Dólar Futuro: los culpables son los jueces

Se terminó uno de los casos paradigmáticos del lawfare, la causa Dólar Futuro. Todos los denunciados fueron sobreseídos. Desde el vamos era una cuestión política no judiciable, una decisión en materia económica. Un peritaje que llegó con casi 5 años de demora reveló que además no hubo ningún perjuicio económico contra el Estado ni nada ilegal. Pero el daño está hecho. Tapas de diarios, programas de televisión, horas de éter radial dedicados a demonizar a un sector de la política argentina basados en esta y otras farsas judiciales. Más que detallar quienes fueron acusados hay que remarcar los nombres de aquellos que aceitaron los engranajes judicales del lawfare.

Los nombres detrás de este caso de lawfare son conocidos.

• Los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, que hicieron la denuncia penal.
• El juez Claudio Bonadio que le dio impulso, elevó la causa a juicio sin pruebas, les negó el derecho de defensa a los acusados y fue protegido por todas las instancias de Comodoro Py.
• El fiscal Eduardo Taiano, que actuó en tándem con Bonadio y rankea en el podio del lawfare junto a su procesado colega Carlos Stornelli
• Los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Eduardo Farah que sostuvieron a Bonadio
• Los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que hoy se sabe gracias a la investigación de El Destape que se reunían con Macri mientras tomaban decisiones en esta y otras causas. En esta ratificaron a Bonadio y todas sus irregularidades.
• Los jueces de la Cámara de Casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci que también intervinieron para el siga siga de este expediente.
• Los jueces José Michilini y Ricardo Basílico, que rechazaron los pedidos de sobreseimiento previos y dijeron que tenía que realizarse el juicio oral. Posición contraria tuvo Adrián Grunberg, en soledad.

Fueron 9 los jueces que fueron parte de esto. Excepto Bonadio, fallecido, todos siguen en sus cargos. Todos, sin excepción, convalidaron un proceso judicial plagado de irregularidades y por fuera de la ley. Y lo sabían.

El fallo que cierra esta farsa lo firmaron los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. La sentencia dice que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”. Es una frase de forma y todos saben que es falsa. Eso, lamentablemente, lo deciden los medios, no los jueces. Hoy los medios que fueron parte de este proceso de persecución hablarán de la impunidad de los sobreseídos, no de las tropelías de los magistrados. De hacerlo se pisarían la cola.

Casualidad o no, el fallo llega un 13 de abril, exactamente a 5 años de la citación a indagatoria a una de las acusadas por este caso que terminó siendo un inmenso acto político que la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich quiso impedir y a la que tuvieron que recordarle por oficio judicial que respetara los derechos humanos de los manifestantes.

Petrone y Barroetaveña votaron juntos, fundamentaron su decisión en el peritaje contable que demoró 5 años y no dijeron nada de las irregularidades del caso. Pero la jueza Figueroa dejó registro de todo con nombres y apellidos, algo poco habitual. En general los jueces hacen referencia a otros colegas pero solo con el cargo.

La jueza Figueroa, en su voto, hizo una cronología del caso y de todas sus irregularidades. Escribió sobre “la discrecionalidad del juez instructor Bonadío”, sobre “las irregularidades durante la instrucción de la causa denunciadas por las partes, en orden a la denegatoria de prueba”. Detalló también los distintos pedidos de recusación de Bonadio que hicieron varios de los acusados y como el juez era protegido por las distintas instancias judiciales.

Figueroa también resalta como Bonadio denegó la realización de las pericias contables que ahora los jueces Petrone y Barroetaveña dicen que son la prueba para terminar con esta farsa. Bonadío rechazó hacerlas el 20 de abril de 2016 “por entender que las mismas no resultaban útiles”; recién se ordenaron el 9 de septiembre de 2019, tres años y medio después; el trabajo del Cuerpo de Peritos de la la Corte fue entregado el 4 de agosto de 2020; y ahora, 13 de abril de 2021, los jueces dicen que eso justifica los sobreseimientos. Todo hubiera terminado hace años de no ser por Bonadio y todos los que lo encubrieron.

“Resulta arbitrario y violatorio de las normas aplicables que se eleve la causa a juicio sin ordenar y previamente producir la prueba, es inusual y falto de razonabilidad el comportamiento del juez instructor, quien tenía el deber de comportarse con imparcialidad y ajeno a los intereses del proceso”, escribió Figueroa sobre Bonadio. Aplica a todas las causas en las que intervino excepto las que involucraban a funcionarios macristas. A esos, a los compradores de dólar futuro que se beneficiaron con la propia devaluación de decidieron, a Mario Quintana, Pablo Curat, José María Torello, Gustavo Lopetegui, Martín Lousteau y Miguel Galuccio, los sobreseyó sin ninguna investigación.

Párrafo aparte. A Bonadio lo validaron los camaristas federales Irurzun y Farah, el primero autor de la doctrina para encarcelar ex funcionarios kirchneristas y el segundo eyectado de Comodoro Py por votar a favor de la liberación de Cristobal López y Fabian De Sousa y hoy vuelto a su despacho. Este caso recuerda lo que es Farah, mal que les pese a algunos que se ilusionan con su retorno a Py.

Otro párrafo aparte merece la Cámara de Casación y puntualmente los jueces Borinsky y Hornos. Ambos intervinieron como subrogantes y protegieron a Bonadio el 31 de marzo y el 26 de agosto de 2016. La jueza Figueroa opinó lo contrario. Nadie sabía por entonces lo que reveló El Destape: que por esos días Borinsky visitaba a Mauricio Macri en Olivos y Hornos en la Casa Rosada y también en la quinta presidencial.

En Casación hay un párrafo bis: también intervinieron los camaristas Riggi y Catucci, también como subrogantes y también para negar recursos planteados por los acusados el 7 de febrero de 2017. La jueza Figueroa, en su voto, recuerda que ella estaba de licencia y que decidieron así pese a que ella era la única titular de la Sala I de la máxima instancia penal del país.

Párrafo también para los jueces Basílico y Michilini, del Tribunal Oral N 1, que el octubre del 2020 desestimaron los pedidos de sobreseimiento que hicieron varios de los acusados. La fecha es importante: ya tenían el peritaje que descartaba cualquier delito pero no les importó. Otra fue la posición del juez Grunberg, el tercer miembro del tribunal, que dijo que no había ningún delito.

Nota al pie: en esta nota no se menciona a los sobreseídos. No es un olvido. No es de ellos de los que hay que hablar.