A las aflicciones propias de la pandemia y el confinamiento establecido por los gobiernos Nacional y Provincial, en la semana que termina se sumó como factor adicional de descontento, el enfrentamiento en el que fue obligado a participar el gobierno local por un conglomerado muy minoritario de sectores que, evidentemente, tienen distintos intereses y que usaron como excusa las limitaciones impuestas a comerciantes durante nueve días (que en rigor, resultaron ser apenas cuatro, si se consideran los días hábiles perdidos).
En efecto, tras los hechos de incumplimiento de las medidas con marchas que avanzaron hasta la propia casa particular del gobernador Ricardo Quintela (hecho repudiable sin importar la causa), y que terminaron violando lo establecido por las normas destinadas al cuidado de la salud en plena pandemia; cupo preguntarse sobre los aspectos cuali cuantitativos de la movilización:
Y resulta que las respuestas a estas preguntas, es decir ¿Cuántas personas participaron? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles fueron las causas? Y ¿Qué nivel de representatividad tenían? chocaron frontalmente con las anunciadas por los propios manifestantes, muchos de los cuales resultaron ser víctimas de los intereses políticos de sus instigadores, dirigentes opositores que han demostrado que en su lista de prioridades, la salud de la población está ausente.
En lo que hace a la convocatoria, hasta los propios manifestantes admiten que no alcanzaron las doscientas personas y es una evaluación generosa. Muchos de los “comerciantes” que la emprendieron contra el pensamiento mayoritario de la sociedad, iban acompañados por empleados con los que tienen una relación jerárquica que torna sospechosas las motivaciones de los subordinados para estar allí. Marcelo Navarro, el presidente de la Cámara empresaria local, quien horas antes, alcanzó un acuerdo con el Gobierno a cambio de ayudas extraordinarias que demandarán una inversión del Estado de 200 millones, reveló que “había pocos comerciantes en esa marcha”.
Los “autoconvocados” no se organizaron designando una comisión que los represente, no elaboraron un petitorio y, hay que decirlo, llegaron a la casa del gobernador en un estado emocional absolutamente desbordado, insultando a quien se pusiera en su camino y repitiendo a gritos consignas disparatadas. Ni aunque el gobernador tuviera la voluntad de recibirlos, hubiera sido posible establecer el más mínimo diálogo racional en tales condiciones.
No obstante, satisfechos con el ruidoso caos generado el sábado, los instigadores radicales con responsabilidades institucionales, como la intendenta de la Capital, Inés Brizuela Ydoria y el vice intendente Guillemo Galván, que ya habían quedado expuestos por intercambios de mensajes a través de las redes que se hicieron públicos, y con el apoyo de una emisora local vinculada con los medios hegemónicos nacionales, decidieron convocar a una segunda marcha a la plaza 25 de Mayo que resultó neutralizada sin el uso de medios represivos por parte de la policía. Por el contrario, otro dirigente radical con responsabilidades políticas, el diputado Gustavo Galván terminó agrediendo verbalmente y violando la distancia social impuesta, a una mujer policía a la que trató con evidente violencia de género.
La realidad es otra
Antes de que se terminara la semana, dos hechos pusieron en blanco sobre negro qué es real y qué imaginario en esta historia: Haciendo uso de un sentido de la oportunidad encomiable, los dos líderes de la sociedad riojana se reunieron con el objeto de mostrar a la sociedad que el bien deseado es la paz social. El Obispo Dante Braida, como jefe de la comunidad católica riojana y el gobernador Ricardo Quintela, como el jefe político, decidieron poner fin a los berrinches e hicieron en conjunto una evaluación de la situación para pacificar a una sociedad que, insistimos, ya demasiado tiene con la incertidumbre que genera la amenaza del Covid 19.
Por su parte, Quintela anunció que no habrá sector del trabajo en la provincia que quede excluido del apoyo paliativo que repartirá entre comerciantes, empresarios, monotributistas y trabajadores informales, con un nuevo esfuerzo que ronda los 200 millones de pesos. El primer corte ya pasó el millar de inscriptos que, vale apuntarlo, si hubieran marchado, habrían quintuplicado la escuálida manifestación anticuarentena.
La oposición, un elefante ciego
El derecho a peticionar está garantizado en nuestra Constitución, pero: ¿Alguien con alguna experiencia política puede pensar que se están usando los medios adecuados? La respuesta a esta pregunta es clara: A la oposición destructiva y destituyente de nuestra Argentina, no le interesan ni los comerciantes, ni los empresarios, ni el trabajo de sus empleados, ni la salud amenazada de una población. Avanza como un elefante ciego con un solo objetivo que es el de comprometer, quitarle poder y, de ser posible, apartar del gobierno a una fuerza política que fue legítimamente votada por una población, que va recuperando los derechos arrebatados por un gobierno que nadie duda que fue, probablemente, uno de los más desastrosos de nuestra historia, y del que ellos fueron co-responsables.
No tienen líderes ni discurso, no proponen nada que le sirva a la sociedad. Como una suerte de ameba política, sin pensamiento y sin sensibilidad, solamente responden a estímulos que generan los que hacen para tirarles piedras. Para desgracia de nuestro pueblo, en una derecha que ya existía pero que fue capaz de mostrar sus ideas a luz del día y discutirlas, el macrismo inauguró la etapa conservadora de los zombies políticos que apelan a ser protegidos por los medios y repetir consignas al unísono solo para confundir. Alguna vez, la Historia avaluará el daño que esta runfla de impresentables le causó y le sigue causando a nuestro pueblo.
*El autor es periodista de La Rioja
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