Democracia con derechos, equidad y pluralidad como condición de la paz social

Qué época nos toca vivir. Cuántas palabras acumuladas en relatos dispares. La polisemia inunda los discursos más allá de su pura literalidad -que refiere los distintos y, a veces, contradictorios sentidos que poseen ciertos términos- por las ambigüedades y opacidades que encierran tiñendo las proclamas que en lugar de aclarar, oscurecen pensamientos y acciones. Que la realidad sea la única verdad se hace difícil de sostener, cuando las interpretaciones priman sobre los hechos al punto de poner en cuestión la propia existencia de lo que acontece.

La memoria es imprescindible, tanto como las reflexiones consiguientes

El ejercicio de la memoria es fundamental en cualquier ámbito de la vida, que supone junto a recordar situaciones, circunstancias o experiencias también una reflexión, que nos permita extraer conclusiones que nos sean útiles para enfrentar el presente y avizorar las eventualidades que siempre encierra el futuro.

En Política, un ámbito que comprende a todos aun a quienes la niegan, recelan o menosprecian, es particularmente importante tener memoria y, al ejercitarla, hacer un análisis y revisión de los hechos, acciones y conductas que esos recuerdos nos proporcionan.

La Historia conocida por vivencias, enseñanzas recibidas o curiosidades personales que nos llevan a indagarla, jamás es unívoca ni lineal sino el fruto de relatos que incorporamos acríticamente o que, por el contrario, por convicciones aceptamos o rechazamos.

Sin embargo, en este punto es preciso distinguir los sucesos cuyo acaecimiento constituyen certezas irrebatibles de las interpretaciones que de los mismos se hagan en cuanto a sus causas, motivaciones o justificaciones que sí están ligadas a la construcción de los diversos relatos que puedan proponérsenos.

Un negacionismo militante e ideológico

El pacto democrático de 1983, vencida la dictadura cívico-militar impuesta en 1976, fue el fruto de un esfuerzo mancomunado de las fuerzas políticas expresadas no sólo en los partidos sino en las organizaciones de la sociedad que en conjunto representaban a la gran mayoría de la ciudadanía.

Ese acuerdo explícito en muchos sentidos como tácito y resultante de las prácticas incorporadas para una razonable convivencia democrática, se tradujo en políticas de Estado y hasta, con sus rasgos de época no exentos de debates y reparos, en la reforma constitucional de 1994.

Entre otras muchas coincidencias que cimentaron el período más extenso de institucionalidad republicana en Argentina, se cuentan el reconocimiento y condena del terrorismo de Estado padecido en el país y en la región, la descalificación de la violencia en el quehacer político, la vocación por la ampliación de derechos asentada en principios (de Progresividad y No Regresividad) consagrados en la Constitución Nacional, la defensa inclaudicable de la democracia y la Justicia Social como inherente a la misma.

Si bien es cierto que todo pacto o contrato social fundante puede ser renovado con igual o distinto signo, también lo es que ello exige determinados presupuestos que no se reducen -ni alcanzan- a la sola verificación de un resultado electoral contingente y coyuntural, así como que requiere de un debate amplio con interlocuciones suficientes, legitimadas y representativas con las consecuentes reformulaciones constitucionales si lo que se pretende es alterar aspectos sustanciales contenidos en la Carta Magna.

Se advierten desde el Gobierno nacional, en clara identificación con los intereses de los Grupos concentrados del poder económico, acciones y prácticas que se contraponen a aquellas coincidencias básicas, incurriendo con frecuencia en una ostensible violación de preceptos, garantías y derechos constitucionalmente tutelados.

La violenta verborragia presidencial, excediendo los más elementales límites para un debate de ideas propositivo, fructífero y respetuoso de las disidencias, se plantea “disruptiva” pero en realidad funciona como habilitante y promotora de una corriente facciosa en que se combinan actores reales y otros producto de la inteligencia artificial (IA) que se alimentan de discursos de odio, cuya propalación persigue la más absoluta intolerancia obturando toda reflexión e instalando consignismos panfletarios negacionistas.

Con sospechas a diestra y siniestra

El menosprecio por la justicia social, al punto de negarla como valor orientador del desarrollo humano con equidad y presentarla como una deformación “colectivista” enemiga de las libertades individuales, colisiona con la evolución de las sociedades respetuosas de los derechos humanos y con el propio ordenamiento jurídico argentino.

Ubicar a quienes amasan descomunales fortunas en el podio de los grandes benefactores de la humanidad, a los que debemos darles gracias por el éxito de sus negocios que poco y nada derraman sobre el resto de la población, como se hace evidente en el correlativo incremento desproporcionado de la pobreza y desigualdades, se condice con el ocultamiento de la complicidad de esos sectores empresarios con las mayores iniquidades ocurridas en los gobiernos dictatoriales.

Tal como sucediera en el diseño del terrorismo de Estado, que hoy también pretende ponerse en cuestión, desplegando variadas estrategias para relativizar su indiscutible caracterización genocida y propendiendo a la liberación -cuando no a la reivindicación del accionar- de los genocidas presos y sobre los que pesan reiteradas condenas judiciales por los crímenes más atroces.

En medio de esa campaña, en la que se destaca la vicepresidenta Victoria Villarruel, contemporáneamente con un episodio por demás extraño como el del “sobre bomba” dirigido al despacho del presidente de la Sociedad Rural Argentina, reaparece en escena Mario Eduardo Firmenich quien en todos estos años sólo registra muy esporádicas declaraciones públicas.

El sentido de su reaparición, más allá de la circunstancia puntual en la que se la explica formalmente, puede abrir un abanico de especulaciones, pero el efecto que ha tenido está a la vista y no admite dudas en torno a haber “dar pasto a las fieras” en aras a un negacionismo visceral con la recreación de “la teoría de los dos demonios”.

Despejando la realidad que nos presentan

Los números que desvelan al Gobierno no cierran, y menos todavía con la gente adentro, preocupación esta última que hasta el FMI se ha encargado de hacerle saber por el riesgo de la insostenibilidad social del Programa de ajuste y la consecuente insustentabilidad política en términos de gobernabilidad.

Tanto la baja del déficit fiscal como de la inflación -luego de su aumento mayúsculo mediante una feroz devaluación y liberalización de los precios de bienes y servicios- se explican en el brutal recorte del gasto social, de la inversión pública con especial incidencia en la obra pública, de la falta de liquidación de las deudas por importaciones y del incumplimiento de los compromisos de transferencias a las provincias.

Las inversiones directas no llegan como tampoco dólares por vía de nuevos endeudamientos o “blanqueos” de capitales incentivados por las generosas ventajas ofrecidas a los seriales evasores y los formadores de activos en el exterior con las ganancias obtenidas en nuestro país.

Aunque sin el menor pudor los otrora llamados “capitanes de la industria” se hagan los distraídos y soporten como si nada que en su propia casa (la UIA) el presidente Milei los destrate de la peor manera, salta a la vista el desinterés del Gobierno por el desarrollo productivo nacional fuera de la primarización de la Economía y el extractivismo sin valor agregado.

Una recesión en paulatino aumento se encamina a la depresión, dando muestras claras en la caída de la capacidad instalada de las empresas que acompañan otras en el consumo y en el nivel de empleo.

Las tasas de pobreza, indigencia y necesidades básicas insatisfechas van delineando un mapa cada vez más extendido de una crisis estructural, como sólo ha registrado la Argentina en situaciones extremas (a fines del 2001 o en el 2020).

“Estamos mal, pero vamos bien” una recordada frase de Carlos Menem, a quien tanto admira Milei, ni siquiera se compadece -en la franqueza inicial de aquella versión de la realidad imperante- con el relato que sostiene el presidente y sus acólitos, que afirman una mejora en los ingresos y expectativas de vida de la población, justamente, haciendo foco en los jubilados. Un absurdo que no resiste análisis, como otras tantas afirmaciones con pretensiones académicas del primer mandatario centradas en la macroeconomía cuyos datos duros las desmienten.

Y lo que está a la vista se pretende ocultar

Las políticas de ajuste del tipo que impulsa el Gobierno nacional conllevan al forzado acallamiento de cualquier disidencia, incluso de los que están enrolados cerca, sino dentro mismo, del oficialismo. Para las restantes oposiciones la respuesta, y es de manual, sólo puede ser el recrudecimiento de la represión simbólica y real.

En las últimas semanas hubo claras muestras de esto último, con la brutal -e innecesaria- acción represiva de las fuerzas de seguridad de dos manifestaciones pacíficas de jubilados frente al Congreso de la Nación y del sindicato de judiciales (UPJN) -que precisamente no se caracteriza por su agresividad en las movilizaciones- llevada a cabo en las puertas mismas del Palacio de Justicia, con un silencio vergonzoso de la Corte Suprema -que nada hizo ni reprochó- por la violencia institucional explícita de la Policía Federal que gaseó, apaleó y disparó balas de goma a los empleados y funcionarios judiciales.

No habían transcurrido dos días cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó la Resolución 893/2024, por la cual se crea el “COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD PRODUCTIVA” con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del País. En clara línea con la letra del DNU 70/2023, con el Capítulo laboral de la Ley Bases y con las iniciativas legislativas -28 Proyectos de Ley ingresados por Diputados- cuyo común denominador es la impronta desindicalizadora y el debilitamiento de las organizaciones obreras en las negociaciones colectivas, con un explícito propósito de cercenar el derecho de huelga en tanto principal e indispensable herramienta de autotutela gremial.

Para nada forzada es la comparación con el “Plan Conintes”, impuesto por Frondizi mediante el Decreto (secreto) N°9880 (14/11/1958), por el cual se creó el Plan de Conmoción Interna del Estado dirigido, principalmente, a reprimir los reclamos obreros cuya acentuación se preveía días antes de que se anunciara el inicio del Programa de Estabilización Económica siguiendo las exigencias del acuerdo con el FMI.

El entonces joven abogado Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo (1974) y víctima de desaparición forzada en la llamada “Noche de las Corbatas” (en julio de 1977), expresaba en un artículo publicado en 1961 (“Justicia CONINTES y Estado de Derecho”):

“A partir de la aplicación del Plan CONINTES (…) se derivó así a la jurisdicción militar hechos o situaciones reservadas a las provincias, lográndose por medio de un solo y simple decreto (nº 2639/60) instrumentar todo un sistema de represión. Lo que excedería con mucho las facultades del Congreso de la Nación se obtuvo con la invocación de un estado nacional de emergencia, a saber constituir un cuerpo legal represivo integrado por leyes penales comunes y militares de competencia federal, provincial y municipal, que se entregó discrecionalmente en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas para su aplicación, sin posible remedio, recurso o controlador

(…) Concluyamos pues en la ley 13234 y el Decreto 2639/60 significan la supresión lisa y llana de la Constitución Nacional, la desconstitucionalización del Estado, la desaparición del Estado de Derecho, la suma del poder público. La Justicia Conintes no es justicia, sino acto de poder, poder irresistible que supera la eficacia de las protestas reducidas hasta el momento –salvo la palabra pendiente de la Corte Nacional- a la importancia que caracteriza a las abstracciones. La libertad en la República ha perdido realidad, por ello, cuando superado este proceso de circunstancial distorsión de las instituciones, vuelvan los magistrados a ocupar los estrados ahora desiertos, habremos de meditar quienes tengamos vocación para el derecho, que los cargos de jueces son dignidades que las otorga el pueblo a través de la constitución y la ley, que son dignidades que no las confieren ni ejercen los soldados.”

La Democracia no se sostiene sin derechos y garantías democráticas

La manifestación de disconformidad que está en el origen de los reclamos o demandas de la población, es inherente a una democracia social como a la pluralidad y diversidad de opiniones que naturalmente coexisten en una comunidad.

La exposición más elemental de disconformismos colectivos se exhibe en las protestas y en las convocatorias a unirse en espacios públicos para visibilizarlas e impulsar los cambios recamados, todo lo cual encuentra sustento constitucional en los derechos de reunión, petición y expresión.

Nada más lejos de hacer realidad efectiva garantías de aquella índole que su criminalización, como la persecución y estigmatización de quienes las promueven, adhieren o simplemente participan.

La libertad aparece en conflicto con la democracia desde la perspectiva libertaria, es más, en esa conflictividad la “libertad” exige desentenderse de la democracia y el único derecho que consideran materializa la libertad es el derecho de propiedad sin límite ni articulación con ningún otro.

Es preciso entender que se trata de una concepción ideológica insalvable desde una perspectiva democrática, que acentúa sus peores rasgos con los discursos de odio que espiralizan las violencias y nos distancian de cualquier anhelo de paz social.