Cada vez que el gobierno de Alberto Fernández obtiene logros, como sucedió en el final del 2020, el grupo de tareas conformado por Clarín y el Poder Judicial apela al lawfare.
Una seguidilla exitosa como la llegada de la vacuna Sputnik-V y la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, frente a la que el Presidente puso todas sus fuerzas, trajo felicidad al pueblo, aumentó su credibilidad hacia el gobierno y, en consecuencia, inquietó al poder.
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Inmediatamente, el 30 de diciembre, sin que haya sido una mera coincidencia, la Corte Suprema falló contra Amado Boudou, una de las víctimas del lawfare de la gestión macrista. El exvicepresidente deberá volver a la cárcel cumpliendo con lo impartido por el juez Daniel Obligado que le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria. Boudou cometió un acto que constituye un pecado mortal para la religión neoliberal: tuvo la osadía de estatizar las jubilaciones privadas, desarmando el negocio de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
La desviación ideológica que implica atentar contra la propiedad privada es considerada por el poder una anormalidad respecto del “orden natural” de las cosas. A estas “patologías” les corresponde un tratamiento que pretende combatir por una parte, la desviación del sujeto en cuestión y por otra, el daño social que causan esta clase de hechos a la “República”, como suelen afirmar los representantes del establishment.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante su discurso en el acto en el Estadio Único de La Plata, afirmó: “El lawfare es para disciplinar a los políticos… Sabemos que cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas, comunistas, cuando no nos pueden parar ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados se van a los juzgados”. Luego les dio un consejo a los funcionarios que sienten miedo, “que se busquen otro laburo”.
Qué es el lawfare
El lawfare es un procedimiento disciplinario con fachada democrática, que judicializa la política. Consiste en encarcelar a los dirigentes sociales y políticos de la oposición aduciendo supuestos hechos de corrupción. La guerra judicial posee un objetivo pedagógico orientado a despolitizar lo social, inhibir las disidencias del modelo neoliberal, “enderezar” conductas generando una subjetividad sumisa, miedosa, respetuosa del sistema, las jerarquías y los poderes establecidos.
El poder en la Argentina, conformado por el grupo Clarín y el colaboracionismo de la casta judicial funciona con impunidad. Se autopercibe superior a los otros poderes, Ejecutivo, Legislativo y el pueblo. Sin embargo, es preciso destacar que si recurren a las operaciones disciplinarias o pedagógicas para sembrar miedo en los funcionarios y en lo social demuestran su propio talón de Aquiles: sienten sus seguridades amenazadas por la política.
El neoliberalismo no es posible sin disciplinamiento social, claro que las tecnologías empleadas varían según las épocas y los cambios culturales. Durante el terrorismo de Estado del 76, el disciplinamiento fue realizado fundamentalmente por las FF.AA. y la metodología empleada fue la represión, el castigo físico, la tortura y las desapariciones. Aniquilar a la “subversión”, desbaratar los partidos políticos, influir sobre el campo social y promover los valores que conforman el “Estilo de Vida Argentino” fueron las estrategias claves para disciplinar lo social e imponer la dominación neoliberal.
La restitución democrática en 1983 y el fin de los golpes militares en la Argentina no erradicaron el poder neoliberal ni su accionar. En tanto el signo político de los gobiernos que se sucedían no alteraba el plan de las corporaciones, el poder permanecía silencioso e invisibilizado.
En el 2003 se inició el ciclo kirchnerista, la democracia entonces dejó de ser “normal” y se convirtió en “peligrosa para la República”, la ofensiva de dominación se reactivó. De ahí en más no hubo cuestión más importante para el poder que terminar con la experiencia kirchnerista. El disciplinamiento ya no consistió en las acciones empleadas por las fuerzas violentas durante el Estado terrorista, sino que continuó por la vía del simulacro democrático.
Durante el gobierno de Mauricio Macri no se prohibió al peronismo ni a la política, como en la época del proceso, sino que se la judicializó; con el lawfare el disidente ya no se transformaba en “subversivo” sino en “corrupto”. Ambas estrategias disciplinarias, la del terror y la “democrática”, comparten el mismo objetivo: conseguir consenso para imponer el neoliberalismo, estimular el miedo en los dirigentes, despolitizar lo social y construir un otro peligroso, subversivo o corrupto, enemigo de la sociedad. Afirmamos que el lawfare es la continuación del terrorismo de Estado, por otros “medios”.
En esta coyuntura de crisis pandémica, sanitaria y económica, al poder no sólo nacional sino mundial le importa muy poco conservar el simulacro democrático, ya no esconde su interés de dominio ilimitado a través de una violencia cada vez menos disimulada.
A la democracia le llevó muchos años lograr subordinar las FF.AA. al poder político, construir una memoria colectiva y una hegemonía cultural que dijo Nunca Más terrorismo de Estado.
Al pueblo le llevó dolorosos cuatro años recuperar el gobierno nacional y popular. Con altísimo costo en todos los sentidos imaginables durante el gobierno de Cambiemos, el campo popular logró comprender y constatar el accionar mafioso de la derecha a nivel regional.
Luego del dramático aprendizaje colectivo, uno de los principales desafíos democráticos consiste en desactivar el lawfare, que es un arma de guerra una estrategia de disciplinamiento orientada ahora contra el Gobierno de Alberto Fernández. Es una ingenuidad suponer que un Poder Judicial que avasalló la Constitución Nacional en nombre de la Constitución Nacional, que estuvo implicado en el lawfare, dará una solución a la patología judicial. Es imposible esperar acciones justas de una Justicia que dio y continúa dando pruebas de ser una aliada al poder.
El límite capaz de sanear, robustecer la Justicia y funcionar como un obstáculo al atropello debe surgir de la política y de los otros poderes: Ejecutivo, Legislativo y el pueblo que, como dijimos, constituyen el talón de Aquiles del poder.
¿Logrará la política desarticular el lawfare y construir una justicia no aliada al poder? De no ser así la gobernabilidad nacional, popular y democrática están en riesgo.
*Psicoanalista
Magister en Ciencias Políticas
Autora de La reinvención democrática. Un giro afectivo
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