Lawfare y elecciones judiciales en Bolivia: magistrados elegidos tarde y en medio de tensiones

Bolivia, como toda la región, enfrenta el avance del lawfare, la estrategia utilizada para desarticular liderazgos populares en América Latina como parte de un escenario mundial de una guerra multidimensional. En este contexto, el expresidente Evo Morales es objeto de persecución judicial, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) atraviesa una compleja disputa interna, que ha fracturado al liderazgo institucional de su conducción histórica, y al grueso de los Movimientos Sociales con la gestión de los recursos estatales.

Durante su mandato, en 2009, Morales impulsó la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE), que introdujo la elección popular de autoridades judiciales con el objetivo de profundizar la democracia y fortalecer la participación ciudadana.

Así, el pasado domingo 15 de diciembre, Bolivia celebró por tercera vez elecciones judiciales, aunque con notorias diferencias respecto a los procesos de 2011 y 2017. Esta elección, programada inicialmente para 2023, fue postergada debido a la falta de consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional y a recursos judiciales que obligaron a modificar la normativa vigente. Como resultado, las autoridades judiciales extendieron su mandato un año más, con el respaldo del presidente Luis Arce, desvirtuando uno de los mecanismos institucionales del llamado “proceso de cambio”.

Las elecciones, previstas originalmente para el 1 de diciembre, fueron reprogramadas al 15 del mismo mes debido a la “conflictividad social” señalada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Finalmente, el 15 de diciembre de 2024 se llevó a cabo el proceso electoral, pero de manera parcial: solo se eligieron 19 de las 26 autoridades destinadas a integrar los Tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura, que asumirán sus funciones el 2 de enero de 2025.

El TSE informó que participaron 94 candidatos en estas elecciones, y 7.334.435 ciudadanos estuvieron habilitados para votar. Se dispusieron 33.019 mesas de votación y se movilizó a 230.000 jurados electorales. El voto, de carácter obligatorio, se realizó bajo estrictas restricciones que prohibieron la propaganda y las campañas electorales por parte de los candidatos.

En un proceso electoral marcado por la incertidumbre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rompió su silencio tres días antes de la votación. En su pronunciamiento, defendió las sentencias que viabilizaron las elecciones parciales, responsabilizando a los “actores políticos” de la Asamblea Legislativa por irregularidades en la preselección de candidatos, como el incumplimiento de plazos y la habilitación de postulantes que no cumplían con los requisitos de género y representación indígena.

El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, se reunió el 12 de diciembre con la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y denunció una “dura y permanente campaña de desprestigio” contra el tribunal. Hurtado anunció que las irregularidades serían remitidas a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe destacar que Hurtado es el primer magistrado en la historia del país en presidir tanto el TSJ (2011-2014) como el TCP (2024), tras más de una década en altos cargos judiciales.

Por su parte, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, expresó el 15 de diciembre su “satisfacción por cumplir con el deber” pero debió reconocer su “profunda pena” por administrar unas elecciones tardías, incompletas y parciales.

Parece increible que la OEA, que desempeñó un papel clave en el Golpe de Estado de 2019, esté de nuevo involucrada en el monitoreo de un proceso electoral de Bolivia. En un comunicado, afirmó que “una justicia independiente es primordial para el fortalecimiento de la democracia”, una línea argumentativa muy en línea por la esgrimida por la derecha boliviana, la más clasista y racista de toda América Latina.

Se debe recordar que esta institución fue cómplice del Golpe de Estado que instaló el gobierno de facto de Jeanine Áñez, cuya represión dejó un saldo de 37 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos en Bolivia. Resulta increíble que el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca acepten las recomendaciones de la OEA, como la de crear un “comité técnico especializado” para garantizar la meritocracia en los procesos de selección judicial, lo que refuerza su rol como brazo diplomático de las políticas intervencionistas de Estados Unidos.

Los resultados y el impacto político

Tras la jornada electoral, el TSE anunció que los resultados finales serían publicados el 20 de diciembre, aunque inicialmente se esperaba que estuvieran disponibles el día 18. Mientras tanto, el escrutinio avanzó lentamente en varias regiones.

Por primera vez en unas elecciones judiciales, los votos válidos superaron a los nulos y blancos, según confirmó Francisco Vargas, vicepresidente del TSE, en su cuenta de redes sociales. En un mensaje publicado el 20 de diciembre, Vargas señaló que este hecho “aporta legitimidad al proceso electoral y a sus candidatos y candidatas”. Según los datos oficiales, los votos válidos alcanzaron el 63% en términos globales, marcando una reducción significativa frente al 57% y 65% de votos blancos y nulos registrados en 2011 y 2017, respectivamente. Este cambio refleja una disminución en la apatía ciudadana, a pesar de una fuerte contracampaña y de los retrasos impulsados desde el propio Gobierno, que avaló la autoprórroga de los magistrados.

A pesar de este avance, las elecciones fueron parciales en algunos departamentos como Pando y Beni, donde los ciudadanos solo votaron para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, quedando excluidas las votaciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Asimismo, la participación alcanzó un notable 82%, aunque según encuestas previas, gran parte de los ciudadanos acudió a las urnas no por convicción democrática, sino por la necesidad de obtener el certificado de sufragio requerido para trámites administrativos y bancarios.

Por otro lado, el miércoles 18 de diciembre, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga firmaron un acuerdo de unidad con Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho para las elecciones presidenciales de 2025. Esta alianza evidencia un panorama de connivencia entre ciertos sectores del oficialismo y la oposición, incluyendo fracciones neofascistas. Además, se señala que el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, aspira a una candidatura presidencial, a pesar de que encuestas recientes muestran que el actual gobierno no supera el 5% de intención de voto, tanto para una reelección de Arce como para otros ministros.

El conflicto Arce-Morales atraviesa las elecciones judiciales

El contexto nacional está marcado por el enfrentamiento abierto dentro del MAS, donde las distintas facciones buscan imponerse de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Tras la inhabilitación de Evo Morales como candidato, el sector evista organizó la “Marcha para salvar la Patria”, en la que más de 20.000 seguidores recorrieron 190 kilómetros hacia La Paz. La respuesta del gobierno fue un despliegue represivo, con cercos policiales y violencia. En este marco, Morales ha denunciado dos atentados contra su vida en los últimos meses.

Según el “Observatorio de Lawfare”, coordinado por la politóloga argentina Silvina Romano, el hostigamiento judicial contra Morales se ha intensificado desde septiembre, tras liderar la mencionada marcha. En su informe se señala que “Tras la Marcha para salvar Bolivia, liderada por Evo Morales en las primeras semanas del mes de septiembre, se aceleró el proceso de judicialización del ex mandatario. A partir de ese momento, se abrieron o impulsaron más de una decena de denuncias y/o causas en su contra. Se observa un hostigamiento intensificado a nivel judicial contra Evo y otros dirigentes del MAS-IPSP. A esto se suma el intento de magnicidio que sufrió el ex presidente el 28 de octubre”.

Luego de la jornada electoral, el 16 de diciembre, Morales expresó en su cuenta de X: “Cumplí con mi deber ciudadano, aunque sé que estas elecciones coartan derechos, restringen departamentos y candidaturas, vaciando de legalidad y constitucionalidad el proceso electoral”. No obstante, transmitió esperanza al afirmar que, de cara a 2025, una nueva gestión junto al pueblo podría transformar las instituciones del país.

Morales criticó duramente al gobierno de Luis Arce, acusándolo de someter al TSE y al TCP, que, según él, han usurpado competencias de la Asamblea Legislativa y emitido resoluciones ilegales en beneficio de intereses del Ejecutivo. Además, denunció que el pueblo fue obligado a votar bajo amenaza de fuertes multas económicas.

La prórroga de los mandatos de los magistrados, la elección tardía, que inaugura el ciclo electoral que el país vivirá en 2025, la evidente persecución judicial que pesa sobre Evo Morales, el intento de asesinarlo, entre otros aspectos, hace que el escenario, de conjunto, resulte sospechoso.

El proceso electoral judicial de 2024 en Bolivia no sólo revela las tensiones internas dentro del Movimiento Al Socialismo y la creciente fractura entre sus liderazgos, sino que también pone en evidencia el deterioro institucional y democrático en el país. La prórroga de mandatos, la intervención de actores externos como la OEA, y la desatada guerra jurídica contra Evo Morales, reflejan un panorama complejo donde la justicia se convierte en un terreno de disputa política.

En este contexto, el futuro de Bolivia dependerá de la capacidad de sus actores populares para resistir tanto las injerencias externas como los conflictos internos, preservando los principios democráticos que dieron origen al llamado “proceso de cambio”. Las elecciones de 2025 serán una prueba crucial para el pueblo boliviano, que se encuentra ante el desafío de evitar que las prácticas autoritarias y neofascistas terminen por consolidarse.