Sombras, nada más

El tango, tan argentino a la vez que tan rioplatense y tan universal, es rico en musicalidad y poética, ofreciendo en sus letras infinidad de figuras icónicas y vivencias de lo más diversas. Los títulos elegidos, también son aportes que el tango provee como apretadas síntesis y es, a partir de alguno de ellos, que propongo abordar la temática de la presente nota.

Pompas de jabón 

La invocación a la “iniciativa privada” como motor de la Economía y condición indispensable para el desarrollo del país en cualquier ámbito, es un latiguillo que se complementa con el cuestionamiento de toda intervención estatal señalada como un cepo, justamente, para el desempeño pleno de aquel proclamado virtuosismo.

El pensamiento liberal que pudo animar en su origen formulaciones de esa índole, reivindicando libertades individuales que confrontaban con absolutismos monárquicos, ofrece justificados reparos en su evolución histórica y proyección práctica al poner de manifiesto que los derechos y garantías enunciados no comprendían, efectivamente, al conjunto sino a una pequeña porción de la sociedad.

Su reformulación como “neoliberalismo” denota una grotesca imagen de la filosofía originaria, quizás porque se despreocupa del enmascaramiento de la desigualdad que favorece y que hace a su misma esencia, exacerbando al máximo el individualismo con consignismos libertarios a la vez que, con el afán de impedir cualquier desenvolvimiento de una democracia social, cataloga de “totalitaria” a toda acción estatal que persiga mayores equilibrios y poner límite a los poderes fácticos cada vez más concentrados.   

Los servicios públicos, los recursos naturales como otras áreas estratégicas son blanco de críticas cuando los administra o explota el Estado y objetivos permanentes de codiciosas apetencias de las Corporaciones transnacionales que, valiéndose de las campañas que le endilgan gestiones deficitarias, se proponen como ejemplo de eficiencia en aras del bien común.

La prescindencia de aspectos centrales que exceden a las consideraciones meramente economicistas, posee especial relevancia; pero aún, cuando uno se ciñera a estas últimas, las experiencias acumuladas no brindan real sustento a postulados semejantes. Siendo efímeros los resultados positivos que se registran, como cuantiosos los daños que generan y que, finalmente, debe ser el Estado el que se encargue de restañarlos.

Mi noche triste

El festival de privatizaciones de la mano de Menem en los años 90’ constituyó uno de los ejemplos más emblemáticos de esas ilusorias idealizaciones que, malvendidos activos del Estado y apartándoselo de la gestión o del control mediante el otorgamiento de concesiones por varias décadas, generó pingues negocios -cuando no oscuros negociados- que poco y nada se compadecieron con las mejoras auguradas ni con las inversiones prometidas. 

Las actividades ferroviaria, petrolera, siderúrgica formaron parte de un Plan Maestro que también comprendía servicios esenciales (provisión de gas, electricidad, agua, telecomunicaciones), redes viales, terminales portuarias, subsistemas de salud (ampliando el espectro de la medicina prepaga y desfinanciando a las Obras Sociales sindicales) y hasta a la seguridad social cedida a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).  

El desmantelamiento de los ferrocarriles y de sus distintos ramales trajeron aparejado, junto a sus efectos directos como medio de transporte de pasajeros y de carga, el encarecimiento de la logística en general como el empobrecimiento -o virtual desaparición- de localidades y regiones estrechamente ligadas a las operaciones ferroviarias. Otro de sus efectos fue la pérdida de conectividad con y entre territorios cuyas áreas resultaran de baja rentabilidad, como también ocurrió en el ámbito de la aviación comercial con la venta de la línea de bandera (Aerolíneas Argentinas), a la que se sumó su desguace con la enajenación de aviones como el abandono de rutas nacionales e internacionales.

La administración portuaria, con concesiones de 30 años para la explotación de las terminales, exhibe otras tantas consecuencias perjudiciales y revela a diario la existencia de una trama en que se combinan subregistros de exportaciones, contrabando y triangulaciones comerciales ficticias para la transferencia de activos al exterior. A lo que se agrega, con similar o mayor entidad, el compromiso de la soberanía nacional sobre los ríos y el litoral marítimo, el control de la navegación fluvial y una explotación racional de esas vías de comercio regional e internacional. 

En materia de seguridad social se verificaron alternativas semejantes, incluso más graves si se atiende a que es un campo en el que han regido desde antaño principios básicos (solidaridad, universalidad, integralidad, igualdad) que responden, principalmente, a fines sociales y a garantizar derechos humanos esenciales, y no a constituirse en unidades de negocios con prevalencia de intereses económicos y afanes lucrativos.

La intervención de las AFJP distorsionó por completo ese sistema, promoviendo una competencia entre las operadoras en la búsqueda de los “afiliados” más rentables (por edad y niveles de ingresos fundamentalmente), con el sobredimensionamiento de los costos de administración que llegaron a superar el 30% de lo recaudado, con un manejo discrecional y espurio de las inversiones de los Fondos en perjuicio de su sostenibilidad, con una operatoria restrictiva para la obtención o, en su caso, para la determinación de los beneficios previsionales, que redujo sustancialmente el universo de la población con efectiva cobertura jubilatoria y los haberes respectivos que se pauperizaron.

En todos esos casos, como en los restantes que completaron ese esquema de enormes negocios sin contraprestaciones equivalentes e incumplimientos seriales de los objetivos declarados para darles cabida, existen otros antecedentes asimilables que reconocen similar matriz y que respondieron a políticas de igual cuño, como es posible detectarlos en los gobiernos surgidos de los golpes de Estado de 1955 y de 1976.
También un dato en común que se verifica entre las perniciosas consecuencias sociales, ha sido su proyección al mundo del trabajo en donde se han desplegado en paralelo políticas ostensiblemente precarizantes.

Advirtiéndose reducciones o supresiones de derechos individuales y colectivos, flexibilizaciones que agravaron las asimetrías características de las relaciones de empleo, un deterioro notable de las condiciones de labor, como limitaciones severas para el ejercicio de la libertad sindical (de agremiación, concertación colectiva y huelga).

La luz de un fósforo

En estas semanas se ha acrecentado el debate en torno al servicio de energía eléctrica, con especial direccionamiento a la compañía EDESUR (de capitales italianos y locales) y las Generadoras y Distribuidoras de ese fluido.

Los usuarios residenciales, comerciales e industriales afectados se cuentan por cientos de miles, sin que las millonarias multas impuestas a la empresa desde hace mucho tiempo (cuyo efectivo pago nunca termina de concretarse) lejos han estado de compeler a acciones para subsanar las deficiencias del servicio, ni menos permitir avizorar las inversiones necesarias -pendientes desde hace décadas- para que se obtenga una provisión en cantidad y calidad acorde con las obligaciones que le son propias.

Frente a tantas carencias se multiplican ahora los reclamos por una mayor presencia del Estado, incluso desde sectores empresarios, instándose a la revocación de la concesión o a la expropiación de la empresa o a su compra (total o de la mayoría del paquete accionario).

En cualquier caso, el rescate indispensable por el Estado estará expuesto a demandas ante tribunales extranjeros por la extraterritorialidad jurisdiccional que siempre se incorpora a las contrataciones que les dan origen, como sucediera con otras reestatizaciones (YPF, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, las AFJP) y con el riesgo adicional, como ya ha ocurrido, de que esos juicios (“derechos litigiosos”) los compre baratos algún Fondo Buitre que cuenta con recursos y tiempo de sobra para esperar coyunturas nacionales más favorables para hacerse de jugosas “indemnizaciones/compensaciones”.  

Siga el corso

Cuando se pone el foco en el Gobierno de “Cambiemos” (2015/2019), hoy Juntos por el Cambio, aparecen claras evidencias en los hechos y explícitas definiciones discursivas en sintonía con los paradigmas neoliberales que dieron lugar a las dramáticas experiencias antes referidas, a las que sumó otras de tanta gravedad y entre las que se destaca el mayor -y más acelerado- endeudamiento externo registrado en Argentina en simultáneo con una fuga de capitales de igual magnitud.

Sin embargo, proponiéndose como principal fuerza opositora postula profundizar -y a un ritmo más vertiginoso- esas mismas políticas en un futuro gobierno e insiste en medidas que ya se demostraron funestas para la gran mayoría de la población.

Anticipa una reducción del Estado a su mínima expresión, no sólo en su estructura orgánica sino en cuanto a sus funciones esenciales. La privatización -por venta o concesión- de activos estratégicos, el sometimiento pleno a las “reglas” del Mercado sin mediación, intervención o control estatal. Una apertura de las fronteras económicas que conspiran claramente contra cualquier desarrollo de la industria nacional, consolidando un esquema de producción primaria acorde con un modelo de país agro-exportador que provocará, inevitablemente, mayor atraso y dependencia.

Obviamente, al mundo laboral le reserva el mismo lugar en clave “neoliberal”. Ensayando alquimias retóricas que plantean, como novedosas, viejas y remanidas fórmulas para crear empleo que siempre han deparado pérdida de derechos, deslaboralización (disimulando trabajo asalariado con figuras no laborales) e incremento de la desocupación y subocupación.

A la par que, lógicamente para avanzar con ese rumbo, proyecta un endurecimiento extremo ante la protesta o reclamo gremial, la penalización de legítimas acciones de autotutela de los trabajadores -especialmente destinadas a dirigentes o activistas-, como parte de un conjunto de acciones antisindicales.   

Por la vuelta 

La lucha por la construcción de sentidos impone una tarea de reflexión retrospectiva, a la vez que una permanente atención dirigida a desentrañar los verdaderos objetivos, motivaciones y destinatarios de las “soluciones” que se proponen a los múltiples problemas que afrontamos en la actualidad.

Garantizar servicios públicos esenciales importa comenzar por concebirlos como tales, con relación a derechos humanos fundamentales y a responsabilidades indeclinables del Estado que, sin desmedro de una administración eficiente y una prestación suficiente, exigen hacer prevalecer el interés público sobre el privado, el efectivo acceso de la población a bienes de esa naturaleza sobre las tasas de ganancias con las que pueda especularse.

La intervención directa del Estado se hace cada vez más necesaria, sobre todo cuando es quien debe asegurar inversiones iniciales o garantizar financiamiento externo a ese fin, como presupuesto de contratos de concesión. En tanto las obras de infraestructura comprometidas por los concesionarios no se concretan y termina recurriéndose a las arcas públicas para salvar esas omisiones y una vez saneadas -o en curso de recuperarse-, se pretende volver a entregar su explotación a grupos “inversores” particulares.

Mayor sentido adquiere la presencia -hasta exclusiva- del Estado cuando se trata de activos estratégicos o resortes e instancias determinantes para afianzar la soberanía, la autodeterminación como país y la neutralización de injerencias extranjeras que comprometan la seguridad nacional.

Las crisis con frecuencia son tierra fértil para sembrar inquietudes y desconfianzas sociales en la capacidad de respuesta nacional, popular y democrática para superarlas, generando una deliberada confusión entre gestión pública y privada como parteaguas de aptitudes y niveles de eficiencia, dificultando distinguir entre el bienestar general y el valor rentístico que debe primar.

Uno de los versos más recordados del tango “Por la vuelta” es ese de que “la historia vuelve a repetirse”, que bien puede mostrarse señero en muchos aspectos de la vida y también en el terreno político.

Claro que no existe una sola historia, ni son únicas las experiencias vividas en el país en cuanto al saldo -perjudicial o beneficioso- que dejaron para el conjunto de la población, como tampoco al título de ese tango cabe atribuirle un solo sentido y, en este año electoral, depende de nosotros asignárselo en base a las enseñanzas recogidas como a las convicciones personales resultantes