El pasado 4 de octubre se formalizó en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el restablecimiento de las conversaciones de Paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el gobierno colombiano de Gustavo Petro. El mismo fue definido como un paso “muy importante” por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el proceso de consecución de la Paz Total, planteada por el nuevo presidente de la República de Colombia.
Cuando fue investido como presidente, Petro recibió la banda presidencial de la senadora María José Pizarro, hija del líder del Movimiento Guerrillero 19 de Abril (M-19) Carlos Pizarro, viejo referente político de Petro, asesinado en abril de 1990 cuando, en plena desmovilización de su guerrilla, cursaba su candidatura a presidente. María José llevaba un abrigo con la cara de su padre que sentenciaba: “Que la lucha por la paz no nos cueste la vida”, en un mensaje claro respecto de lo que implicó para muchos miembros de organizaciones insurgentes colombianas la dejación de armas.
En julio de 2022, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ), una prestigiosa ONG que lleva registro de las víctimas y las masacres en Colombia, afirmaba que desde 2016, cuando se firmó un Acuerdo de Paz entre las FARC y el por entonces presidente Juan Manuel Santos, 321 ex-guerrilleros de las FARC, insertos en la sociedad civil y en la lucha política democrática, habían sido asesinados por sicarios.
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La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia fue acompañada del anhelo histórico de conquistar la Paz por parte del pueblo colombiano, de un país extraordinariamente rico, pero con una elite económica que jamás cedió, hasta ahora, un centímetro del poder político. El Estado, capturado por esa oligarquía, ha funcionado más como una herramienta para la concentración de la tierra y la consolidación de la industria del narcotráfico que como garante de derechos políticos, sociales y económicos.
Como un símbolo de su vocación de paz y lucha por la justicia, como primera medida presidencial, Petro ordenó que le fuera traída la espada de Simón Bolívar a su acto de asunción. Arguyó que esa es “la espada del pueblo”, y ofreció así un claro mensaje al electorado y las alianzas que lo llevaron a posición de gobierno, tras un estallido social en dos tiempos, en 2019 y 2021, que expresó el más profundo hartazgo del pueblo colombiano hacía tantos años de abandono, violencia y genocidio político.
El proyecto de ley de “Paz Total” propuesto por Petro, que brinda marco de justificación a las conversaciones de paz con el ELN y otras organizaciones armadas, como la Nueva Marquetalia del sector de las FARC-EP dirigidas por el Comandante Iván Márquez, recibió el 10 de octubre su primer debate en las Comisiones Terceras de Senado y Cámara, una aprobación que parecía un primer respaldo de un importante sector del sistema político colombiano, a excepción de la facción política de referenciada en Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta numerosos juicios y denuncias por supuestas vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Pese al decidido impulso que el Gobierno de Petro da al tema de la Paz, y que goza de abrumadores márgenes de consenso en todas las encuestas, el uribismo, como expresión colombiana del neofascismo que se articula regional y globalmente en foros como la “Carta de Madrid” (donde tributan Javier Milei y Mauricio Macri por Argentina) lograron que suspender la sesión plenaria sobre la “Paz Total”, alegando que la ley buscaría favorecer a miembros de la llamada Primera Línea, en su mayoría jóvenes, que participaron de las protestas en julio de 2021, y que están detenidos en procesos poco claros, que redundan en criminalizar la protesta social.
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El inicio de estas conversaciones con el ELN propone reinstalar la mesa de conversaciones con en el punto en que se suspendió el 30 de marzo de 2016, respetando los avances y acuerdos que se dieron hasta ese momento, restableciendo el proceso de diálogo a partir de la primera semana de noviembre del presente año.
En agosto de 2022, Petro había levantado las órdenes de captura y los pedidos de extradición contra los jefes negociadores del ELN, vigentes desde el Gobierno Duque, y un mes después la delegación guerrillera de los “elenos”, cuyo principal negociador es el conocido Comandante guerrillero Pablo Beltrán, salió de Cuba, donde estaban desde 2018, rumbo a Venezuela para retornar a la mesa de negociación.
¿Pero en qué consiste alcanzar la paz en Colombia? Frenar el derramamiento de sangre no será poco, pero tampoco suficiente, para garantizar condiciones de vida a un pueblo atravesado por el largo conflicto que hemos caracterizado como el enfrentamiento de dos Fuerzas Sociales históricas: las de la Guerra, donde se alinearon sistemáticamente el narcotráfico, el paramilitarismo y un Estado capturado por una élite económica y política, y las de la Paz, esa que logró hacer una síntesis extraordinaria en el llamado Frente del “Pacto Histórico” que llevó al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, una afrodescendiente y manifiesta luchadora en defensa de los territorios, al gobierno.
¿Se puede construir la Paz en un país que es “aliado estratégico” de la OTAN?
Entre abril y mayo de este año, el presidente uribista Iván Duque rubricó la incorporación de Colombia como “aliado estratégico” de la OTAN, es decir, el paso previo a su incorporación como “miembro pleno” de la alianza militar atlantista que está en guerra con Rusia y China en los territorios del Donbas ucraniano.
La doctrina militar colombiana está tan pegada a la doctrina y a la asistencia militar estadounidense que la Casa Blanca es un actor ineludible del proceso de Paz. Existen investigaciones académicas que señalan la existencia de unas 63 bases logísticas y militares estadounidenses en el territorio colombiano. Sin ir más lejos, el acuerdo alcanzado por Duque significó la inmediata incorporación de 12 helicópteros de guerra UH-60 Black Hawk a la Policía de Colombia, para “combatir el narcotráfico”.
Por supuesto, el circuito de presiones sobre Colombia trasciende los asuntos militares. El pasado 10 de octubre, el Banco de la República informó que la deuda externa del sector público llegó a los U$S 100.826 millones en julio, y la del sector privado alcanzó los U$S 75.272 millones, al que se suma el sexto gasto militar mundial en relación al porcentaje del PBI, con un 3,4% del mismo, y sólo superado por Arabia Saudita, Argelia, Marruecos, Rusia y Estados Unidos.
Por eso, el Comandante Pablo Beltrán, en una entrevista realizada por la escritora e investigadora colombo-venezolana María Fernanda Barreto, recientemente señaló que “la doctrina del imperialismo es la guerra perpetua y no lo va a hacer a las buenas. Los pueblos estamos obligados a presionarlos para que abandonen esa doctrina y para que nosotros podamos construir estas naciones en Paz. Esa es la lucha, y nosotros hemos sido conscientes de que hay luchar contra esa doctrina que nos mantiene esclavos y podamos construir una nación en Paz y en equidad”.
El panorama parece tan complejo que hoy en día ninguna previsión sensata sostiene que los cuatro años de mandato de Gustavo Petro, un presidente progresista muy decidido por conseguir el fin de la violencia política en el país, alcancen para que la “Paz Total” suceda. Pero, sin lugar a dudas, es una tarea urgente que el nuevo gobierno colombiano, y los organismos regionales como la CELAC, deben atender. Sin Paz, no hay justicia social posible.
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