El 27 de octubre Cristina Fernández publicó una carta homenaje a su esposo fallecido, el ex presidente Néstor Kirchner, donde dedicó un amplio espacio a la crisis argentina actual. Señaló que la existencia de una “economía bimonetaria” es el problema estructural “más grave que tiene nuestro país” y afirmó que sólo podía ser resuelto mediante “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”.
Más allá de lo oportuno de la intervención, la idea de un acuerdo amplio como única solución viable a nuestros problemas más urgentes no es nueva. Sin ir mucho más allá, poco antes de la publicación de esa carta, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, habían convocado a un Acuerdo Económico y Social en conjunto con dirigentes gremiales y empresariales, definiendo diez puntos de consenso para construir el futuro económico y social argentino. De forma que, más allá de las múltiples lecturas que puedan hacerse de las expresiones de la vicepresidenta, es claro su apoyo a los lineamientos principales del gobierno de Alberto Fernández.
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La Argentina tiene una larga tradición en la búsqueda de acuerdos sociales para consensuar caminos comunes que es imprescindible recuperar. Si bien las condiciones económicas y políticas eran distintas a las actuales, esas experiencias pueden servir para ilustrar el potencial, los desafíos y las limitaciones del mecanismo del acuerdo social.
Acuerdos sociales para salir de la crisis a lo largo de la historia Argentina
Durante la segunda posguerra, un importante antecedente fue el Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social, convocado por Perón en 1955. Dicho congreso proponía un diálogo entre empresarios y trabajadores, representados por la CGE (Confederación General Económica) y la CGT, con el Estado como mediador y garante de los acuerdos. La idea rectora por entonces era que los incrementos salariales se adecuaran a los incrementos de la productividad, buscando pautas que promovieran la colaboración entre capital y trabajo. Unos meses después del Congreso sus posibilidades fueron truncadas por el golpe de Estado que derrocó a Perón.
En los años sesenta, la CGE y la CGT retomaron la lógica de la concertación buscando consensos sobre un programa económico que aglutinara los intereses de empresarios nacionales y trabajadores. Estas iniciativas se profundizaron cuando, tras el Cordobazo y la crisis de la dictadura de Onganía, se restituyó la posibilidad de un retorno de la democracia. En 1970, los partidos políticos mayoritarios conformaron “La Hora del Pueblo” que también consensuó algunas propuestas económicas: alcanzar el pleno empleo, mejorar la distribución del ingreso y fomentar el desarrollo de las industrias básicas. Éstas fueron el puntapié de las “Coincidencias programáticas” alcanzadas poco después por la CGT, la CGE y los principales partidos, y parte del programa de la campaña electoral de 1973.
Con el triunfo peronista, José Ber Gelbard asumió la conducción económica y sustentó su programa en el Acta de Compromiso Nacional, que refrendaron la CGE y la CGT en el Congreso. El objetivo fundamental era, nuevamente, reducir la inflación y la puja distributiva: cada sector debía resignar, al menos por un tiempo, una parte de sus ingresos para obtener una mayor estabilidad monetaria. Se buscaba además restituir la participación de los trabajadores en el ingreso nacional (vinculando el incremento salarial con aumentos en la productividad), eliminar la marginalidad social a través de políticas estatales de vivienda, educación, salud y asistencia social, mejorar la asignación regional del ingreso y terminar con la fuga de capitales.
Luego de la firma del ACN se celebraron otros acuerdos, completados a fines de 1973 con la presentación del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, que planteaba “un nuevo modelo de producción, consumo organización y desarrollo tecnológico” y recuperar la independencia económica impulsando la empresa de capital nacional.
Estos acuerdos permitieron en muy corto plazo frenar el proceso inflacionario. Las tasas anualizadas, cercanas al 100% en los primeros meses de 1973, se redujeron a un dígito hacia fines de año. Sin duda, estos éxitos fueron apuntalados por la construcción de un consenso previo y por la legitimidad de un peronismo triunfante en las elecciones nacionales. Pero la virtual disolución de la autoridad política luego de la muerte de Perón llevó a que las tensiones acumuladas se volvieran inmanejables, con el trágico devenir histórico conocido.
¿Qué lecciones podemos reconocer en esta historia? Primero, que más allá del efecto que puedan tener sobre la eficacia del acuerdo los (inevitables) cambios de las condiciones iniciales (por ejemplo, la crisis internacional y el incremento del precio del petróleo de esos años), no hay acuerdos posibles sin liderazgos políticos fuertes que los sostengan. Segundo, que no hay pactos viables sin la construcción política previa de un horizonte común: la Hora del Pueblo y las Coincidencias programáticas confluyeron en la conformación de un consenso y en una orientación de la estrategia de desarrollo que otorgó el marco político-institucional de discusión de los acuerdos sectoriales y las concesiones de empresarios y trabajadores.
¿Será, como afirmó la vicepresidenta en su carta, que la Argentina es “ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías”? En todo caso, nuestro futuro inmediato mostrará si nuestra dirigencia ha logrado o no aprender de las enseñanzas de la historia.