En el 2001, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner firmó en soledad un dictamen de la Comisión Bicameral de Segumiento del atentado a la AMIA donde advertía de las maniobras para obstaculizar y direccionar la investigación. Adelantaba lo que recién en febrero de 2019, 18 años más tarde, terminaría con las bajas condenas y burdas absoluciones a varios de los responsables del encubrimiento del atentado, donde fue juzgado todo el Estado argentino: jueces, fiscales, jefes de inteligencia e incluso el ex presidente Carlos Menem. Ningún diputado ni senador la acompañó: Cristina denunciaba el desvío de la investigación, el rol de la SIDE en ese trabajo sucio y la complicidad del juez Juan José Galeano. Tenía razón.
Ayer la misma Cristina, ahora vicepresidenta, recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti. La acusó de no querer investigar el atentado en su contra, de frenar líneas de investigación más allá de los autores materiales, de arruinar pruebas clave como el celular del tirador fallido, de no indagar sobre el rol de la Policía Federal, de frenar las pistas que conducen a dirigentes de la derecha, de confraternizar con Clarín y La Nación para coordinar el impacto mediático del expediente a su cargo.
La historia se repite, solo que dos veces como tragedia. Muchos de los personajes reinciden en los atentados a la AMIA y a CFK, no en los nombres pero sí en los roles. La responsabilidad de la jueza en un caso clave para la democracia, las irregularidades de las fuerzas de seguridad, la más que posible pista política y el papel de determinados medios corporativos.
La investigación por el atentado a la AMIA tenía dos pistas iniciales: la siria y la iraní. El gobierno de Menem coordinó con su par israelí una versión del atentado y a los pocos días Clarín ya ponía en tapa la responsabilidad iraní. Galeano, obediente, cerró la pista siria, que tocaba de cerca a la familia del entonces presidente. Al recusar a Capuchetti, los abogados de Cristina plantean que “bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”. E insistieron: “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”. Una vez más, un caso clave para la democracia donde se frenan líneas de investigación.
¿Será Capuchetti la nueva Galeano? Lo cierto es que la historia es similar. En 1994 Galeano era el juez más joven de Comodoro Py. Había llegado un año antes, con apenas 35 años. Lo apadrinaba Hugo Anzorrerguy, jefe de la SIDE menemista. En ese contexto le tocó la causa por el atentado más importante de la historia argentina. Capuchetti llegó a Comodoro Py en 2019, es la última en llegar y también la jueza más joven. También llegó por incidencia de la SIDE, hoy AFI. Tal como reveló El Destape, visitó al menos 6 veces la AFI durante el gobierno de Macri, donde visitó a sus máximas autoridades: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Las visitas coincidieron con su concurso para jueza, donde pegó un curioso salto en el orden de mérito para llegar el juzgado N 5 de Comodoro Py. Su hermana también trabajaba en la AFI macrista.
La diferencia, no menor, es la terminal: mientras Galeano reportaba a los espías Capuchetti tiene un vínculo más estrecho con la Policía Federal por una cuestión familiar. Su padre fue comisario de esa fuerza y luego jefe de seguridad de la AFA. Al recusarla, Cristina puntualiza todos esos vínculos: una jueza impulsada por los espías y con vínculos en la Policía Federal, fuerza a la que tuvo que apartar de la investigación pero a la que no le investigó ninguna de sus irregularidades.
El rol de la Policía Federal también coincide en los encubrimientos. En el caso de la AMIA el personaje clave era Jorge “Fino” Palacios, finalmente absuelto. Mucho antes de la absolución, Macri lo designó al frente de su nueva Policía Metropolitana. Según contó el propio Macri, fue por recomendación de la CIA y el Mossad, los servicios secretos de Estados Unidos e Israel. En el atentado contra Cristina la Policía Federal tuvo varias irregularidades. Entre ellas, fallas en la custodia del celular de Sabag Montiel, demora en la escucha al celular de Uliarte y su intento de fuga, finalmente abortado.
En el caso de Capuchetti, Cristina afirmó que “ la magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo. Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción. Pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta”.
La negativa a seguir la pista política es otra coincidencia. En el caso AMIA el protegido fue Carlos Corach, ministro de Carlos Menem. No fue Galeano, sino el juez Claudio Bonadio, que tomó el caso AMIA tras el apartamiento del primero. Y tuvo el expediente cajoneado durante 5 años con un objetivo: cuidar a su padrino Corach, que lo colocó en el juzgado N 11 de Comodoro Py. Era uno de los jueces de la servilleta.
Ahora Capuchetti, apenas aparece una pista que apunta a Gerardo Milman, el ex número 2 del ministerio de Seguridad bajo la gestión Patricia Bullrich, no quiere investigar. Tardó semanas en citar a testimonial a las asesoras que estaban con el diputado del PRO cuando un testigo lo escuchó decir que cuando mataran a Cristina estaría camino a la Costa; las asesoras le mintieron pero aún así se negó a secuestrarles los celulares; no llamó a Milman a declarar; e incluso los abogados de Cristina revelaron que les mintió ya que les dijo que ni Milman ni sus asesoras aparecían en los videos de seguridad que apuntaban al bar donde se reunieron. “Cuando llegaron las grabaciones de las cámaras, la jueza nos dijo (informalmente) que no había registro de Milman en las grabaciones. Entonces, nos pusimos a ver varias horas de video y, sin ser investigadores, sino simples abogados, ¡oh, sorpresa!, identificamos a Gerardo Milman, tarea ciclópea que fue demasiado para el juzgado que decidió asumir la instrucción”, escribieron José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
En el escrito donde recusan a Capuchetti los abogados de CFK marcan una operación con el diario La Nación y denuncian una reunión de la jueza con Ricardo Roa, el número 2 de Clarín. La historia se repite: mientras el juez Galeano tuvo a su cargo la investigación por el atentado a la AMIA había periodistas (aún en actividad) que no solo hacían base en su juzgado, sino que coordinaban con él la cobertura y el direccionamiento mediático del caso.
“La jueza Capuchetti recibió ‘consejos’ o más bien indicaciones, respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación que surjan, luego de una reunión de colegas del fuero y camaristas de su propia alzada. Fruto de ello, le habría sido gestionada una reunión con el editor del diario Clarín Ricardo Roa a la cual la jueza concurrió acompañada”, detalló Cristina en su recusación a Capuchetti. No es la primera vez que Roa aparece en este tipo de operaciones: tal como reveló El Destape, el espía ilegal Marcelo D’Alessio se refería a Roa como su “nuevo amigo” por el, valga la redundancia, amigable tratamiento que le dispensaba en sus editoriales y el operador judicial (hoy prófugo) Fabián “Pepin” Rodríguez Simón lo llamó 182 veces en momentos clave de diversas causas judiciales armadas durante el gobierno de Mauricio Macri.
El encubrimiento como método. Otra vez.
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