El futuro de las coaliciones progresistas

Las recientes experiencias de la periferia europea muestran que cuando se incumplen los contratos electorales, normalmente, se parten las “coaliciones progresistas” (llamémoslas así a falta de mejores nominaciones). Luego se refuerzan internamente las posiciones conservadoras, y los sectores más dinámicos se van de la coalición con escaso éxito electoral o alcanzan sus mínimos históricos en la consideración ciudadana si deciden mantenerse dentro del esquema coalicional. Finalmente, tras este proceso de desgranamiento es habitual que triunfen en las elecciones generales la derecha partidaria, en ocasiones en alianza explícita o implícita con la ultraderecha, dando por clausurado el ciclo progresista. Grecia, Portugal y muy probablemente en el corto plazo España son ejemplos de lo que señalamos.

En otra perspectiva, pero en una similar dirección conceptual, la experiencia reciente de Brasil (2014-2016) evidencia que cuando una coalición “progresista” entrega la política económica a los exponentes del neoliberalismo, como hizo Dilma Vana Rousseff en su segunda presidencia, los sectores conservadores internos avanzan y la coalición progresista se desvanece. La salida anticipada de Rousseff por intermedio de un juicio político de características semi- legales dejó en la primera magistratura al vicepresidente, el conservador Michel Temer, quien no dudó en hacer añicos la experiencia progresista, consolidando el giro neoliberal iniciado por su antecesora y dejando servida en bandeja el triunfo electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Observemos más de cerca

La evidencia empírica acerca de la eficacia gubernamental de las coaliciones progresistas en la periferia europea y en América Latina revela que cuando éstas abrazan el ideario neoliberal ajeno a las promesas de campaña (y razón de ser de los acuerdos programáticos) la división y, más tarde, la derrota electoral resultan ser el camino más transitado.  Los casos que a continuación, y muy brevemente, analizamos resultan ser elocuentes en lo relativo al fracaso del gobierno y las consecuentes penurias sociales. 

Grecia. En este país, la denominada “troika” (Banco Europeo, Comisión Europea y FMI) obligó al premier Alexis Tsipras a desconocer el referendo popular de 2015, que rechazó rotundamente la continuidad de las políticas de austeridad y el rescate propuesto por los acreedores. El “No” triunfó con un 61,33% frente al 38,67% que cosechó la propuesta del “Sí” al ajuste. De esa manera, se desencadenó en el país una profunda “doble crisis” –de gobierno y partidaria en Syriza, que se quebró–, precipitando el retorno a las políticas de austeridad, un proceso ruinoso para la economía y, sobretodo, para el pueblo griego. Las elecciones anticipadas que se sucedieron al quiebre mencionado mostraron que Tsipras se afirmó en el gobierno encarnando la postura más conservadora, mientras que los sectores escindidos de Syriza, reunidos en torno al centro izquierda Unidad Popular, no lograron siquiera representación parlamentaria al obtener tan sólo el 2,8% de los votos.

Sin embargo, el triunfo de Tsipras lejos de consolidar el giro ideológico del primer mandatario dio lugar al triunfo del líder del partido de centro-derecha Nueva Democracia (ND) Kyriakos Mitsotakis, quien en 2019 se anotó una victoria neta y rotunda en las elecciones generales. Su formación aplastó inmisericordemente, sin paliativos, al Syriza de Tsipras. El éxito electoral de ND, a pesar de no ser contundente (39,8% de los votos, frente al 31,5% que anotó Syriza), le permitió traducir en escaños una mayoría absoluta para los conservadores, cerrando así el círculo del quiebre de la coalición progresista griega.

Los resultados ruinosos del triunfo derechista para el país, que para abril de este año acabó de pagar la deuda con el FMI, llevaron a que el gobierno de Kyriákos Mitsotákis afrontara la pandemia aplicando la doctrina definida por el periodista Antonis Davanellos como del “gasto mínimo”, lo que puso a los hospitales públicos al borde del desastre. Los funestos incendios forestales del verano de 2021 pusieron de manifiesto el desmantelamiento de todos los servicios públicos relacionados con la protección civil. Decenas de personas murieron en incendios domésticos o por inhalación de humo tóxico, cuando trataban de calentar sus casas con medios improvisados, ya que no podían pagar las elevadas facturas de electricidad o de gas natural. En este contexto social, por demás catastrófico, se inició una nueva ola de subidas de precios sin precedentes, incluso antes de la invasión rusa a Ucrania. Según datos de los organismos oficiales, la inflación anual alcanzó el 6,2% a finales de enero de 2022, y ascendió al 7,2% un mes más tarde, para ubicarse en dos dígitos en los meses siguientes. Esos aumentos devoraron los ingresos de las clases trabajadoras y agotaron la capacidad de los hogares para hacer frente a situación.

De todas maneras, el impacto real en la vida de la clase trabajadora fue más dramático. Según las estimaciones del Instituto Laboral GSEE, la inflación de enero supuso una pérdida del 14% del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que las subidas de precios de los productos de primera necesidad (como los alimentos) fueron muy superiores al índice medio de inflación. A finales de febrero, el precio de la gasolina normal sin plomo superó los 2,2 euros por litro en la región del Ática, mientras que alcanzó los 2,5 euros por litro en las regiones más periféricas. Por último, los precios de la electricidad y del gas natural aumentaron un 300%. Una simple “visita” al supermercado y a la gasolinera, o la llegada de las facturas de la luz, el gas y el agua significaron un momento de angustia para la mayoría de los hogares populares.
La aplicación del modelo neoliberal a rajatabla, luego de la fallida experiencia de la coalición progresista nucleada en torno a Syriza puso a Grecia en una situación económico social penosa y sin grandes posibilidades de revertir ene l corto plazo

Portugal: En el año 2015, la centroderecha ganó las elecciones legislativas, pero fue el socialista António Costa quien se hizo con el poder gracias a una sorpresiva alianza con el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda. Fue el comienzo de una experiencia política sin precedentes en el país. Se la llamó geringonça, “artilugio” en español, un raro mecanismo formado por partes variopintas que, a pesar de todo, funcionaba. Sin embargo, la ruptura de la izquierda que rechazó los presupuestos del primer ministro Costa en 2021 precipitó al país a unas elecciones anticipadas que pusieron fin al acuerdo de gobierno. La anomalía política que expresaba esa coalición de gobierno, por las históricas diferencias entre las fuerzas de izquierda –el gobernante Partido Socialista y sus socios parlamentarios tras las elecciones de 2015 y 2019, el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista–, culminó en un rotundo fracaso.

Sin embargo, y con netas semejanzas con el caso griego, en esas elecciones anticipadas del año 2022, Costa, ahora partidario de lo que se llamó la “austeridad a escondidas”, salió fortalecido. A pesar de que la ciudadanía era cada vez más consciente de su deterioro en la calidad de vida, sobre todo en el área de sanidad y transporte (un tema central en la campaña de 2019), el PS gobernante ganó votos y escaños en relación a la elección precedente, pasando de un 36% de los sufragios del 2019 al 41% de esta última compulsa. Esto puede explicarse por la relajación (parcial) de la “austeridad a escondidas” en el año anterior a las elecciones, pero también por el hecho de que los votantes de un país que acababa de ser rescatado daban más valor que nunca a la capacidad del Estado para mantener sus cuentas en orden. El gasto (en términos absolutos) en educación, seguridad social y sanidad se había mantenido estable desde 2013, cuando Portugal aún estaba bajo el programa de rescate. Sin embargo, la disminución del gasto en inversión pública a partir del año 2018, ubicó a Portugal, junto con Israel y México, en la terna de los países con la menor tasa de inversión pública de todos los países de la OCDE. Como bien sostiene Catherine Moury, el caso portugués demuestra finalmente que el ajuste silencioso fue una estrategia política y electoralmente exitosa para los socialistas, aunque en el plano socioeconómico los resultaron distaron mucho de los cosechados en el terreno institucional. A la fecha, el gobierno de Costa mantiene sus políticas de austeridad en contexto cada vez más complejo e inestable.

España: El país tendrá elecciones generales en noviembre, siempre y cuando el actual gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos consiga mantener la Legislatura (lo que no parece fácil, dada la fragmentación del Congreso de los Diputados) y los acuerdos parlamentarios. La decepción con la coalición progresista que está llevando adelante reformas neoliberales tradicionales, en especial en el campo laboral, dio nuevo impulso al conservador Partido Popular, que en virtual alianza con el ultraderechista Vox muy probablemente se impondrá en las elecciones de este año. En el campo del gobierno, en cambio, la fuerza más dinámica de la coalición, PODEMOS se quebró internamente en un proceso no exento de reproches y acusaciones: Iñigo Errejón armó su propio partido; Pablo Iglesias, su líder histórico, se retiró de la política activa (al menos por ahora) y la nueva formación Unidas Podemos está en sus mínimos históricos en la consideración ciudadana.

En ese marco, el corte conservador que adquiere la coalición inicialmente “progresista” española en materia laboral es comprendida por el catedrático Juan Ramón Rallo como una legitimación de la mayoría de los elementos centrales de la reforma laboral del PP. El decreto ley del gobierno PSOE-Unidas Podemos emitido el año pasado tiene como los elementos más importantes la reducción del costo del despido improcedente desde 45 días por año trabajado con un límite máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades; la ampliación y flexibilización de las causas de despido objetivo (20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 mensualidades); los expedientes de regulación de empleo sin necesidad de aprobación administrativa; prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial (salvo en el caso de las tablas salariales); y habilitación del desenganche del convenio colectivo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Una reforma que tiene entre sus pilares la flexibilización laboral y que atenta contra los intereses de los asalariados en el país.

Los partidos de la izquierda tradicional han votado en contra, y es noticia que la reforma haya salido adelante con el voto del PSOE y de Unidas Podemos. El giro neoliberal del gobierno abre una gran incógnita acerca de que hasta qué punto el Partido del presidente Sánchez está consiguiendo arrastrar a su socio hacia posiciones más conservadoras. Esta estrategia del gobierno español de abrazar la reforma laboral del PP, la cual había prometido derogar en su integridad, abre las compuertas de una derrota electoral de la coalición “progresista” a manos de una oposición de derecha que ofrece más de lo mismo, pero ahora a un ritmo mucho más veloz que en las experiencias de gobierno del pasado reciente.

Brasil: Como se señaló más arriba, Dilma Rousseff literalmente “entregó” la economía al sector financiero encarnado por Joaquim Levy, el “manos de Tijera” –banquero y ex funcionario del FMI–, que obligó a profundizar políticas ortodoxas, las mismas que unos meses antes en plena campaña electoral la propia presidenta adjudicaba a Aécio Neves, su principal contrincante. Una vez iniciado el giro neoliberal a escasos días de re-asumir la primera magistratura en enero de 2015, sucedió una fuerte crisis económica, quiebres internos en el PT y caída vertical del poder. La popularidad de Dilma, que había asumido en este segundo mandato con el 70% de aceptación cayó en menos de 24 meses a un dígito (9%). Este pronunciado desplome en la popularidad presidencial dio impulso a un sector interno de la coalición oficialista liderado por el vicepresidente Temer a avanzar en un más que dudoso juicio político, que finalmente destituyó a la presidenta. Este suceso marcó el inicio de un ascenso gradual de un régimen autoritario, acompañado de un resurgimiento del papel político de los militares, que daría las bases del triunfo del ultraderechista Jair Messias Bolsonaro. 

En ese marco, y respecto al giro copernicano en el plano económico de Rousseff y su abrazo a las políticas neoliberales llevadas adelante desde 2015, señalaba Gilberto Maringoni, profesor de la Universidad de San Pablo que “el ajuste dejó de ser una opción para el gobierno. Se convirtió en su propia razón de ser. Si el ajuste termina, el gobierno cae”. Es decir, la política de contracción económica, los recortes y la de un brutal superávit fiscal se convirtió en la principal política económica de la presidenta, y a la que apostó como única estrategia de superviviencia política en su segundo mandato. Reeditar la misma táctica de “calmar a los mercados” (como había hecho Lula en 2003) en un contexto político diferente desde donde se lo mire y con una derecha hambrienta de poder, resultó ser un suicidio presidencial. Las contundentes mayorías legislativas conformadas, tanto en el Senado, como en Diputados, para expulsar a Rousseff del gobierno revelan no sólo el quiebre de la alianza de gobierno y la derechización del proceso político, sino también que la pata más progresista de la coalición fue la que más pérdidas cosechó (en relación a la salida del gobierno de Rousseff y la prisión de Lula) en el derrotero político electoral posterior. Sólo la pésima efectividad gubernamental de Bolsonaro hicieron posible el regreso de Lula en un contexto sumamente complejo en lo económico y de encorsetamiento (por el tipo de coalición enhebrada) de sus posibilidades de enhebrar políticas distributivas a futuro.

El resto de Latinoamérica. No es pretensión de este artículo dar cuenta de los procesos políticos de todos los países en los que una coalición progresista llegó al gobierno en nuestra región. Sin embargo, es inevitable señalar que la lógica descripta más arriba bien puede aplicarse a un conjunto de alianzas de centroizquierda que han sido (y son) gobierno en América Latina, y en donde los resultados son similares a los descriptos en las líneas precedentes. Es decir, coaliciones progresistas que lejos de llevar adelante el programa legitimado electoralmente, dan un giro “hacia la responsabilidad política” aplicando las recetas neoliberales de los candidatos perdedores o manteniendo un status quo funcional a los grandes grupos de poder, en su mayoría opositores a estos gobiernos “refundacionales”. Los casos más recientes de Perú y Chile, por sólo mencionar dos, son elocuentes en ese marco de análisis. 

Colombia: La contracara

“El Gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que, día y noche, equipos del Gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y, por tanto, más menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más”, expresaba Gustavo Petro hace unas semanas cuando prácticamente suplantó en su totalidad el gabinete, y los acuerdos políticos que lo llevaron a la Casa del Nariño. 

La mayoría de los cambios ministeriales llevados adelante por el primer mandatario expresan que la etapa del “centro político” llegó a su fin. El ala liberal de la coalición que expresaba con su presencia en el gabinete la amplitud del gobierno de Petro se encuentra en franca retirada. La salida de Alejandro Gaviria el (neoliberal ministro Educación), ocurrida hace dos meses le siguieron las de José Antonio Ocampo (samperista, Ministerio Hacienda), Alfonso Prada (santista, en el Ministerio del Interior) y de Cecilia López (socialdemócrata, en Ministerio de Agricultura), expresa que los tiempos de “tranquilizar a los mercados” ha culminado y el intento de profundizar las promesas de campaña menos moderadas ha comenzado en Colombia. 

El proyecto enviado por Petro de universalizar el sistema de salud, junto con la política de transición energética y de reforma agraria con la entrega de tierras al campesinado, encontró sus mayores detractores en el interior de la propia coalición de gobierno. En consonancia con la declaratoria que hizo el presidente de dar por terminada la “coalición de gobierno” con los partidos Conservador, Liberal y de la U, salieron otros dos de sus representantes en el gabinete: Sandra Milena Urrutia (de la U, del Ministerio de Tic) y de Guillermo Reyes (conservador, del Ministerio de Transporte). Todos los cambios del presidente Gustavo Petro, en el gobierno desde el 7 de agosto de 2022, alteran drásticamente el tipo de unidad histórica con que la coalición llegó al gobierno, y se realizan bajo la percepción de que, como señala en El Destape Alfredo Serrano Mancilla, “el centro político no existe, es simplemente la derecha conservadora en una modalidad de tránsito hacia una derecha más radical”.

El cambio en la composición coalicional se traduce, en términos aritméticos, en un achicamiento de las mayorías legislativas, al tiempo que en lo que hace a la “matemática política”, la cohesión ideológica del gobierno será mayor a la de la fecha.  En palabras de Petro: “Creo que vamos a tener una mayoría parlamentaria más débil, pero mayoría”.  
Por último, Argentina. Como resulta obvio, no se intenta en esta nota buscar ninguna mímesis con procesos acontecidos en otras coyunturas, diversos países y procesos históricos muy diferentes.

Sin embargo, la Argentina ha perdido especificidad desde el año 1976 a la fecha y ya no es una formación económico-social tan original como el “mito urbano” supone. Así las cosas, es posible aseverar, aun con todos los reparos que implica una afirmación general, que sostener la unidad, no romper la coalición progresista sólo puede ser alternativa de gobierno popular-democrático si se aparta el rumbo económico del plan que fija el FMI (neoliberalismo económico y social). Ya Nicolás Casullo advirtió que “El peronismo cuando va todo unido se pone conservador” y evitarlo a partir de las elecciones de octubre de 2023, aún abiertas para las dos fuerzas mayoritarias, parece ser la acción política adecuada, según la evidencia que disponemos hasta hoy.