La reciente decisión de la Corte Suprema de Brasil, ratificada por los cinco magistrados de la primera sala mediante un voto virtual, de suspender los servicios de la red social X en el país ha agudizado el conflicto entre Elon Musk, propietario de la plataforma, y el juez Alexandre de Moraes. Esta medida responde a los reiterados desacatos de Musk a las órdenes judiciales y su presunto papel en la propagación de desinformación durante las elecciones. Musk reaccionó creando una cuenta en X para atacar a De Moraes, acusándolo de violar la Constitución brasileña y de abusar de su poder.
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Este episodio forma parte de un conflicto más amplio en Brasil, en el que el enfrentamiento entre el poder judicial y las grandes plataformas tecnológicas se ha intensificado. Desde abril de 2024, Musk está incluido en una investigación sobre la difusión de noticias falsas y la incitación al delito en Brasil. Moraes ordenó a X abstenerse de desobedecer cualquier orden judicial, estableciendo una multa diaria de R$100.000 por cada perfil reactivado en contra de las medidas legales que obstaculizan el proceso judicial
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La investigación liderada por el juez Alexandre de Moraes, que busca esclarecer las responsabilidades de Jair Bolsonaro en los ataques a los poderes democráticos en Brasil, ha involucrado a varios actores claves en su círculo cercano. Entre ellos destacan sus hijos, Eduardo y Carlos Bolsonaro, quienes fueron piezas fundamentales en la creación y operación del llamado "Gabinete del Odio". Este grupo, que funcionaba como un laboratorio de desinformación y manipulación digital, tenía como objetivo atacar a opositores políticos, desacreditar instituciones democráticas y promover teorías conspirativas en redes sociales. Eduardo Bolsonaro, además, es conocido por su cercanía con movimientos de extrema derecha global, como el trumpismo, y por su papel como enlace entre su padre y figuras del conservadurismo radical.
Otro implicado de relevancia es Anderson Torres, exministro de Justicia, quien es acusado de facilitar actos golpistas y desestabilizadores, particularmente durante las manifestaciones que derivaron en la toma de edificios gubernamentales. Asimismo, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, ha sido investigado por corrupción y lavado de dinero, lo que suma a la imagen de un gobierno rodeado de escándalos. El general Walter Braga Netto, exministro de Defensa, también ha sido señalado por su papel en promover tensiones políticas y respaldar a Bolsonaro en su retórica contra las instituciones democráticas. Por su parte, Fabio Wajngarten, exsecretario de Comunicación de Bolsonaro, es investigado por su rol en la difusión de noticias falsas y propaganda dirigida desde el gobierno. Todos estos actores han sido parte de un entramado que buscaba, a través de la desinformación y la manipulación, debilitar la democracia brasileña y consolidar un proyecto político autoritario liderado por Bolsonaro.
El "Gabinete del Odio" operó como un laboratorio de desinformación, utilizando redes sociales para manipular la opinión pública y desestabilizar el orden democratico. Este grupo buscó mantener el control sobre el discurso público a través del miedo y la manipulación, contribuyendo al debilitamiento de la democracia brasileña, lo que finalmente se expresó en el intento de golpe de Estado a comienzos del 2023, con la movilización de la base bolsonarista y la destrucción del patrimonio público en el Planalto.
El conflicto actual resalta el debate sobre la democracia en Brasil y por extensión, en el mundo, en el contexto de la influencia de las grandes plataformas tecnológicas. La desinformación y las fake news son herramientas claves en la guerra cognitiva que despliega como estrategia la clase dominante para la producción de una subjetividad social aturdida, confusa y, aunque violenta, dócil frente al mercado, los medios de comunicación, redes sociales y el poder corporativo concentrado, desempeñando un papel crucial en la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. En esta guerra lo que se pretende es manipular la percepción pública para influir en los comportamientos políticos. Estas tácticas crean burbujas informativas y distorsionan el debate, desviando la atención de problemas esenciales y facilitando la justificación de medidas autoritarias. Al influir en la opinión pública y en los resultados electorales con información errónea, se debilita la cohesión social y compromete la integridad democrática.
La tensión entre el poder judicial brasileño y figuras como Elon Musk refleja un conflicto más amplio sobre la soberanía nacional y la libertad de expresión. Mientras De Moraes defiende las acciones del Tribunal Supremo como necesarias para proteger la democracia, Musk y sus aliados lo acusan de censura y abuso de poder. Ahora bien, lo que se suscita aquí es un debate entre el peligro de confundir libertad de expresión con libertad de empresa y de soslayar la soberanía tecnológica y digital de un país, que hoy es igual de importante que el cuidado de las fronteras terrestres de amenazas externas.
Un vínculo con historia
La relación entre Elon Musk y Jair Bolsonaro se remonta a 2019, cuando Musk visitó Brasil y expresó su interés en invertir en tecnología e infraestructura y se consolidó en 2021 con posturas compartidas contra las restricciones por COVID-19, subrayando coincidencias en sus enfoques políticos. Musk, conocido por su influencia en la tecnología y su prominencia en empresas como Tesla, SpaceX y X, ha intensificado su enfrentamiento con el sistema judicial brasileño, a tal punto de amenazar a Lula Da Silva de confiscar el patrimonio estatal. Cínicamente publicó en su red social que esperaba que el mandatario disfrutara de los vuelos comerciales.
Musk, al mostrar simpatía hacia políticas reaccionarias y figuras como el presidente y actual candidato, el magnate Donald Trump, refuerza su alineación con el neoconservadurismo, que busca consolidar un único polo de poder global bajo el liderazgo estadounidense. Su intervención en Brasil puede interpretarse como parte del proyecto neoconservador más amplio, que busca incidir en la arquitectura de una gobernanza policiaca global, de carácter supranacional y autoritaria, utilizando su plataforma digital como un campo de batalla en la producción de poder político.
Esta alineación económica, política y estratégica tiene estrecha relación con la crisis de digitalización y sobreinformación; en la que producción y consumo están entrelazados en un entorno virtual que perpetúa la explotación bajo la apariencia de libre expresión. Musk, como parte de la nueva aristocracia tecnológica y financiera, participa en la creación de una realidad en la que la tecnología se convierte en una herramienta para la acumulación de poder y capital, mientras las promesas de libertad y avance tecnológico ocultan una creciente alienación y explotación para el 99% de la población mundial.
Vemos cómo se enfrentan un Estado Nacional, sus moribundos poderes públicos, y las corporaciones financieras y tecnológicas. En medio del cambio de fase sistémica hacia la era del Metaverso, lo viejo no termina de morir ni lo nuevo de nacer. El tablero mundial y sus jugadores están en movimiento y posición de lucha. Brasil es un bastión fundamental y estratégico para la región y no es casual la arremetida contra el proyecto que encabeza Lula, con sus contradicciones.
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