En un largo pasillo del Palacio de Nariño, sede de la Presidencia colombiana, se exhiben los retratos al óleo de quienes la ejercieron. En la hilera de retratos, los apellidos se repiten con insistencia: cuatro de la familia Santos (uno de ellos, actual líder del opositor Partido de la U, Juan Manuel Santos), tres de apellido Lleras (como el exvicepresidente y actual líder del partido opositor Cambio Radical, Germán Vargas Lleras), dos Pastrana (el más reciente, Andrés Pastrana, aún hoy una de las referencias conservadoras del país), etc... Y es que establishment político y económico en Colombia ha sido -y sigue siendo- un asunto restringido a un puñado de familias.
En este contexto, no es de extrañar que la llegada al Poder Ejecutivo de Gustavo Petro, un outsider para los círculos del poder colombiano, desatara la más cruenta virulencia de quienes, durante décadas, sintieron que el poder les pertenecía por derecho de cuna.
Así fue como, ya en el primer año de mandato de Gustavo Petro, el Consejo de Estado comenzó por despojar de su acta nada menos que al presidente petrista del Senado, Roy Barreras, y posteriormente hizo lo propio con Alexánder López, César Pachón y Luz María Múnera. Se trataba de descabezar al petrismo en el Congreso.
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Posteriormente, la Corte Suprema obstaculizó durante meses la elección del fiscal -un proceso en el que le asiste al presidente el derecho constitucional a intervenir-. El objetivo del establishment, esta vez, era atrincherar a uno de los suyos en una posición clave de la institucionalidad colombiana.
Entre tanto, el Congreso de la República, haciendo gala de su ensayado filibusterismo parlamentario, obstaculizó tanto como pudo nombramientos y avances sociales del Gobierno de Petro (entre otros, la reforma de la Salud).
Pero, sin duda, el principal ariete contra el presidente ha sido el Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante meses, esta instancia administrativa - conformada por representantes en el Congreso y con mayoría opositora- ha intentado judicializar las pasadas elecciones presidenciales de 2022. Su objetivo: la destitución del presidente por la vía administrativa; encontrar alguna irregularidad, por pequeña que esta sea, para inhabilitar la campaña de 2022 y al actual titular de la Casa de Nariño.
Sin embargo, la Constitución colombiana establece en su artículo 178.3 que la única institución acreditada para juzgar al presidente de la República es el Congreso. Durante meses esta realidad jurídica ha impedido al politizado CNE de proseguir en su empeño de destituir a Petro.
Finalmente, el pasado 6 de agosto, de nuevo el Consejo de Estado de Colombia, resolvió que el CNE es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campaña, pero no para sancionar con pérdida del cargo al presidente de la República. Una de cal y una de arena.
Tras perseguir durante meses enjuiciar en el CNE a Gustavo Petro, uno de sus magistrados, el representante del uribista Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, se salió parcialmente con la suya. Prada, el magistrado investigado por la Corte Suprema por la compra de testigos en el Caso Uribe, no podía destituir a Gustavo Petro, pero obtenía carta blanca para un juicio administrativo en el CNE, un juicio que podría convertirse en perfecta excusa para el linchamiento mediático del presidente. Este procedimiento, además agitado por los medios de comunicación afines a la oposición, constituiría la antesala perfecta para proceder más tarde con un juicio político en el Congreso, esta vez sí con capacidad para suspender -por mayoría simple- al presidente e incluso destituirlo por mayoría de dos tercios en el Senado.
Ante este escenario, Petro le habló a la Nación denunciando el intento de golpe de Estado en curso. Según la última encuesta de CELAG, el 45% de los colombianos están persuadidos de que, efectivamente, existe un golpe de Estado en marcha en Colombia. En el lado contrario, solo un 39,5% cree que Petro exagera.
La democracia está, otra vez, en juego en América Latina; la casta política tradicional de nuevo se revela ante el ascenso al poder de dirigentes populares. La experiencia de Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Fernández, Rafael Correa o Pedro Castillo nos invitan a todos a tomarnos muy en serio la amenaza, poner todos los ojos en Colombia y apoyar al enésimo Gobierno progresista amenazado por el lawfare.
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