El tema reverberó en los medios colombianos con mucha fuerza. Es que todo esto sucedió a poco de cumplirse un año del gobierno del Pacto Histórico, la amplia coalición política y social que puso a Gustavo Petro y Francia Márquez en la “Casa de Nariño”, la sede del Poder Ejecutivo colombiano. La revista Semana, de tendencia conservadora, emitió en directo el 5 de agosto, una dramática entrevista al hijo del presidente, tres días después de la importante instalación del Comité Nacional de Participación de los Diálogos de Paz, entre el Gobierno Nacional y las insurgencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un gran logro de Petro en su apuesta por cumplir con su promesa de “Paz total”.
Las acusaciones se basan en que supuestamente recibió dinero para la campaña electoral por encima de los límites legalmente establecidos, y, según agregan algunos medios, proveniente de “exnarcos y empresarios cuestionados”.
El mismo presidente Petro fue quien solicitó la investigación judicial cuando se conocieron las acusaciones. En sus declaraciones, dijo que “como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguró que la Fiscalía tiene todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, y agregó que no intervendrá y dejará que el derecho guíe libremente el proceso.
La entrevista difundida por la revista Semana no escatimó en condimentos para presentar los hechos como una telenovela de desamor entre el padre y el hijo: “¿Usted siente que él no lo quiere?”, preguntó la entrevistadora. “Es muy duro decirlo, pero sí. Así es”, respondió Nicolás Petro, quien también afirmó en esa emisión que Petro no sabía de aquellos fondos. Sin embargo, los titulares mediáticos fueron impregnados por los hechos que animan más a pensar no sólo que Gustavo Petro (y su gobierno) es corrupto, sino que es un mal padre.
Lo cierto es que las acusaciones y la posterior detención se dan apenas un mes después de las operaciones mediáticas tras la filtración de audios de Armando Benedetti en los que afirmaba tener información sobre delitos cometidos en torno a la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser electo presidente.
En ese contexto, líderes de todo el mundo advertían ya sobre “un golpe blando en marcha en Colombia”. Las decisiones judiciales precedidas de operaciones mediáticas han sido una receta clave de este tipo de golpes en Latinoamérica en el siglo XXI, y Colombia no parece ser la excepción.
A un año de su asunción, Petro denunció que “han intentado utilizar todas las debilidades y errores” para intentar derrotar “el primer gobierno popular de Colombia”, que, pese a todo, ha puesto en agenda el reparto de tierras, reformas en salud, trabajo y tributaria y una propuesta para avanzar en el malogrado proceso de Paz.
MÁS INFO
El proyecto de gobierno popular y de paz total, el blanco de los golpes
El gobierno colombiano ha impulsado durante su primer año una serie de transformaciones que sin dudas generan incomodidad en el poder real del país. Entre ellas podemos contar el lanzamiento del programa para la protección de la Amazonía, el proyecto para la creación del Ministerio de la Igualdad, el programa de mejoramiento de vivienda para 18 mil hogares con el objetivo de 100 mil por año, la ley de la paz total y los procesos de diálogo con el ELN, la reforma tributaria, el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, las transferencias de 500 mil pesos mensuales a madres cabeza de hogar con niños menores de 18 años, la condonación de la deuda a más de 4.000 personas del ICETEX (Programa de financiamiento para estudios), la regularización de 807 mil hectáreas gracias a la titulación masiva de predios, la declaración de las dos primeras zonas de reserva campesina en Meta y Cundinamarca en las que se entregaron 74 mil hectáreas, la prohibición del fracking, además de las reformas de salud y educación impulsadas y que se debaten en el Congreso.
Este proyecto de país, traducido en acciones y medidas concretas, le ha costado fuertes tensiones al gobierno. Tras los conflictos que generó el tratamiento de la reforma de salud, Petro dio por concluida la alianza con los partidos tradicionales declarando que “la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”.
Tras esto, pidió la renuncia a todos sus ministros, y finalmente salieron del gobierno los representantes de los Partidos Liberal, de la U (Santismo) y Conservador.
Este proceso de profundización del proyecto de gobierno, vino acompañado de una enorme movilización popular como estrategia para sostener el poder, aunque también, claro está, trajo consigo una embestida mediática y judicial que parece haber llegado para quedarse.
En una entrevista que pudimos realizarle para el portal Nodal a Olimpo Cárdenas, miembro del Equipo de Paz del Congreso de los Pueblos y Director del Periódico Periferia de Colombia, consideró que el gobierno de Petro, el primero de representación popular en la historia de Colombia, inició con el vigor que le brindó la esperanza de aquellos y aquellas que se movilizaron desde los lugares más recónditos del país para votar al Pacto Histórico. Así mismo evaluó que actualmente “esa esperanza inicial, que ha logrado traducirse en el primer año en un conjunto de acciones importantes, como la reforma tributaria, la reforma de salud, el restablecimiento de las relaciones con Colombia, la reactivación de las conversaciones del proceso de paz, hoy se tiñe de incertidumbre, no sólo por las exigencias de quienes piden profundizar las acciones en favor del pueblo sino por el fantasma de los golpes blandos que recorre latinoamérica”.
La dinámica de las embestidas mediáticas y judiciales contra la militancia popular y sus liderazgos políticos, tan comunes en toda América Latina, empezó a sumar un nuevo capítulo: Colombia. Este obsceno accionar de la derecha colombiana reafirma que en la región actúa una estrategia política en curso, instrumentando las mismas políticas y enlazando actores similares. El triángulo de derecha política, medios de comunicación y poder judicial corrompido han parido una nueva “doctrina de seguridad nacional”: el Lawfare.
Cerrar sesión