¿Cómo opera la interna estadounidense en la región? El caso Guatemala

Al interior del bloque de poder angloamericano en general, y estadounidense en particular, opera una interna estratégica. En esta, dos grandes alineamientos de actores económicos, político-institucionales y político-estratégicos, medianamente estables, son de fácil identificación. Buscando precisiones, nosotros los hemos caracterizado como el Proyecto Globalistas y el Proyecto Neoconservador, pero la interna es tan evidente que la gran prensa los suele graficar como “palomas” y “halcones”.

Generalmente los “halcones” están identificados con el Partido Republicano y las “palomas” con el Partido Demócrata. Sin embargo, la estructuración de los proyectos estratégicos suele cortar transversalmente las representaciones partidarias. Por ejemplo, el senador demócrata Joe Manchin III es un “halcón” que, desde el Congreso, boicoteó con criterio estratégico neoconservador, la agenda económica, expansiva y globalista, pretendida por Biden, un presidente de su mismo Partido. Claro, un empresario del carbón como Manchin III difícilmente encuentre interés en promover la “transición energética” que tracciona la agenda globalista de Joe Biden.

Ahora bien, la interna entre “palomas” y “halcones” no se limita a los Estados Unidos. Es, de conjunto, una disputa estratégica al interior del bloque de poder angloamericano y, como tal, la misma derrama en todas las latitudes del globo. Por supuesto, Latinoamérica, el histórico “patio trasero” estadounidense, no puede ser la excepción.

Guatemala por caso

El pasado viernes 8 de diciembre, el Ministerio Público (fiscalía) de Guatemala brindó una conferencia de prensa para presentar los resultados de una investigación en la que se apoyan para tomar como inválidas las elecciones en las que resultó electo Bernardo Arévalo. Tal decisión terminó de explicitar lo que el presidente electo, del progresista “Movimiento Semilla”, venía denunciando: la voluntad expresa de dicha institución de obstruir su llegada al gobierno, algo que comenzó cuando insinuaron hasta invalidar su participación en los comicios, debido a haber nacido en Uruguay, durante el exilio de su padre, Juan José Arévalo, alguien que también tuvo mucho vínculo con nuestro país.

La noticia de que la Fiscalía intentó anular las elecciones de agosto de 2023, para que Arévalo no pueda asumir el próximo 14 de enero, volvió a agitar los ánimos de la ciudadanía guatemalteca. Miles de manifestantes, que estuvieron durante semanas exigiendo la renuncia de la Fiscal Consuelo Porras, provocó también la reacción de la OEA, múltiples pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pronunciamientos de la Unión Europea y del Grupo de Puebla, y hasta sanciones de la actual administración de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno y la justicia guatemalteca.

El pasado martes 12 de diciembre la OEA aprobó una tercera resolución que profundizó el uso de la Carta Democrática Interamericana en el país, para evitar lo que calificó como “acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición democrática”.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que el Ministerio Público de Guatemala está tratando de forma “persistente y sistemática” de “socavar” los resultados de las elecciones generales, haciendo “caso omiso” a la voluntad de los votantes. Afirmó y acusó a la fiscalía de vulnerar el Estado de Derecho y la democracia del país centroamericano.

En línea con la Casa Blanca, Thomas Peyker, el embajador de la Unión Europea en Guatemala, indicó que los países europeos están “preparando sanciones en el marco de medidas restrictivas dirigidas contra los responsables del intento de Golpe de Estado en Guatemala”, exigiendo al presidente Alejandro Giammattei, un neoconservador, “que tomen medidas para preservar el orden constitucional”.

Una de las acciones más contundentes vino desde el propio Departamento de Estado (Cancillería) de los Estados Unidos. Este informó, el pasado lunes 11 de diciembre, que, según la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se estaban tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso de ese país, así como a representantes del sector privado y sus miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de Derecho”.

Estas reacciones frente a la situación del país centroamericano, que con Arévalo en el gobierno podría intentar correr los límites de una democracia elitista y una economía al servicio de relaciones estrechas y extractivas con Estados Unidos, no deja de ser confusa, ya que generalmente cuando intervienen en asuntos internos de otros países, lo hacen para boicotear sus destinos y atentar contra sus democracias.

Inevitable es, entonces, preguntarse qué potencial encuentra la actual administración demócrata en Arévalo, a quien a esta altura defienden férreamente, y qué intereses representan los actores vinculados a la fiscalía guatemalteca, en especial Consuelo Porras (Fiscal General) y Rafael Curruchiche (jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI).

Consuelo Porras, protagonista del lawfare en Guatemala

La actual titular del Ministerio Público de Guatemala es un personaje abiertamente neoconservador. Porras fue nombrada inicialmente en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que lideró una importante batalla contra la corrupción en el país. Poco tiempo después de que Porras asumiera su cargo, Morales anunció la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), una misión creada por Naciones Unidas que operó durante 12 años y que logró desmantelar numerosas redes criminales.

Uno de los primeros movimientos de la Fiscalía de Porras fue actuar judicialmente contra quien fuera su predecesora, Thelma Aldana. La misma intentó ser candidata a la presidencia, pero el Ministerio Público, en manos de Porras, la acusó de “malversación de fondos”, y giró una orden de captura en su contra. Esto benefició al por entonces presidente Morales y al candidato a sucederlo, el actual presidente Alejandro Giammattei. Consuelo Porras se convirtió en el eje del lawfare en Guatemala, y Aldana terminó exiliada en Estados Unidos. 

A partir de allí, Porras desplegó una creciente estrategia de criminalización de jueces, fiscales y periodistas que trabajaban o investigaban temas vinculados a la corrupción. Muchos acabaron detenidos o en el exterior, para evitar la cárcel. Consuelo Porras se dedicó a obstruir las investigaciones que podían involucrar al Presidente Giammattei y su círculo cercano.

Porras, Morales y Giammattei, los halcones guatemaltecos

Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Consuelo Porras son actores político-institucionales vinculados a la estrategia neoconservadora para Centroamérica. A instancias de la acción decidida de algunos periodistas y la Corte de Constitucionalidad, el por entonces presidente Donald Trump en julio de 2019 vió como el por entonces presidente Jimmy Morales (un actor y productor televisivo) pegó el faltazo a una reunión bilateral para rubricar un Acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo por el cual el trumpismo intentó desviar hacia Guatemala a las olas de migrantes centroamericanos que pidieran asilo en los Estados Unidos.

Alejandro Giammattei (médico, conocido por estar a favor de la pena de muerte), sucesor de Morales y presidente desde enero de 2020, fue denunciado por el Gobierno de Biden por desbaratar investigaciones anticorrupción y proteger sitemáticamente a Consuelo Porras. En junio de 2022, Giammattei no fue a la “Cumbre de las Américas” celebrada en territorio estadounidense. Sin embargo, viajó en esas fechas a Washington apoyado por la “Fundación para Libertad Religiosa”, un lobby neoconservador cercano a Trump, donde promocionó a su país como la “Capital Provida” de Centroamérica.

La disputa entre globalistas y neoconservadores abre nuevas oportunidades

Las divergencias de estrategias entre los actores globalistas y neoconservadores son profundas. Aunque con muchos intereses convergentes, la Casa Blanca en manos de uno u otro bando resulta determinante en el despliegue de la geopolítica del bloque de poder angloamericano. Guatemala, como el conjunto de la región, se encuentra atravesada por esa confrontación.

Entre los intersticios de esa pelea, se abren oportunidades para que líderes progresistas, con agendas políticas populares, puedan llegar a posiciones de gobierno. Ese pareciera ser el caso de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla en Guatemala. Desde sus redes oficiales, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país se desmarcó del Ministerio Público y salió a respaldar al presidente electo, y conminó al Congreso de ese país a “garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023”.

Guatemala está ante la oportunidad histórica de tener un presidente perteneciente a una fuerza política progresista desde la caída de Jacobo Arbenz en 1954, ese famoso episodio que conmocionó a un joven médico argentino llamado Ernesto Guevara.