Acuerdo CGT-UIA: realismo no es resignación

La complicada situación actual favorece los embates de la oposición al Gobierno, así como exige una madurez mayor en el análisis –incluso crítico- de quienes lo apoyan y participan del proyecto político que encarna.

Cómo se llegó y qué se esperaba

El triunfo electoral de octubre de 2019 fue posible por la conformación de una coalición que reunió expresiones políticas y dirigentes que, a comienzos de ese año, difícilmente se hubiera pensado que pudieran confluir en una mismo Frente.

Las empatías, desconfianzas y reparos hasta entonces existentes no desaparecieron, ni entre quienes conformaron el Frente ni entre los que finalmente lo votaron, aunque prevaleció una vocación de unidad y la convicción de que sólo así sería posible vencer en los comicios como que ello se diera en primera vuelta.

Que se percibía como indispensable, en tanto un ballotage ponía en serio riesgo ese objetivo que, aún de alcanzarse en una alternativa semejante, sería por escaso margen e importaría una debilidad de origen que limitaría seriamente la gobernabilidad en un escenario nacional por demás crítico.

A las naturales complejidades para el armado de las candidaturas, generadoras de tantos gustos como disgustos recíprocos, se sumó con similares tensiones la distribución de cargos derivados de los compromisos y repartos de áreas que fuera consecuencia –y presupuesto- de las alianzas obtenidas.

Pactos que se materializaron tanto en las primeras líneas del Gabinete Nacional, como en las segundas y terceras, en las agencias, instituciones, organismos y empresas del Estado. Operándose similares procedimientos en el ámbito del Poder Legislativo, con las autoridades de las Cámara, titularidades de los bloques y de las respectivas Comisiones.

Las fricciones que eran esperables, resultaron en menor medida que las que podían predecirse. De igual modo –sin obviar otras tantas asperezas y disputas- se logró sostener una imagen compacta de gobierno y un común respaldo a las principales líneas directrices de las acciones que, desde un inicio, se emprendieron con notable fidelidad a las promesas de campaña.

Frenar el inercial derrumbe de la Argentina, que provocó con una vertiginosidad apabullante la gestión de Macri y que de haber logrado su reelección –estando a sus propias afirmaciones de seguir ese curso, pero todavía con mayor rapidez- hubiera llevado al país en caída libre a un abismo insondable, constituyó en tanto tal un éxito.

Sin embargo, ello no representaba por sí mismo remontar la cuesta de la reconstrucción de la Nación, del Estado, de las instituciones y del tejido social seriamente menoscabados.

Sobre llovido, mojado

Los desafíos que se presentaban eran muchos y diversos, entre los que destacaban el fenomenal endeudamiento del Estado con vencimientos inmediatos, una profunda recesión acompañada de una inflación casi sin precedentes y la recuperación de derechos sociales esenciales.

La postura anunciada frente a la deuda externa honraba los compromisos electorales, al poner de manifiesto las complicidades, abusos e irregularidades que la habían generado y la absoluta imposibilidad de afrontarla sin una sustantiva reestructuración que no impidiera el desarrollo productivo y, fundamentalmente, no comprometiera las prioridades en orden a poner a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés y responder a la deuda social.

“En este presente que afrontamos, los únicos privilegiados serán quienes han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación”, sostuvo Alberto Fernández al asumir como Presidente.

Las primeras medidas de Gobierno mostraron ese sesgo frente a las emergencias de la pobreza e indigencia (tarjeta alimentaria y refuerzo de la AUH), pero también apuntaron a incrementar los ingresos básicos de los sectores más desfavorecidos (aumentos generales de salarios, bonos y cobertura de medicamentos para jubilados) y a la protección del trabajo (agravamiento de las indemnizaciones por despido, por seis meses), como otras de mayor espectro (congelamiento y desdolarización de las tarifas servicios públicos) o direccionadas a un sector empresario muy perjudicado y con capacidad para crear empleo (moratorias para las Pymes).

En ese contexto irrumpió un virus desconocido que puso –y tiene- en jaque al Mundo entero, que llevó a disponer el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria (ASPO) al cumplirse los primeros 100 días de Gobierno. Una decisión oportuna y acertada que se condecía con los valores considerados prioritarios, colocando a la salud de la población por encima de cualquier otro bien o interés, entendiendo que la economía podría recuperarse pero las vidas en riesgo no.

Desde el 20 de marzo rige una cuarentena que obligó a paralizar casi totalmente la actividad productiva, salvo ciertos sectores y tareas que fueron exceptuados inicialmente y que han ido ampliándose hasta el presente pero sin alterar en lo sustancial el enorme impacto negativo provocado por la pandemia.

Huelga señalar que los desafíos iniciales no perdieron vigencia, sino que se agravaron en este nuevo e inusitado contexto.

De los aplausos a las cacerolas

La sociedad mayoritariamente respondió a la altura de las circunstancias demostrando un alto acatamiento al ASPO, aunque también se evidenciaron actitudes miserables personales y corporativas.

Hubo reconocimiento al esfuerzo de quienes debieron seguir cumpliendo sus tareas, con claro riesgo de sus vidas, para sostener servicios y abastecimientos indispensables en la emergencia.

De inmediato se exteriorizó mediante convocatorias espontáneas para agradecer, especialmente, a quienes se desempeñaban en los servicios de salud y lo hacían en la primera línea de lucha contra el COVID-19, concitando diarios aplausos a las 21.00 desde los respectivos lugares de confinamiento.

Manifestaciones, que en buena medida –implícita o explícitamente- importaban un apoyo a la decidida labor encarada por el Gobierno nacional para prevenir, asistir y superar las consecuencias sanitarias de la expansión del virus.

El transcurso del tiempo de confinamiento ha ido agudizando los problemas que ello provoca en toda la población, así como relajando ciertos comportamientos de cuidado y exponiéndonos a un constante bombardeo de información de todo tipo que incluye falsas noticias e interpretaciones disparatadas, distorsivas o malintencionadas.

Al aumento de conductas discriminatorias inadmisibles respecto de vecinos afectados por el contagio, se suman las dirigidas a quienes se desempeñan en tareas sanitarias –justamente a quienes nos cuidan o asisten- y son hostigadas para que abandonen sus lugares de residencia.

La ciclotimia parece exceder lo individual, cuando vemos que se producen reacciones sociales instigadas por mezquinos intereses políticos (que refieren como liberación masiva de presos a eventuales prisiones domiciliarias) y que se traducen en “cacerolazos” expresando la disconformidad con medidas inexistentes atribuidas al Frente gobernante y que no sólo son ajenas a su competencia, sino que en todo caso responden a regulaciones legales que le corresponde evaluar a la Justicia.

La tensión entre Capital y Trabajo

La conflictividad laboral no desapareció con motivo de la pandemia, se invisibilizó parcialmente en razón del aislamiento y las consiguientes restricciones para poder emerger en acciones o medidas gremiales e individuales.

Buena parte de los conflictos se suscitaron en materia salarial por la reducción, fragmentación o falta de pago de las remuneraciones al personal no exceptuado del ASPO, a pesar de la garantía establecida por el DNU 297/2020.

Otro tanto sucedió con la implementación de sistemas de trabajo remoto, en donde se acentuaron por esa circunstancia o por la extensión injustificada de las jornadas de labor no remunerada.

Incumplimientos que también se verificaron en empresas comprensivas de tareas o que desarrollaban actividades catalogadas como esenciales, en las que a su vez se registraron graves omisiones de prevención y de provisión de elementos de protección personal para evitar el contagio.

La aplicación de despidos y suspensiones de personal exceptuado o no de prestar servicios, en franca violación a la prohibición dispuesta por el DNU 329/2020, fue –y sigue siendo- otra causa de conflictos.

Con ese panorama a la vista –pero sin tomar nota ni dejar constancia del mismo en el acta suscripta- es que se celebra el 27 de abril la Reunión Tripartita entre “representantes” (sic) de la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) junto con los Ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo de la Nación. El formato adoptado no responde a tipicidad convencional alguna, no constituye un Acuerdo ni un Convenio Marco proyectable como tal a otras instancias de negociación colectiva, pero contiene un claro alineamiento con los requerimientos patronales y sin diferenciación de la capacidad empresaria según su escala.

Expresando un particular consenso sobre recomendaciones al Gobierno, en la habilitación de concertaciones -y su rápida aprobación (automática fue solicitada)- para la suspensión por un máximo de 60 días con reducción de los ingresos (de hasta el 25% del neto o salario de bolsillo) de los trabajadores exceptuados de prestar servicios, que puedan pactarse colectivamente en los términos del art. 223 bis LCT. El 28 de abril por Resolución N° 359/2020 MTEySS se dio curso a esas recomendaciones, en lo sustancial.

El art. 223 bis (incorporado a la LCT en 1996) permite acordar colectiva o individualmente una asignación no remunerativa en los casos de suspensiones por causas económicas (fuerza mayor o falta de trabajo), que libera al empleador de cotizaciones a la seguridad social y habilita a pagos inferiores de las remuneraciones vigentes. El DNU 329/2020 si bien prohibió las suspensiones por esas causas, exceptuó a las que fueran acordadas entre las partes en los términos del artículo antes citado y así abrió una alternativa que permitía sortear la inicial prohibición.

Los consensos alcanzados con la UIA abrieron una serie de cuestionamientos, tanto por la ausencia de consultas y pronunciamientos de las instancias orgánicas de la CGT que le dieran respaldo, como por lo acotado de la Reunión Tripartita en cuanto a las representaciones gremiales y empresarias convocadas.

Por otra parte, en los términos que se manifestaran es notorio el desequilibrio de los aportes que en la emergencia pesan sobre trabajadores y empleadores. Teniendo en cuenta que las empresas, además de eximirse de cotizaciones, pueden acceder a un subsidio del Estado (DNU 332/2020) que cubra hasta el 50% de los sueldos y tomarlo a cuenta del 75% del neto de las sumas a su cargo. Y que, por su parte, los trabajadores ya acumulan una caída importante del salario real por efectos de la inflación y la postergación de la ronda paritaria del 2020.

El compromiso empresario de mantener la dotación de personal durante el plazo del acuerdo, que coincide con el de prohibición de los despidos establecido por el DNU 329/2020, no importa concesión alguna. Tampoco se proponen sanciones para quienes no cumplan con lo acordado, en cuanto al mantenimiento del empleo o el pago íntegro de las sumas pactadas.

Al no preverse restitución ninguna de los descuentos de los haberes, cuyo pago íntegro garantiza el DNU 297/2020, se constituye en una participación en las pérdidas que tampoco encuentra como contrapartida algún mecanismo de participación en las ganancias una vez restablecida la actividad productiva y recuperados niveles de rentabilidad.

Sin duda este tipo de acuerdos no obstarán al derecho de los trabajadores a reclamos individuales, pero su resolución judicial llevará años. Con lo cual se hace necesario un replanteo de lo resuelto por el Ministerio de Trabajo, como del rol que deban asumir las administraciones del trabajo en el control de legalidad que les compete y en una mayor intervención para reforzar el poder de negociación de los sindicatos.

Teniendo en cuenta la situación existente en el ámbito laboral, como la debilidad inspectiva estatal, es imprescindible que se contemplen y se promuevan cláusulas compensatorias adecuadas. Tanto en cuanto a alguna forma de restitución de los recortes salariales, en la imposición a los empleadores de una efectiva garantía de estabilidad en el empleo por un lapso más extenso en la preservación de la dotación de personal y a la reactivación de la ronda paritaria del presente año que permita proyectar mecanismos más equilibrados para afrontar la siguiente etapa.

La única verdad es la realidad

Las encrucijadas que atraviesa el Gobierno nacional son muchas, en múltiples frentes y de difícil resolución, que se acentúan notoriamente al haberse priorizado la salud de la población ante a la pandemia.

Las operaciones de los defensores del neoliberalismo también se multiplican, aprovechando la complejidad de sostener la economía brindando ayudas a los distintos sectores junto con el cuidado y asistencia de los más necesitados considerado prioritario.

El Presidente al dar apertura al año parlamentario sostuvo, que gobernar es admitir la realidad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor de una sociedad que se desarrolle en condiciones de mayor igualdad, lo que señaló como una enseñanza recibida de Néstor Kirchner cuando afirmaba que: “El punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos”.

Que la única verdad sea la realidad, no implica resignación ni un determinismo inexorable, sino reconocer el punto del camino en que nos hallamos para cambiarla, que nunca resulta de un acto sino de un proceso que lejos está de ser homogéneo, prolijo y exento de contradicciones, con apego a los ideales pero sin idealizaciones o purismos producto sólo de especulaciones teóricas irrealizables.