La UTEP, la CGT y los desafíos democráticos

El lunes 10 de agosto, en la sede de la UOCRA, un conjunto de movimientos sociales y sindicatos presentaron su Plan de Desarrollo Humano Integral para afrontar la pospandemia, inspirado en el espíritu de los planes quinquenales de los primeros gobiernos de Perón. Por los primeros, participaron los principales integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); por los segundos, algunos de los más importantes sindicatos del transporte (Camioneros, Unión Ferroviaria, SMATA, Dragado y Balizamiento) y la organización anfitriona, que juega un papel central en la obra pública, uno de los pilares de la propuesta.

El Plan presentado se enmarca en una estrategia: la unidad de la clase trabajadora del sector público, privado y de la economía popular. No son pocos los escollos existentes para el avance de esa estrategia, fundamentalmente provenientes de algunos sectores de la central obrera, que en lo organizativo se vería coronada mediante la integración de la UTEP en la CGT. Sin embargo, sus impulsores destacan que durante el macrismo, ese proceso de diálogo tuvo como primer logro el apoyo conjunto a la sanción de la Ley de Emergencia Social, en noviembre de 2016. Ahora, en el nuevo contexto abierto por la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, y mucho más tras los efectos de la pandemia, se propusieron aportar a la reconstrucción del país bajo un nuevo paradigma.

Este hecho concreto permite abrir una serie de reflexiones sobre la construcción de la democracia argentina, un significante siempre en disputa.

En efecto, frente a todas las visiones institucionalistas, que reducen el significado de la democracia a un conjunto de reglas de juego que regulan la selección y las funciones de los gobernantes, nuestro país cuenta con una larga tradición de participación política de las organizaciones populares, que permite enriquecerlo con otros criterios. ¿No es acaso más democrático un país donde los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones gremiales, estudian, discuten, elaboran y eventualmente ejecutan planes de desarrollo, que uno donde solamente lo hace una elite tecnocrática?

Una vez despejada la enorme capa de prejuicios existentes, tanto en ambientes progresistas como conservadores, sobre las capacidades de las organizaciones populares, una lectura del Plan de Desarrollo Humano Integral pone de manifiesto que cuentan con equipos técnicos capaces de abordar seriamente cuestiones medulares de un proyecto de país, que parte importante de la dirigencia política nunca se llega siquiera a plantear: la urbanización de los barrios populares, el fortalecimiento del ahorro nacional, el fomento del arraigo rural, la reorganización de la red de transporte de carga y de pasajeros, la transición productiva ecológica, entre otras.

Una democracia más profunda implica una valoración epistemológica del conocimiento de la realidad del país que acumulan, como un tesoro descuidado, las organizaciones comunitarias y populares. Es sintomático en este sentido que el propio presidente de la Nación haya vuelto a reconocer recientemente, en ocasión del acto organizado por la UTEP el 7 de agosto, día de San Cayetano, que fue a través de esta organización gremial que tomó conciencia de la existencia de la economía popular, a la que anteriormente no registraba como tal. Asimismo, Alberto Fernández también manifestó en varias oportunidades que la inscripción de más de 9 millones de personas en el IFE le permitió al Estado registrar que el universo de familias trabajadoras fuera del mercado formal es mucho más amplio de lo que suponían cuando formularon el programa, pensado para poco más de 3 millones de personas. Con toda lógica, se puede suponer que de no haber sido por la realización del Registro Nacional de Barrios Populares, un inédito censo promovido y ejecutado por las propias organizaciones, el Estado argentino nunca hubiera podido contar con la información exacta de la existencia y las características de los 4425 barrios populares que reclaman ser urbanizados. Probablemente algo similar sucederá dentro de un tiempo, cuando esté en pleno funcionamiento el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, recientemente implementado.

Por otro lado, la apuesta a una alianza entre gremios y movimientos sociales tiene también una importancia política que trasciende al impulso del propio Plan presentado. La experiencia del gobierno de Cambiemos demostró una vez más –tal como ya había sucedido en los años 90- que las políticas neoliberales tienen capacidad para fragmentar al movimiento obrero y construir alianzas con algunos gremios, en perjuicio del conjunto de la clase trabajadora, especialmente de sus sectores excluidos. Cuando la actividad de cada gremio se despolitiza y se limita exclusivamente a los intereses particulares de sus afiliados y afiliadas, se convierte en corporativismo. Cuando, en cambio, a través de la formulación de un proyecto político, los intereses de un sector se consideran parte de una totalidad más amplia que abarca al conjunto del pueblo argentino, los cantos de sirena del neoliberalismo pierden capacidad de persuasión. Se trata de una disputa abierta y en curso: el documento conjunto elaborado hace pocos días por la conducción de la CGT y la Asociación Empresaria Argentina, de contenido abiertamente pro-patronal, representa una alternativa; el Plan de Desarrollo Humano Integral conduce a una vía contrapuesta.

En toda discusión sobre modelos de país, como la que existe en Argentina por detrás del antagonismo político de la última década, nunca hay que olvidar que también se está discutiendo sobre alianzas sociales. En ese sentido, resulta un aporte muy interesante que se plantee la apuesta a la unión de los distintos sectores de la clase trabajadora, como base de una unidad popular más amplia, porque permite formular una estrategia política central para consolidar un camino de reconstrucción del país tras la pandemia, una salida definitiva del neoliberalismo y una profundización de la democracia.