Celac: un boicot flojo de papeles

El PRO y sus aliados se pusieron al frente de una campaña propagandística en contra de la CELAC ¿El argumento? La posible llegada a la Argentina de Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, con motivo de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a realizarse este 24 de enero en Buenos Aires. De ellos, solo el presidente cubano terminó por confirmar su participación.

El operativo de la oposición se focalizó en el pedido de detención del presidente venezolano en base a distintas denuncias radicadas en EEUU. 

Personajes como Alfredo Casero y María Eugenia Talerico anunciaron por redes sociales una marcha a realizarse en las inmediaciones de Cancillería para que “no se reciba a los dictadores de las Américas”.

Políticos del PRO adhirieron al llamado, entre ellos Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, el ex canciller, Jorge Faurie; el ex embajador en EEUU, Diego Guelar; el dirigente radical, Alfredo Cornejo, el ARI, etc.

¿Qué es el FADER, el sello detrás del boicot?

La organización que centralizó la maquinaria montada a través de medios y otras plataformas es FADER, “Foro Argentino por la Democracia en la Región”. Fue en nombre de este grupo que el diputado del PRO, Waldo Wolff, presentó una denuncia en la Justicia Federal para que los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua fueran “juzgados en nuestro país” por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

Muchos medios citaron a FADER y a sus integrantes como respaldo de la convocatoria. Daniel Sabsay, Santiago Kovadloff, Graciela Fernández Meijide, Ricardo López Murphy, Alfredo Leuco, etc. 

Pero ¿qué es el “Foro Argentino por la Democracia en la Región”? No existe página web, ni cuenta en red social alguna que dé entidad o explique el “prestigio” del que hablan los medios que lo citan. Basta con colocar su nombre en Google para que solo aparezcan menciones en artículos periodísticos, sin referencias que indiquen cuándo se creó la supuesta organización, quién o qué la financia, cuál es su “misión” o a qué mamushka de fundaciones internacionales pertenece.

¿Será que el llamado al boicot de la CELAC se valió de una firma ‘fantasma’ para respaldar sus presentaciones legales y desarrollar su propaganda política en los medios masivos de comunicación? 
Lo cierto es que la denuncia contra Nicolás Maduro no fue presentada por ‘FADER’, como dice Infobae, sino por el mismísimo Waldo Wolff, aunque en representación de la misma.

Maduro: muchas acusaciones, ninguna sentencia

Uno de los argumentos que utilizó la derecha argentina para pedir la detención del presidente de Venezuela se basó en una recompensa millonaria que el Departamento de Estado de EEUU aún mantiene vigente para capturar a Maduro por cargos de “narcoterrorismo”.

La disposición fue lanzada en marzo de 2020 durante la Administración Trump. En aquel entonces, el Fiscal General de Estados Unidos, William Bar, acusó a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, hombres fuertes del chavismo, de liderar el “cartel de los Soles” junto con Jesús Santrich e Iván Marques, integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Ninguno de estos cargos fue comprobado por tribunales estadounidenses. No existe sentencia firme ni proceso judicial que haya avanzado lo suficiente. Incluso, en medio de las negociaciones entre Washington y Caracas, los sobrinos de Maduro fueron liberados por Joe Biden luego de que se los encarcelara y condenara en Estados Unidos por tráfico de drogas en Haití. 

Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas negaron los cargos desde el momento de su captura en Puerto Príncipe, a cargo de agentes de la Administración de Control de Droga (DEA). Para la detención fueron utilizados “dobles agentes”, entre ellos, un narcotraficante del cartel de Sinaloa cuyo testimonio fue desechado (otros dos testigos protegidos, antiguos narcos, fueron asesinados antes de juicio). Durante el proceso en su contra, no pudo comprobarse la existencia del Cartel de los Soles ni el involucramiento de Maduro en dichas actividades. En 2022 los acusados fueron intercambiados por siete estadounidenses presos en Venezuela bajo cargos de corrupción y espionaje.

Las acusaciones y sanciones contra los representantes de los poderes públicos de Venezuela forman parte de una estrategia que busca la criminalización del Estado venezolano. Washington ha acumulado sanciones y acusaciones por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos para impedir que Venezuela mantenga vínculos bilaterales y participe en organismos internacionales a través de sus altos funcionarios. Al punto que Venezuela no puede pagar sus cuotas de país miembro en Naciones Unidas y otras organizaciones debido a las sanciones que le impiden realizar transacciones en el circuito financiero mundial. Como consecuencia, Venezuela tiene suspendido el derecho al voto en la ONU. 

El 17 de mayo de 2022, la Casa Blanca tuvo que levantar parte de las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA para que la compañía estadounidense Chevron pudiera negociar un aumento de sus operaciones en Venezuela. 

La recompensa contra Maduro, por ejemplo, fue reflotada por el Departamento de Estado el 20 de septiembre de 2021 cuando viajó a Ciudad de México para participar en la última Cumbre de la CELAC. Por aquel entonces, llevaba casi un año sin salir del país. Como en esta ocasión, algunos grupos de derecha mexicanos pidieron su detención e indagatoria por parte de las autoridades mexicanas. 

Para Lauren Caballero, especialista en relaciones internacionales consultado por la Voz América, “no hay fundamento desde el punto de vista de la justicia internacional para proceder a una acción de este tipo, que implicaría la captura de un presidente en ejercicio en un tercer país”. 

En su opinión, “Maduro no tiene a su nombre orden alguna de captura internacional ni una condena firme por parte de tribunales locales o extranjeros que demanden su arresto dentro o fuera de Venezuela, más allá de que ciertos tribunales de un Estado en particular hayan solicitado la captura de Maduro o haya una recompensa”.

Por otra parte, la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación contra Maduro. Expertos indicaron que Argentina no podría haber comenzado ningún juicio hasta que el alto tribunal se expidiera.

A esto hay que agregar que el pedido de indagatoria solicitado por la oposición argentina apuntó hacia un presidente en funciones que goza de inmunidad diplomática. Los denunciantes explicaron que las autoridades judiciales debían aplicar el principio de jurisdicción internacional por delitos de lesa humanidad no juzgados en esos países, tal como ocurrió con las detenciones de Augusto Pinochet en Inglaterra y Alberto Fujimori en Chile. 

En estos casos, ninguno de los dos seguía ejerciendo su cargo de presidente. Es más, la eventual detención de un mandatario extranjero se podría haber considerado un acto de agresión por la flagrante violación de tratados y principios básicos de las relaciones internacionales.