La crisis del 2008/2009 aglomeró en el lapso de un año las siguientes calamidades:
- El impacto del “crack” financiero internacional provocado por la insolvencia de los créditos hipotecarios en los Estados Unidos y la deuda pública de las economías más débiles de Europa. La recesión iniciada en el 2009 provocó una caída del PIB del -6%.
- El rechazo en el Congreso de la Nación en el año 2008 de la ley de derechos de exportación móviles, cuyo objetivo era regular la renta extraordinaria derivada de los precios internacionales de los productos primarios que se produjo en el lapso 2008-2013. Durante el citado lustro, el Estado resignó u$s 7.500 millones en concepto de derechos de exportación.
- La derrota en las elecciones legislativas del año 2009, con singular efecto en la Provincia de Buenos Aires. Durante el bienio 2009-2011 el oficialismo gobernó con minoría parlamentaria, sufriendo la carencia extrema de contar con una ley de Presupuesto que dotara de certeza al programa de gobierno en el año 2011.
Amado Boudou, designado ministro de economía en julio del 2009, tenía en su haber el impulso a la recuperación para el Estado de los fondos de pensión privados que habilitó la solvencia fiscal para implementar la Asignación Universal por Hijo a fines del 2009 y dotar al ministerio de planificación de ingentes recursos para elevar la tasa de inversión pública a niveles récord del 3,8% del PIB en el 2011 (téngase presente que el Presupuesto 2021 contiene una tasa de inversión pública del 2,2% del PIB, subejecutada hasta el momento).
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Con el orden fiscal derivado de la estatización de las AFJP, a fines del 2009 la tarea fue el equilibrio de las cuentas externas. La agenda consensuada con el FMI habilitó el segundo canje de deuda en el 2010, la constitución del Fondo de Desendeudamiento con las reservas internacionales excedentes, la utilización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) -emitidos por el organismo en ocasión de la referida crisis financiera global del 2008- para la reactivación interna y el apoyo de los tres bancos multilaterales de fomento (BID, Banco Mundial y CAF) reembolsando inversión ya realizada. Estas medidas dieron vuelta el saldo negativo la Cuenta Capital del Balance de Pagos en el año 2010, ingresando u$s 7.100 millones.
La economía creció un 10% en el 2010 Y un 6% en el 2011. Amado acompañó a Cristina en la fórmula presidencial. El liderazgo de las dos veces Presidenta, arrastrando la peor tragedia de su vida, le permitió alcanzar el 54% de los votos en los comicios del 2011.
A esta altura de la columna el lector dirá “era otro contexto”. Sin duda que sí. Pero la reseña apunta a la audacia en la toma de decisiones para superar un escenario en extremo adverso.
En el presente se han adoptado decisiones en procura del orden externo y de las cuentas públicas. No obstante, no han dado el resultado esperado en términos de amortiguación económica del golpe propinado por la pandemia global durante el 2020, ni tampoco en el 2021 se ha producido una vigorosa reactivación inclusiva del conjunto del pueblo.
En columnas pasadas citábamos las debilidades de las decisiones de política económica definidas como prioritarias.
La reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera con residentes en el exterior por u$s 66.000 millones reunió una aceptación del 99% de los tenedores de bonos. Lo extraño es que el riesgo país, que llegó a un mínimo cercano a los 1.100 puntos básicos al momento del canje en septiembre 2020, fluctúa en el presente en torno a los 1.550 puntos básicos. El reordenamiento de los pasivos externos implica un sendero de previsibilidad de las cuentas con del balance de pagos que se refleja en el descenso del riesgo país y en el reflujo de dólares al circuito de producción y consumo. Un riesgo país que fija una tasa mínima de retorno del 16% anual para una colocación en moneda extranjera torna inviable una afluencia de capitales que revierta el saldo negativo de la Cuenta Capital del Balance de Pagos.
La segunda explicación pendiente, asociada a la falta de resultados de la reestructuración de deuda pública con el sector privado, es que el Banco Central no acumula reservas internacionales en la magnitud del superávit comercial que arroja una economía contraída y con precios internacionales favorables de los productos primarios exportados. El excedente comercial del 2020 fue de u$s 12.500 millones y las reservas brutas disminuyeron en -u$s 5.400 millones. Al mes de agosto del 2021, la situación mejoró respecto del año anterior acortando sensiblemente la diferencia: el saldo favorable de la balanza comercial ascendió a u$s 10.600 millones y las reservas brutas aumentaron en u$s 6.800 millones.
La reestructuración de deuda pública con el sector privado y el abultado superávit comercial no son suficientes para asegurar la estabilidad cambiaria, concretada en el atesoramiento abultado de divisas en el Banco Central. Dólares de origen financiero tampoco ingresan como consecuencia del riesgo país elevado.
La política económica recurre entonces al equilibrio fiscal para estabilizar las variables. El déficit fiscal interanual acumulado entre julio 2020/julio 2021 se contrajo un 71%, disminuyendo de $1,1 billones a $305.000 millones. La monetización de la economía se redujo del 24% del PIB en el 2020 al 22% del PIB en el primer semestre 2021.
La política monetaria y fiscal contractiva no sustituye el equilibrio externo ni contiene la inflación, que ha alcanzado el 32% acumulado a agosto cuando la proyección anual contenida en el Presupuesto 2021 es del 29%.
Pero una política monetaria y fiscal conservadora sí frena la actividad después de una caída muy relevante como la ocurrida en el 2020 del -9,9%.
También en columnas pasadas advertimos sobre el comportamiento de los agentes económicos más poderosos, refractarios a expandir la economía y aceptar la puja distributiva que deriva de una baja pronunciada del desempleo que posiciona a los sindicatos para reclamar la recuperación del salario.
En el actual contexto el comportamiento de las cúpulas empresarias es presionar con precios en mercados altamente oligopolizados y no regulados por el Estado, para luego dolarizar el excedente apropiado en el mercado cambiario alternativo “dólar contado con liquidación”, al que el Banco Central alimenta con reservas internacionales para comprimir la suba de la cotización.
En este esquema, la recuperación rápida de la economía y el pleno empleo es prácticamente imposible. Si los límites a las políticas activas de impulso a la demanda van a estar dados por el remanente de dólares que el Ente Rector monetario y cambiario pueda reunir trabajosamente después de contener una demanda de divisas para salida de capitales, la Argentina de producción y consumo potente es inviable.
Hay que romper el “corset” impuesto por el poder económico y asegurar energía, alimentos, indumentaria y vivienda para todos y todas. Son bienes de producción nacional, y la construcción de circuitos menos trasnacionalizados que los actuales se torna imperiosa.
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