apropiarse del patrimonio nacional y frustrar las esperanzas populares en alcanzar el bienestar general.
En esta semana a escasos días de tratarse el Pacto Fiscal y la Ley Bases enfrentamos la posibilidad de que se registre un nuevo crimen en el Senado, la víctima en este caso será la Argentina, pues de aprobarse esas leyes resultaría herida de muerte en orden a la soberanía nacional, el desarrollo productivo en especial con base industrial, trabajo digno y justicia social.
La legítima demanda a los senadores para que rechacen con su voto esas dos leyes en defensa de la Patria y del conjunto de las y los argentinos, debe materializarse en un reclamo activo, movilizador y traducirse en una multitudinaria presencia este miércoles 12 de junio frente al Congreso de la Nación, como en todos aquellos lugares del país respondiendo a las convocatorias en curso.
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