Analizando la evolución del gasto público nacional primario - sin contemplar los intereses de la deuda -, el Instituto Argentino de Analisis Fiscal (IARAF) estimó que para el periodo 2017-2022 las Jubilaciones y Pensiones fueron las partidas que más pesos perdieron en las erogaciones públicas.
Con techo en 2017, el gasto comenzó una caída constante de 18,7 puntos hasta el año 2019. El cambio de gobierno y el inicio de la pandemia reactivaron las erogaciones públicas, que crecieron un 15%. De esta forma, con suaves altibajos el gasto primario total terminó el 2022 un 6,5% por debajo de los niveles de 2017.
El año 2017, atravesado por elecciones intermedias, presentó el mayor volumen de gastos de los últimos seìs años. A partir de allí, y con el desembarco del Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre de 2018, los gastos nacionales comienzan a sentir el apretón fiscal.
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La detracción en términos de haberes mínimos
El rubro prestaciones sociales es el de mayor peso en el gasto primario argentino. En el 2017, esa partida ocupaba el 54% del total de las erogaciones nacionales. Dentro de prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones ocupó el 38% de las adjudicaciones estatales. En 2022 , Prestaciones sociales sigue liderando el podio de expendios estatales, pero dentro de ella, Jubilaciones y pensiones ocupa el 34%.
En 6 años, la reducción de expendios en jubilaciones asciende, en términos de valor, a 114 millones de jubilaciones mínimas. Valores a diciembre 2022: $50.125- . El gobierno de Cambiemos comenzó una reducción equivalente a 9,2 millones de jubilaciones en 2018, en contraste a 2017, y entregó el Ejecutivo al Frente de Todos con una quita de peso en la partida acumulada proporcional a 21 millones de jubilaciones mínimas. En 2022 ese “ahorro” llegó a los 114 millones de haberes mínimos
Trayectoria del gasto
Ahora bien, no todos las adjudicaciones del Estado se movieron en igual sentido. De los 15 gastos identificados por Iaraf, 12 se redujeron entre 2017 y 2022. En términos absolutos, las jubilaciones y pensiones contributivas fue el gasto que más disminuyó -$1.609.000 millones-, seguido por los salarios -$702.000 millones- y las transferencias totales a provincias -$554.000 millones-. Por otra parte, aquellos gastos que más aumentaron fueron: Programas Sociales -$1.555.000 millones-, subsidios a la energía -$1.033.000 millones- e inversión real directa -$113.500 millones-.
Sin embargo, las variaciones expuestas a análisis esconden diferencias importantes entre las trayectorias de los distintos tipos de gastos. Es por ello que conviene dividir el período en dos subperíodos: 2017–2019 y 2019-2022.
En el final del ciclo cambiemos, 2017-2019, todas las partidas del gasto entran en una trayectoria descendente, excepto los Programas Sociales. Las partidas que mayores recortes sufrieron son otros subsidios económicos -80,8%- y Transferencias de capital a provincias -71,2%-, mientras que la que menos cayó fue Asignaciones familiares y universales -8,9%-.La categoría Programas sociales creció en 62,5 puntos.
Por su parte, entre el 2019 y el 2022 fueron varios los rubros que exhibieron tasas positivas, acompañando el aumento del gasto primario del 15%. Además de los montos destinados a Programas Sociales que crecieron en 208%, se puede mencionar a los subsidios a la energía -119%-, otros gastos corrientes -109%-, transferencias corrientes y de capital a provincias -20% y 56,9%, respectivamente.
Aún así, ambos trienios ajustaron partidas en común. Las víctimas de la contracción fiscal en estos años fueron aquellas destinadas a bienes y servicios, pensiones no contributivas, prestaciones del INSSJP (PAMI), jubilaciones y las transferencias a universidades. En esta línea, jubilaciones y pensiones contributivas fueron el segmento que más recortes experimentó en ambos periodos.
De acuerdo a Iaraf, en los últimos 6 años ha habido una redistribución de recursos entre distintos sectores sociales. Por ejemplo, el sector integrado por jubilados y pensionados tuvo una reasignación de recursos de $1.608.000 millones de pesos entre el 2017 y el 2022, explicada básicamente por una pérdida del poder adquisitivo de los haberes. Los asalariados públicos y las universidades nacionales resignaron gasto por $870.000 millones de pesos, también explicado por la pérdida de poder adquisitivo del salario.
El FMI espera que el gobierno ajuste su déficit fiscal en torno al 1,9%, un 0,6% por debajo de lo que los expendios se redujeron en 2022. El desafío socio-económico que enfrenta Argentina en este año electoral es enorme y es vital generar espacios de consenso para transitar caminos viables, que permitan llegar a buenos niveles de crecimiento, pero con la garantía de una distribución equitativa de ingresos.
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