Elecciones 2023: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar

Ciertas frases quedan grabadas de tal modo en la memoria colectiva, que llegan a formar parte de una mitología ciudadana. La que tiene por título esta nota es una de ellas, que se la propone como un disparador de variadas reflexiones sobre la realidad actual y, por supuesto, también para dar lugar a legítimos debates sobre las percepciones populares.

Transformar en acción las palabras

Las tergiversaciones discursivas como las distorsiones retóricas son a menudo instrumentos de valía para vaciar de contenido conceptos que se enuncian como “principios rectores”, aunque en nada terminen correspondiéndose con lo que luego se verifica.

Claro que para que esas conductas cobren sustancia es imprescindible contar con relatos guionados sobre los que machaque una prensa adicta y hegemónica, que a su vez las favorece con un blindaje -y seriales omisiones- sobre las inconsistencias efectivas que denotan pomposos enunciados.

Apelar a la “República” como valor sagrado y asentado en la división e independencia de los Poderes que la conforman, cuando se encubre la cooptación de la Justicia con el propósito de desviarla de su cometido específico y de ponerla al servicio exclusivo de fines particulares reñidos con el bien común.

Tanto como sucede cuando se exalta la representación popular o el federalismo y se bloquea el funcionamiento del Parlamento, que es por antonomasia el Poder del Estado que expresa esa instancia republicana.

Sin embargo, mayor trascendencia poseen en orden a objetivos más ambiciosos, ligados a la despolitización de la sociedad y a llevar al Estado a una mínima expresión privándolo de toda capacidad de intervenir, mediar y proveer equilibrios indispensables para mitigar las asimetrías socioeconómicas propias del Capitalismo, acentuadas enormemente en el ciclo neoliberal.

El grado de concentración de la riqueza con su contracara de un incremento inconcebible de la pobreza es un claro emergente de los dictados del “Mercado”, que consiste en un eufemismo con el cual se disimula a los agentes responsables de las decisiones que aparejan esas tremendas inequidades: las grandes Corporaciones y las élites que las conducen animadas por un acendrado egoísmo, absolutamente insolidario.

Esperar que sea el “Mercado” el que provea una justa y socialmente aceptable distribución de la riqueza, no resiste ningún análisis en función de una simple mirada retrospectiva que demuestra que la inclusión social y la ampliación de derechos -hoy naturalizados- han sido fruto, precisamente, de las luchas entabladas contra las reglas que lo rigen y los sectores que lo gobiernan. Menos todavía, si ponemos el ojo en lo que viene ocurriendo y en la indecente disparidad de sus consecuencias a nivel mundial, regional y nacional, incluso frente a fenómenos universales como la reciente pandemia en la que el “Mercado” nada aportó para paliar sus efectos, sino que se prestó a especulaciones para maximizar las ganancias de sus operadores dominantes.

Someter al Estado ha sido siempre una condición necesaria para desplegar sus estrategias de negocios, que en este siglo -particularmente- ha encontrado una alternativa más ambiciosa mediante la colonización de sus instituciones y el desembarco directo en el Gobierno como modo de desestructurarlo en su misma organicidad.

Al respecto no hay que prestarse a engaños, ni abstraerse de lo que el Mercado representa para el neoliberalismo que ha abandonado por completo todo atisbo filosófico liberal, centrándose y ciñéndose sólo en los negocios a nivel planetario sin reparo ninguno por el costo humano que ello implique. Pretendiendo establecer un predominio corporativo absoluto en detrimento de los Estados-Nación y, cuanto menos, someterlos por completo o desactivarlos en todo lo que puedan priorizar o anteponer intereses generales tributarios del bien común.

En línea con ese objetivo es que se han licuado conceptualmente nociones como “libertad”, “democracia” y “república”, o se han reavivado anacrónicamente antinomias entre derechos individuales y sociales al punto de despojarlas del sentido comunitario indispensable para establecer prevalencias y convergencias.

Una comunidad organizada que asegure tales valores requiere de un Estado que garantice los equilibrios básicos de un buen vivir para el conjunto, que arbitre los medios para hacerlo posible y que cuente con una institucionalidad eficiente, contra lo cual conspira la despolitización de la sociedad.

Ser generoso en las promesas y esquivo en su cumplimiento

Los ampulosos dogmatismos pro Mercado que postulan fáciles soluciones a condición de que se libere a sus “agentes naturales” y se lo deje fluir sin regulación alguna, han dado muestras claras de cuales son sus resultados y quiénes son sus únicos -pocos- beneficiarios.

El mundo del trabajo ofrece experiencias frustrantes repetidas por las desregulaciones propiciadas desde esas usinas ideológicas, que no sólo han incumplido sus compromisos explícitos, sino, que han profundizado o recreado -cuando estaban en un nivel aceptable- los problemas que decían iban a solucionar.

En materia de empleo, por ejemplo, los procesos desundistrialistas y flexibilizadores llevaron a márgenes impensados la desocupación, la deslaborización de típicas relaciones laborales y la precarización de las condiciones de trabajo dentro y fuera del universo formal. Con sus lógicas consecuencias en la transferencia de ingresos en favor del Capital, por las pérdidas y retracciones salariales.

No existe comprobación empírica de que la resignación de derechos de las personas que trabajan, que valga señalar exigieron muchas décadas de luchas obreras para conquistarlos, redundaran en una mayor empleabilidad y, menos aún, en mejoras de la calidad del empleo residual.

En cada ciclo con impronta neoliberal (con la dictadura de 1976, con el menemismo de los 90’ y su secuela en la Alianza entre 1999 y 2001, o con el macrismo gobernando -2015/2019-), ningún avance se registró en aquel terreno y, por el contrario, se generó mayor desocupación y precarización laboral que la verificada al inicio de cada uno de esos períodos.

Qué decir de lo sucedido con lo relativo al impuesto a las ganancias sobre los salarios, si comenzamos con el final de esa reseña retrospectiva, rememorando las promesas de Macri en campaña electoral de eliminarlo y lo cotejamos con lo registrado al terminar su mandato en que se duplicó la cantidad de trabajadores que eran alcanzados por ese tributo.

Sin embargo, no debemos quedarnos con esa imagen, es preciso recordar -y ubicar- el inicio de esa historia con la “tablita de Machinea” en 1999 (quien era Ministro de Economía de De la Rúa). Un sistema (de escala) para calcular el impuesto a las ganancias con el objetivo de reducir el déficit fiscal, que implicó que se quintuplicara el número de asalariados alcanzados por ese impuesto, por entonces del orden de 110.000 y que pasaron a ser más de 500.000 en menos de dos años. Medidas acompañadas desde el Ministerio de Trabajo (a cargo de Patricia Bullrich) con igual preocupación por el “déficit iscal”, disponiendo la rebaja -quita, lisa y llana- de un 13% de los haberes jubilatorios y de los salarios de los empleados públicos.

En la Ciudad “Estado” de Buenos Aires, cuna del macrismo, en un ámbito diferente pero igualmente sensible para otros derechos sociales básicos (vivienda, salud, educación), siendo la ciudad más rica del país y con un presupuesto asimilable -o superior- a varias ciudades europeas, se advierte que ninguno de aquéllos constituye prioridades a pesar de las declamados “valores” que se les asignan.

Frente a una crisis habitacional mayúscula, los emprendimientos inmobiliarios sólo apuntan a negocios para reducidos sectores, mientras que la mayor parte de la población queda sin posibilidades de acceso a una vivienda propia. Simultáneamente, quienes deben recurrir a un alquiler tampoco hallan medidas del gobierno citadino que les provea de algún alivio ni apunten a ampliar la oferta o lograr precios razonables de las locaciones. Por el contrario, la alianza que integran y comandan (Juntos por el Cambio) propone modificaciones a la ley de alquileres que, únicamente, favorecen a propietarios, intermediarios y especuladores en ese “mercado”.

En materia de Salud pública tampoco se registra una inversión a la altura de las circunstancias, ni hacia adentro (en salarios, insumos e infraestructura) ni para satisfacer la demanda de quienes acuden a los hospitales. Despreocupación que no debe sorprender, estando al Plan Maestro pensado para ese sector que implica restringir el acceso a los servicios hospitalarios, así como favorecer la ampliación del sector privado de salud concebido en clave de negocios y promoviendo una concentración oligopólica de ese “mercado”.

La Educación suele ser otro caballito de batalla, con similar tendencia a la privatización, que desde el Gobierno de la CABA se la presenta como un pilar para la formación cívica y el desarrollo individual, amenazada por las acciones gremiales reivindicativas que se proponen erradicar “para siempre” y para dotar de excelencia a la educación pública.

En los hechos, el gasto público en Educación se redujo un 14% entre 2016 y 2022, revelando que el mayor ajuste recayó en las partidas asignadas a la Dirección de Educación de Gestión Estatal y en Programas específicos (como el denominado “Adultos 2000” que está dirigido a favorecer la terminalidad educativa secundaria de adultos y adolescentes), provisión de material didáctico e infraestructura (construcción de escuelas y mantenimiento de los establecimientos existentes).

Dime con quién andas…

El endiosamiento del “Mercado” llevado a extremos que son difíciles de concebir, como la “libertad” para la venta de órganos, acompañado por un antiestatismo a ultranza son los emblemas que exhibe permanentemente Javier Milei.

La eliminación de la mayor parte de los Ministerios o la reducción a Secretarías e, incluso, a Dependencias de menor rango que propicia, se centran en las áreas que atienden al sostenimiento y a las demandas inherentes a derechos humanos fundamentales.

Sus diatribas respecto de lo que denomina “la casta política”, que mal que le pese él mismo integra, endilgándole ineficiencia y un elevado costo fiscal -que la realidad de los números desmienten-, en nada se corresponde con su serial ausentismo en la Cámara de Diputados y un básico desempeño exigible de la función pública con que fue investido.

En tanto que su escasa asistencia al recinto, recurriendo sólo a algunos ejemplos, da cuenta de un pensamiento reñido con valores e intereses que nuestra sociedad ha ido consolidando paulatinamente. Las votaciones en los subsiguientes “Orden del Día” de la Cámara de Diputados de la Nación, echan luz al respecto:

O.D. 388 - PROTOCOLO VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE del 10/11/2022 - Votos Positivos 150 y Votos negativos 3 (Milei, Villarruel y Espert). O.D. 104 -LEY 27.399, DE ESTABLECIMIENTO DE FERIADOS Y FINES DE SEMANA LARGOS. MODIFICACIÓN. del 24/11/2022 - Votos Positivos 205 y Votos negativos 2 (Milei, Villarruel). O.D. 553 - PLAN NACIONAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS – PNCC. CREACIÓN EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN del 24/11/2022 - Votos Positivos 209 y Votos negativos 2 (Milei, Villarruel). O.D. 116 - LEY 24.051, DE RESIDUOS PELIGROSOS. MODIFICACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN del 24/11/2022 - Votos Positivos 207 y Votos negativos 2 (Milei y Villarruel). O.D. 529 - DIGITALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. del 2/3/2023- Votos Positivos 227 y Votos negativos 2 (Milei y Villarruel). O.D. 710 - LEY DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO. VOT. EN GRAL. Y PART. del 5/7/2023 – Votos Positivos 197 y Votos negativos 3 (Milei, Villarruel y Píparo). O.D. 714 - LEY 26485, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES. MODIFICACIÓN SOBRE VIOLENCIA DIGITAL. del 5/7/2023 – Votos Positivos 191 y Votos negativos 2 (Milei y Villarruel).

¿Quiénes rodean a ese personaje de la “nueva/vieja” política? Los del mismo cuño que en tantas ocasiones entregaron a la Nación y arrojaron al abismo al país, como resulta de la pléyade de economistas que lo celebran, acompañan o se anuncian como futuros funcionarios de su gobierno. Lo que vuelve, más que paradójico, absolutamente contradictorio, su lema de campaña de que: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

Su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, está a tono con ese “tren fantasma” que propone una vuelta a un pasado tenebroso, con la reivindicación de los genocidas y su negacionismo del terrorismo de Estado.

Para no ser menos, Martín Krause, que estaría a cargo de Educación y llevaría a cabo la sustitución de su condición de pública y gratuita por un “sistema de vouchers” que resultará en un sistema educativo pobre para los pobres -y no tanto- o, quizás, en un nuevo mercado de trueque por pesos devaluados; fue quien, muy suelto de cuerpo, evocó a la “Gestapo” con la intención de degradar la institucionalidad de nuestro país, sin inhibición alguna por la banalización que suponía su alegoría con relación a la tragedia humana que significó el Holocausto.

Esto último, sin pudicia alguna, no mereció crítica de Milei que salió a bancarlo, afirmando “no entregamos gente buena por errores”, lo que da una idea de hasta donde llega el desprecio por valores humanos fundantes de una sociedad democrática, plural e inclusiva.

Emilio Ocampo, que trabajó en los Estados Unidos como ejecutivo del Chase Manhattan, Salomon Brothers y Morgan Stanley, quien sería Presidente del Banco Central con el único fin de eliminarlo como Organismo rector en materia monetaria y regulación del crédito, defiende la desaparición de nuestra moneda nacional -atributo básico de soberanía para cualquier país- y su sustitución por el dólar, proponiendo atajos de ostensible ilicitud para eludir los mandatos constitucionales vigentes. Su cipayismo no puede asombrar, estando a su postura de “revisionismo histórico” mendicante de reconocimiento imperialista, que niega al Gral. San Martín la estatura de Libertador y Padre de la Patria, seguramente por no concebir proyectos emancipatorios sin pretensiones de conquista como los que encaran sus patrocinadores y mentores ideológicos.

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno de la CABA por La Libertad Avanza (LLA), encarna una suerte de síntesis de todos esos “atributos” que distinguen a la tropa de Milei en su guerra contra la institucionalidad democrática. Despotrica contra “Paka Paka”, diciendo que sus personajes más emblemáticos instigan a la descalificación de España, refiriéndose a su pasado como Metrópoli colonial -300 años atrás- y las luchas por la independencia que dieron nacimiento a nuestra Patria, reivindicándose como “español” antes que argentino, toda una definición y, consecuente, rareza para aspirar a gobernar parte de nuestro territorio nacional.

Ni los gritos ni los insultos alcanzan para disimular

La falta de fundamentos o de antecedentes históricos reivindicables, suelen llevar al agravio, a la descalificación panfletaria o a estruendosas manifestaciones beligerantes contra los adversarios políticos, poniendo en evidencia una concepción autoritaria contraria a las bases que sustentan un sistema democrático.

El endeudamiento externo, particularmente el contraído por Macri con el FMI, como en tantas otras ocasiones es la variable principal que provoca fuertes condicionamientos para el desarrollo de políticas soberanas. El monitoreo de ese organismo internacional está ligado a sus imposiciones de programas de gobierno que conllevan a mayores penurias para la población y al reendeudamiento serial del país.

No se puede prescindir de ese dato, como tampoco del modo en que se propone responder o se responde efectivamente a ese lastre histórico tan determinante. El pasivo sometimiento o las resistencias que se opongan a sus mandatos es una cuestión para nada desdeñable.

En ese sentido, no puede omitirse que la reciente devaluación del peso resultó de aquellos condicionamientos, como tampoco que la imposición del FMI representaba un mecanismo devaluatorio del 100%, sin resguardos sociales con impacto fiscal; mientras que la decisión impulsada por Massa la redujo al 22%, acompañada de una serie de medidas compensatorias o paliativas (nuevo régimen del impuesto a las ganancias sobre los salarios, para los profesionales y trabajadores autónomos; eliminación de retenciones a las economías regionales; aumentos de jubilaciones y pensiones, de la AUH y del IFE; alivios fiscales para Pymes como para el consumo de alimentos de los sectores de menores ingresos).

Una vez más, es desde el Estado y no desde el Mercado donde encuentra cobijo la mayor parte de la ciudadanía, sus funciones son esenciales para un mejor vivir que se sustente en la equidad y en la ampliación de los rangos en orden a la igualdad de oportunidades.

En las próximas elecciones se juegan muchas cosas, más distantes o más próximas a nuestro diario acontecer, pero que forman un conjunto inescindible que es necesario considerar desde la emoción y desde la razón.