En estos días nos enteramos, con indignación, que el gobierno de Milei tiene 5 toneladas de comida pudriéndose en los galpones. Esta decisión tiene explicaciones y sobretodo, consecuencias. Así es como la ministra Sandra Pettovello, que ha cometido una serie de delitos, puede terminar en la cárcel. Uno de ellos, es el de redirigir fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dichos fondos tienen un estricto sentido de gasto para la compra de alimentos y la ministra los ha utilizado para los gastos corrientes del ministerio de Capital Humano. Solo por esto, el destino inevitable para ella debería se la cárcel. Pero la ministra, además, deberá rendir cuentas por el escándalo comprobado de tener más de cinco millones de kilogramos de comida echándose a perder en los galpones del ministerio.
Todo esto impulsado con un increíble cinismo: dejan durante meses a los comedores sin asistencia y luego de empujarlos al cierre total, esgrimen que una parte no existe para sustentar alguna denuncia que encuentre eco. La realidad es que no le están entregando alimentos a ningún espacio, mientras dejan que se pudra la comida. Es lisa y llanamente una vergüenza, un crimen que tarde o temprano la ministra va a tener que explicar a la Justicia.
Por otro lado, confirmamos por el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA un triste dato que ya se palpaba en el termómetro de la calle: la pobreza tocó un techo del 55% y se duplicó la indigencia alcanzando el 18%. Vemos como la disparada alarmante de estos indicadores tiene una relación directa con las políticas de ajuste, devaluación y liberación de precios por parte del Gobierno nacional.
MÁS INFO
En estos cinco meses no solo se encargaron de pulverizar los ingresos de la gran mayoría de nuestros compatriotas sino que avanzaron con el abandono total de todas las políticas de asistencia directa a comedores sin entregar alimentos a ningún espacio comunitario. Esto es un increíble doble flanqueo generador de desidia y hambre, en el que por un lado una inflación acumulada del 106% hace estragos en el consumo, la actividad económica y el poder adquisitivo; y por el otro, la retirada de todo tipo de asistencia a los que necesitan acercarse a un comedor a lo que se le suma el congelamiento del ingreso de los programas de asistencia. No creo que le quepa otra palabra más que crueldad para definir toda esta situación.
También en estos días, fuimos testigos de una muy fuerte operación del Gobierno sobre los movimientos sociales. Replicada por algunos periodistas que ni se tomaron la cortesía de profundizar en algún tipo de investigación y junto al ejército de fanáticos y trolls en las redes sociales; apuntaron a ciertas irregularidades, tanto en los planes sociales como en los comedores. Lo cierto es que luego de haber desplegado un esquema intenso de publicidad para que la ciudadanía se contacte al 134 (nobleza obliga, una línea de atención creada durante el Gobierno del Frente de Todos) se recibieron denuncias que involucran sólo al 0,3% del universo de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Parten un porcentaje menor (que obviamente la Justicia deberá investigar) para construir una generalización que está lejos de ser parte de la realidad.
¿Cuál es el objetivo con esto? Deslegitimar a las organizaciones sociales y a la militancia popular para desorganizar a toda la comunidad que representa claramente un obstáculo a las políticas de este Gobierno. Así es como pusieron en marcha una Gestapo social, al igual que aquella Gestapo sindical que articuló María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora.
Todo este despliegue tiene como objetivo de máxima -ya enunciado hace un tiempo por Sturzenegger, uno de los ideólogos del Gobierno-, destruir a los grupos de presión que puedan ponerle límites a estas políticas de remate y saqueo de la Argentina. Esto tiene varias aristas. Como ya mencioné, la persecución a dirigentes sociales y la deslegitimación de las organizaciones es una. Pero por otro lado, también vienen a romper derechos constituidos, como por ejemplo el acceso al monotributo social y condenar al cierre a miles de clubes de barrio a través de un salvaje tarifazo en los servicios públicos. Desorganizar la organización es clave y por eso avanzan con estas medidas al margen de no tener un impacto fiscal considerable.
La intolerancia es parte del eje de la praxis gubernamental: si un artista osa criticarlos, la respuesta es denunciar y desmantelar el INCAA. Si las universidades no se alinean con el gobierno, entonces las desfinancian. Ni hablar de todo el ataque hacia los gobernadores que no se someten a sus caprichos. Intolerancia propia del fascismo. Básicamente cumplir con la lógica de desfinanciar a todos los actores que ejercen presión en el sentido contrario al rumbo del plan económico. En definitiva, no solo se pudren los alimentos en los galpones. También se empieza a pudrir, frente a los ojos de todos, las políticas de mentiras y miseria de Milei y sus socios.
Van por todo y es en ese contexto que los argentinos tenemos que fortalecer la unidad y enfrentar a los que quieren rematar el país, reventando la producción, la industria y el trabajo, organizando la resistencia y construyendo la esperanza de una Argentina con todos y todas adentro en el horizonte.
Cerrar sesión