El “extractivismo” y el pastorcito mentiroso

Todos conocen la fábula del pastorcito mentiroso. Tanto dar la falsa alarma de la llegada del lobo, que cuando el lobo efectivamente llegó nadie le creyó. Con el “extractivismo” podría suceder lo mismo. Tanto hablar tonterías sobre el extractivismo que cuando el riesgo es real, a nadie parece importarle. Sucedió que una ley absolutamente “extractivista”, el capítulo de la mega ley “Bases” que se refiere a los incentivos a las grandes inversiones, el RIGI, pasó como si nada por la Cámara de Diputados, es decir pasó con votos de sobra y casi sin ser debatida. Y ahora, merced al más crematístico “toma y daca” con algunos gobernadores, existe la posibilidad cierta de que también pase como nada por el Senado. Y lo más descorazonador es que todo lo que se puede decir sobre una legislación que genera obligaciones muy gravosas por tres décadas corre el riesgo de no ser escuchado, precisamente porque involucra términos que fueron desacreditados por la mala praxis. Hablamos de “soberanía”, “coloniaje”, “extractivismo” e incluso “saqueo”, término que remite al vetusto “pinosolanismo antidesarrollo” relegado hoy a banderas del trotskismo y el falso ambientalismo.

Es innegable que la llegada al poder de Javier Milei fue un acto revulsivo, el arribo impensado de un fuera de norma, un verdadero terremoto político que sigue y seguirá bajo análisis. Por ello son tiempos que demandan volver a explicar lo que hasta ayer se consideraba evidente. Hablamos de palabras mal usadas porque no se limitaron a la descripción de lo que efectivamente describen, sino que se usaron para la demonización de actividades productivas. En concreto por “extractivista” se entiende a una actividad económica que explota recursos naturales sin generar ningún tipo de efecto multiplicador en la región en la que se instala. Se trata de una expresión que fue utilizada hasta el cansancio para construir un discurso antiminero y antipetrolero, es decir para demonizar a las actividades que más rápido y genuinamente pueden generar las divisas que necesita la economía para su estabilización. También se utilizó el mote de extrativista contra la agricultura moderna, que por definición es una actividad de escala. El concepto estrella fue el de “desierto verde”, que remite a grandes plantaciones sin habitantes.

Quienes no creen en estas demonizaciones debieron explicar una y otra vez, por ejemplo, que no es verdad que la minería o el petróleo dejen solamente las regalías. Alcanza con visitar las provincias donde se explotan estos sectores para descubrir que son mucho más ricas que sus vecinas que no los explotan. Esto es así, por dos razones principales, la primera porque la renta de estas actividades es compartida con los Estados en sus tres niveles vía los impuestos más normales, como IVA y Ganancias, no solo las regalías. Y en segundo lugar por los encadenamientos productivos que se generan. Se trata de actividades que demandan bienes de capital, insumos y mano de obra. Por ejemplo, se habla de que la actividad minera solo paga el 3 por ciento de regalías cuando los estudios más consistentes muestran que entre el 60 y el 70 por ciento de las inversiones quedan en el país por las dos vías citadas, impuestos y demanda de insumos y mano de obra. 

De nuevo, algunos problemas habituales de las regiones petroleras y mineras suelen ser las distorsiones de precios que provocan los altos ingresos de sus trabajadores. Y cuando se quiere observar cuáles son los actores locales que se benefician de estas actividades salta rápidamente a la vista que son la infinidad de pequeñas, medianas y grandes empresas proveedoras que surgen a su alrededor.

La tarea del buen hacedor de política, entonces, es por un lado maximizar el desarrollo de estos entramados productivos, aguas abajo y arriba. Y por otro, tratándose de recursos naturales “no renovables”, aprovechar el excedente compartido para desarrollar otros sectores. A modo de ejemplo, a partir de sus recursos petroleros la provincia de Neuquén desarrolló, entre otras áreas, infraestructura energética, vial y de turismo, la piscicultura de truchas, la fruticultura y un polo vitivinícola. Vale agregar también que fue la acción del Estado nacional en todos los últimos gobiernos, incluido el macrismo, la que promocionó el desarrollo de los hidrocarburos que todavía se siguen denominando “no convencionales”, y no solo en la formación de Vaca Muerta.

Menos eficiente fue la acción en el sector minero, donde más impacto tuvieron los discursos antidesarrollo. La pregunta de por qué Argentina, teniendo la misma cordillera, exporta diez veces menos minería que Chile siempre sobrevuela cualquier debate sectorial. Por todo lo expuesto una ley de promoción de las grandes inversiones es una necesidad pendiente. Debe considerarse que, tanto en los casos de la minería como hidrocsarburos se trata de proyectos de largo plazo y que involucran desde cientos a miles de millones de dólares. Luego, el proceso inversor demanda muchos años y el recupero de las inversiones también. Desde la perspectiva del inversionista se necesitan reglas claras y estables durante todo el período de su inversión, lo que incluye estabilidad fiscal, y poder disponer de las utilidades que el proyecto le genere. Si eso no está claro invertirá en otro país. De aquí la necesidad de la promoción e, incluso, de regímenes especiales.

Luego, si se habla de los problemas cotidianos de gerenciamiento de las empresas con cualquier alto directivo de, por ejemplo, una petrolera, seguramente no tardará en llegar al capítulo del “costo argentino”. Si bien este costo suma muchos componentes, el dato es que el costo de, por ejemplo, la perforación de un pozo, es mayor, para una misma empresa, en Neuquén que en Texas. Y ello se debe, entre otros factores, a las trabas para disponer de determinados equipos y a los costos de importarlos. 

Desde el lado del hacedor de política interesado en el desarrollo de los entramados productivos, es decir en el desarrollo de la “cadena de valor” local, el objetivo es proveer localmente todo lo que se pueda. Pero cuando por la naturaleza de los insumos o los bienes de capital esto no es posible debe hacerse todo lo contrario, facilitar al máximo la importación y reducir los costos al mínimo. Estos son los matices que debe incluir un buen régimen de promoción cuyo norte debería ser armonizar los intereses de las empresas con los intereses locales.

En consecuencia, un mal régimen de promoción es el que no armoniza intereses, el que se concentra exclusivamente en los intereses de una de las partes. Y como era de esperar el RIGI incluido en la ley Bases es un texto redactado exclusivamente desde la perspectiva y los intereses de las empresas. Que semejante redacción haya superado abrumadoramente el test de Diputados y que potencialmente obtenga el visto bueno del Senado resulta por lo menos sorprendente.

Es esperable que una empresa que planea invertir 200 millones de dólares o más en una actividad aspirará a que no le pongan ninguna restricción a las importaciones de insumos y bienes de capital y que le aseguren la menor carga impositiva posible por un lapso lo más largo posible. Pues bien, eso es lo que hace el RIGI incluido en la ley bases. El detalle puede consultarte el texto del Proyecto con media sanción, pero interesa destacar sus concesiones más gravosas y con mayor impacto negativo en términos de desarrollo local. 

Probablemente el punto más controversial sea la posibilidad de importar sin restricciones ni aranceles maquinarias y equipos, nuevos o usados, existan o no alternativas en el mercado local. Esto no es ni más ni menos que el certificado de defunción para la construcción de los entramados productivos locales y probablemente el principio del fin de muchas de las firmas proveedoras que ya existen localmente. Nótese además que esto significa competencia desleal para las inversiones que no entran en el régimen, que deberán enfrentar mayores costos, es decir pagar aranceles si quieren importar.

Otro punto es el acceso privilegiado al mercado de cambios, ya que las empresas que ingresen al régimen podrán disponer libremente de sus divisas 20 por ciento el primer año, 40 el segundo, pero de la totalidad ya a partir del tercero. Aquí se destaca el absurdo de que aumentar las exportaciones no le servirá al país para disponer de más divisas, es decir las inversiones no alejarán el horizonte de restricción externa.

A ello se agrega también la absoluta disponibilidad de las exportaciones en el sentido de que el Estado nunca y bajo ninguna circunstancia podrá privilegiar el abastecimiento interno.

En cuanto a la participación por la vía impositiva, además de la eliminación de aranceles y derechos de importación, lo más destacable es que se reduce en 10 puntos el pago del impuesto a las ganancias, del 35 al 25 por ciento y se impide a Nación y provincias la modificación de estos tributos por un lapso de 30 años. Aquí resulta cuestionable la duración de los incentivos por un plazo que duplica los de una amortización normal de las inversiones.

Finalmente el RIGI no revisa el origen de los fondos, teléfono para el GAFI, y concede la prórroga de jurisdicción, es decir, frente a controversias por la aplicación del régimen las empresas podrán elegir litigar en jurisdicción extranjera. Al parecer la amnesia sobre las malas experiencias del pasado es absoluta.

La conclusión provisoria es que si se promocionan grandes inversiones en recursos naturales y no se consigue a cambio ni desarrollo local, ni divisas, a la vez que se reduce al mínimo la capacidad de regulación y participación del Estado en los beneficios, efectivamente se está frente a la promoción lisa y llana del peor de los extractivismos, es decir frente a la más colonial de las relaciones. Promocionar inversiones en recursos naturales es una tarea necesaria, pero como siempre hay promociones virtuosas y promociones desequilibradas y desastrosas.-